Hay quienes sacan millones de la basura en Cuba

Por Pilar Montes

HAVANA TIMES — La estructura contable de los Servicios Comunales en Cuba definitivamente presenta grietas de las que se aprovechan los que ocupan cargos de dirección.

Por segunda vez, se descubrió, por los mecanismos de control, un desfalco que de 2012 a principios de 2014, sumó 9.408.263 pesos en moneda nacional (más de $470,000 USD), sustraídos por la Unidad Presupuestada de Servicios Comunales de Boyeros, la Dirección municipal de Finanzas y Precios y el Centro de Gestión Contable del mismo municipio.

A veces pienso, que de no haberse creado la Contraloría General de la República, los cubanos nunca hubiéramos sabido del saco sin fondo de la corrupción que nos quita lo poco que tenemos.

“Una auditoría del Consejo de la Administración Provincial de La Habana, supervisada por la Contraloría General de la República, analizó las extracciones de efectivo para los pagos de salarios, vacaciones y subsidios, unido a los cheques que respaldaban esas operaciones en la etapa señalada”, reportó el diario Granma del 16 de octubre.

Los trabajadores de esa instancia resultaron perjudicados por la extracción ilícita de ese dinero, porque en la mencionada etapa no recibieron los utensilios necesarios para su labor. De más está decir que la población del territorio también sufrió la falta de higienización del municipio capital de Boyeros.

Seis acusados de delitos de malversación, falsificación de documentos bancarios y de comercio, así como del incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas, fueron condenados a sanciones de uno a 10 años de privación de libertad, además de la responsabilidad civil.

En el artículo “Sobregiros de Impunidad” se señala que la porción más jugosa correspondió a la subdirectora económica, acusada en ausencia, por haber abandonado el país antes de concretarse las acciones operativas de las autoridades.

Pero no menos culpa tuvo la directora municipal de Finanzas y Precios, quien asignó indebidamente cuatro millones de CUP por encima del presupuesto asignado.

Además de la inquietud que expresa el autor del artículo, quien destaca que la actividad ilegal estuvo ocurriendo por casi dos años, también incluyo la mía, porque el juicio tuvo lugar en enero de 2015 y el artículo se publica 10 meses después de haberse dictado sentencia contra los culpables.

Por otra parte, la ocurrencia de este hecho no es aislado. Es preciso recordar otro suceso similar en el municipio de La Habana Vieja que pudo haber iniciado antes de 2012.

En aquella oportunidad, la Administración de la capital y la Contraloría General de la República dictaron un plan de medidas para evitar hechos similares. El descubrimiento casi fortuito del suceso de Boyeros así lo confirmó.

Frente al crimen económico y al descontrol, hay una Contraloría, a la que yo propongo el Estado y todas las personas honestas den todo el apoyo.

Además de los controles y regulaciones, está esa arma invencible, la de la prensa, para denunciar, sin tanta dilación y con los hechos narrados como fueron, todos los actos de corrupción y las acciones tomadas contra los culpables.

Porque las culpas, al igual que las sanciones, tienen nombres y apellidos.