Mucha inercia ante la creciente violencia de género en Cuba

Por Rachel D. Rojas  (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES – Un grupo de 40 mujeres cubanas, todas con trabajo realizado y sensibilidad respecto a la violencia de género, entregaron una solicitud a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en Cuba el pasado 21 de noviembre, con el objetivo de incluir la realización de una Ley Integral contra la Violencia de Género en el cronograma legislativo del país, que en principio se anunció para el próximo mes abril.

Aunque América Latina es el territorio con más legislaciones aprobadas en favor de la mujer y contra la violencia machista debido a que también la región tiene elevadas tasas de violencia de género, en Cuba aún se discute si resulta necesaria la especificidad y diferenciación de esta ley, en un momento en que otras temáticas, especialmente en materia económica, son consideradas más urgentes.

La solicitud tuvo un notable apoyo en breve tiempo de cientos de usuarios en redes sociales —entre los que destacan reconocidas personalidades del arte y la academia cubanos—, quienes enviaron un correo con su nombre completo a la dirección electrónica ofrecida en la plataforma YoSíTeCreo en Cuba.

Durante las pasadas sesiones del parlamento, el pasado 21 de diciembre, se analizó y aprobó unánimemente el calendario legislativo hasta 2028. En su discurso de cierre el presidente Miguel Díaz-Canel dijo: “debemos prepararnos para legislar, por su alta sensibilidad, sobre algunos temas como la violencia de género, el racismo, el maltrato animal y la diversidad sexual”.

Su pronunciamiento dejó entrever indicios de la voluntad de las máximas autoridades para legislar sobre el tema. No obstante, esos indicios no pasaron el nivel discursivo al menos en lo referente a la elaboración de una ley específica. En el cronograma que se conoció vía un medio independiente en los días siguientes a su aprobación en el parlamento, no apareció la pedida Ley Integral contra la Violencia de Género. Cuando finalmente se hizo pública la versión oficial de la primera parte de dicho calendario, el resultado no fue distinto: esa ley quedó fuera de las 107 normas jurídicas que se crearán o modificarán durante casi una década.

Mientras, las 40 ciudadanas que entregaron la solicitud a la ANPP no habían tenido respuesta formal del órgano legislativo representante de la voluntad popular, que tiene la obligación de tramitar y responder quejas y peticiones del pueblo según lo establece el artículo 61 de la Constitución.

Fue el pasado 10 de enero que se realizó un encuentro, citado por la propia Asamblea, entre cuatro de las firmantes y representantes de la ANPP. Según la relatoría elaborada por las solicitantes, estuvieron presentes las ciudadanas Lidia Magdalena Romero Moreno, Liliana Ariosa Roche, Rita María García Morris y Teresa Díaz Canals, y por la parte institucional participaron Arelys Santana, presidenta de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de la ANPP; José Luis Toledo, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos de la ANPP; y Madalina Marrero, jefa del Área de Atención a la Población de la ANPP.

Durante el encuentro, la parte oficial informó que sostuvo una reunión con representantes de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Unión Nacional de Juristas de Cuba, criminólogos, entre otros profesionales, para “analizar la existencia o no de impunidad en casos de violencia de género, a raíz de la solicitud presentada”. Sobre el tema, dijeron no haber encontrado evidencias en los hechos conocidos desde la institucionalidad, aunque reconocieron la existencia de la estadística negra y la necesidad de perfeccionar los espacios legales existentes.

Informaron además que el pasado 11 de noviembre de 2019 se decidió la reactivación del Grupo Nacional para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar, existente desde 1997. También explicaron que no está determinada aún la vía de enfrentamiento legal a la violencia de género, y aunque la Ley no fue incluida en el cronograma, insistieron en que este instrumento será revisado cada seis meses de manera flexible.

Respecto a este asunto, informaron que “la propuesta hasta el momento es de hacerlo por aproximaciones sucesivas, perfeccionar el andamiaje institucional del Estado y crear los nichos específicos en leyes existentes (Código Penal y Ley de Procedimiento Penal)”, se explica en la relatoría.

Por su parte, las firmantes se refirieron a la necesidad de proteger efectivamente a “la mitad de la población cubana, que tiene a su cargo la otra mitad con su trabajo no remunerado a través de labores domésticas y cuidados”. También preguntaron por los detalles respecto a qué normas se van a transversalizar y cuál sería el cronograma de trabajo propuesto para ese fin.

También “solicitaron ser llamadas, escuchadas y participar en las decisiones sobre cómo legislar sobre violencia machista en Cuba, así como sobre desigualdad basada en género de forma general. Pidieron mantener el diálogo iniciado en la reunión, además de una respuesta por escrito a la Solicitud”.

Las firmantes remarcaron la solicitud de una ley, atendiendo al hecho de que una ley integral permitiría una mayor coherencia normativa, y permitiría el proceso de transversalización que se pretende iniciar sin contradicciones en el tratamiento dentro de otras normas. Una ley, defienden las solicitantes, funcionaría como centro vinculante del resto de las normas y evitaría la fragmentación de políticas y regulaciones gubernamentales sobre el tema. Por demás, expresaría sin miramientos la voluntad política enunciada y una mayor solidez institucional.

Durante la reunión las ciudadanas entregaron un segundo documento con propuestas específicas para contribuir al proceso de transversalización propuesto. El objetivo es aportar a que, aún sin Ley Integral, el proceso sea abarcador y coherente en cuanto a formas y contenidos y se beneficie de la experiencia y formación en el tema de activistas y académicas en Cuba.

El Estado cubano ha suscrito en el pasado instrumentos internacionales (entre ellos, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (1979), la Declaración de Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (1993), la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible) que implican un compromiso como sociedad de llevar a cabo acciones en el plano jurídico, político e institucional para erradicar la violencia contra las mujeres, reconocida por demás como un problema existente también en Cuba por la nueva constitución y las máximas autoridades de la Isla.