Corte de EEUU extradita a criminal a Perú
Por Ángel Páez
HAVANA TIMES, 2 nov. (IPS) — Un tribunal estadounidense confirmó la extradición a su país del oficial retirado del ejército peruano Telmo Hurtado, quien huyó en 2002 a Miami para evadir el juicio por la matanza de 69 campesinos el 14 de agosto de 1985 en la sureña comunidad andina de Accomarca.
Hurtado había presentado un hábeas corpus para evadir la extradición alegando que ya lo habían juzgado en Perú por los delitos que se le imputan y que su vida corría peligro porque participó en la represión a la guerrilla izquierdista.
Tras la el rechazo del recurso en primera instancia, el militar peruano presentó la apelación, que finalmente también fue rechazada por la Corte de Apelaciones para el 11 Circuito, que incluye el sudoriental estado de Florida, donde reside.
El fallo suscrito por los jueces Joel Frederick Dubina, Rosemary Barkett y Lanier Anderson III, fechado el 27 de octubre y a cuya copia tuvo acceso IPS este martes, señala que la solicitud de detención y repatriación de Hurtado cumple con las formalidades contempladas en el tratado de extradición firmado el 25 de julio de 2001 entre Perú y Estados Unidos.
La confirmación de la extradición de Hurtado se conoce dos días antes de que la Sala Penal Nacional de Perú dé inicio al juicio contra 29 ex militares por una de las mayores masacres consumadas por las fuerzas de seguridad en el marco de la represión a la insurgencia de 1980 a 2000).
Hurtado fue detenido en abril de 2007 en Miami por efectivos de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), debido a que cuando ingresó a territorio estadounidense ocultó que tenía un juicio pendiente por violaciones a los derechos humanos.
El destino del llamado por la prensa “Carnicero de los Andes” comenzó a cambiar cuando en marzo de 2008 un juez federal de Miami le ordenó a Hurtado pagarle una reparación civil de 37 millones de dólares a dos sobrevivientes del ataque militar a Accomarca y recomendó su extradición para que sea enjuiciado penalmente en Lima.
“Quiero tenerlo al frente y decirle que diga toda la verdad”, declaró a IPS Emiliano Quispe, presidente de la Asociación de Familiares Afectados por la Violencia Política en Accomarca.
“Él dice que cometió los asesinatos por su propia iniciativa. Eso es mentira. En esa época nadie actuaba por su cuenta. Todos actuaban bajo órdenes de sus superiores. Hurtado está protegiendo a sus jefes”, añadió Quispe, cuya madre, María Baldeón, y otros 30 familiares murieron a manos de la patrulla militar que este oficial dirigió.
“Llegó la hora de la justicia. Doy gracias a la corte estadounidense por entregarnos a Telmo Hurtado para que reciba el castigo que se merece”, indicó Quispe.
La abogada de los familiares de los asesinados en Accomarca, Karim Ninaquispe, manifestó que después del fallo de la Corte de Apelaciones sólo quedaba la ejecución de la extradición por parte de la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton.
“Tengo entendido que no le queda otro recurso legal y que debería procederse a la inmediata entrega de Hurtado a las autoridades peruanas para su enjuiciamiento”, expresó Ninaquispe.
“La fiscalía ha pedido 25 años de cárcel efectiva para Hurtado y la otra veintena de acusados”, precisó.
Según el texto del fallo de la Corte estadounidense, el acusado argumentó que la persecución en su contra es injusta porque el Estado peruano ya lo juzgó por la matanza de Accomarca.
En efecto, el 28 de febrero de 1992, el Consejo Supremo de Justicia Militar absolvió del delito de homicidio calificado a Hurtado, pero lo condenó a seis años de cárcel por abuso de autoridad.
En 1995, Hurtado se acogió a la ley de Amnistía que impulsó el entonces presidente Alberto Fujimori (1990-2000), lo cual permitió la excarcelación de los detenidos y canceló los procesos por violaciones a los derechos humanos.
Pero en noviembre de 2000, cuando se reanudaron los juicios contra los represores, Hurtado huyó a Miami, donde habitan familiares suyos.
“El fallo es relevante, porque una de las pocas razones por las que la Corte podría haber desestimado la extradición de Hurtado es si entendía que realmente podría correr algún riesgo personal en Perú, pero no ha sido así”, dijo a IPS Jo-Marie Burt, profesora de ciencia política en la George Mason University e investigadora sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad en Perú.
“Ahora Hurtado tiene 30 días para apelar, pero probablemente no lo haga, según mis fuentes. Luego de ese plazo, el Departamento de Justicia solicitaría una certificación de extradición a la secretaria Clinton. Si lo hace, todo queda listo para que Hurtado sea puesto en un avión que lo lleve a Lima para ser enjuiciado”, señaló Burt.
Hurtado arguyó que el Tratado de Extradición entre Perú y Estados Unidos no aplicaba en su caso porque no estaba descripta específicamente su situación como extraditable.
Sin embargo, la corte señaló que “no se necesita mirar más allá de lo que dicen las palabras del texto (del tratado de extradición) como sugiere Hurtado, porque su lenguaje no es ambiguo.
De los 29 militares enjuiciados, todavía quedan 10 en condición de prófugos.
“Estaremos presentes en todas las audiencias para que se aplique la ley con rigor”, dijo Emiliano Quispe. “Desde la masacre que cometió el ‘Carnicero de los Andes’, nuestro pueblo no ha dejado de sufrir. Ya se cumplieron 25 años y recién va a empezar el juicio”, puntualizó.
Quispe perdió a 30 familiares.
“Gran parte del pueblo de Accomarca se ha tenido que desplazar a Lima porque no soporta vivir en un lugar donde mataron a nuestros padres, hermanos, tíos, primos, a ancianos, mujeres y niños desarmados”, dijo el presidente de la Asociación de Familiares de las Víctimas de la Violencia en Accomarca.
“Le llegó la hora a Hurtado. Ahora es el turno de la justicia. Y el día que lo condenen, habrá paz en nuestros corazones”, agregó.