Los emigrados cubanos: La solución al revés

Por Jesús Arboleya  (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES –  Aún se encuentran varados en Costa Rica alrededor de 4 mil emigrados ilegales cubanos en su paso hacia Estados Unidos y otros mil permanecen en Panamá por las mismas razones. En el intento de solución a este problema se han  involucrado doce gobiernos: los ocho países  centroamericanos, más Colombia, México, Ecuador y Cuba.

El único que no  se ha incluido en la búsqueda de una solución es Estados Unidos, precisamente la fuente del problema y el único que cuenta con posibilidades reales de resolverlo.

Como resultado, si miramos la ruta de estos migrantes ilegales cubanos, los cuales salen legalmente de Cuba y arriban de esta misma manera al primer país de destino, podemos concluir que hasta ahora las acciones para solucionar el conflicto han venido al revés.

Cuba se ha preocupado por su atención y ha hecho gestiones diplomáticas con los países involucrados para encontrar una salida al problema, adoptando la posición de recibirlos si al final no son aceptados por estos y no pueden continuar viaje hacia Estados Unidos.

Por su parte, Ecuador, a solicitud de la mayoría de las naciones afectadas, ha tomado decisiones que se contradicen con su propia política migratoria restableciendo el requisito de visa para los cubanos que deseen viajar a ese país, cargando con costos y problemas que no deseaba ni se buscó.

El resultado es que los primeros afectados con este conflicto han sido los ciudadanos cubanos que desean viajar al Ecuador y son bienvenidos en este país, sin que ello implique que todos lo hagan con la intención de aprovechar estas facilidades para llegar a Estados Unidos.

Costa Rica y Panamá se han visto impelidos de crear condiciones para atenderlos, mientras aparece una solución para su traslado, y el resto de los países de la región ha manifestado la disposición a cooperar, aunque también toman medidas para que el problema no se extienda a sus territorios y se convierta en un conflicto con Estados Unidos, que presiona para evitar el libre tránsito de estas personas por los mismos.

En verdad, Estados Unidos no tiene moral alguna para que terceros intenten frenar un flujo migratorio que ellos promueven y aceptan, pero evidentemente no es la moral, sino el poder, lo que determina esta conducta.

La política de Estados Unidos respecto a la emigración ilegal procedente de Cuba, se traduce en el contrasentido de propiciarla y recibirlos indiscriminadamente en su territorio si llegan a pisar suelo norteamericano, mientras que, a la vez, dificulta su acceso a ese país, obligando a utilizar canales ilegales costosos y peligrosos para quienes hacen la ruta.

En la última ronda de conversaciones migratorias entre Cuba y Estados Unidos, celebrada el pasado 30 de noviembre, el gobierno cubano insistió en la necesidad de que el gobierno norteamericano descontinúe esta práctica, describiéndola como violatoria de la “letra y el espíritu” de los acuerdos firmados entre los dos países.

También, en un comunicado oficial, califica estas políticas como “incoherentes con el contexto bilateral actual”, señalando además que “entorpecen la normalización de las relaciones migratorias entre Cuba y los Estados Unidos y generan problemas a otros países de la región”. Sin embargo, “la delegación estadounidense transmitió que su gobierno no tiene la intención de hacer cambios en la política migratoria que se aplica a los ciudadanos cubanos”.

Aunque el gobierno norteamericano nunca ha explicado las causas que lo inducen a mantener esta política, el argumento utilizado por algunos analistas es que teme que, al eliminar algunas de las ventajas excepcionales de que gozan los inmigrantes ilegales cubanos, se pueda producir una emigración masiva por vía marítima, como la ocurrida en otras ocasiones.

Pero este análisis no se sostiene en la lógica de la situación actual. Precisamente, los acuerdos migratorios de 1994 crearon las condiciones para evitar que esto ocurra y ambos gobiernos han establecido los mecanismos para impedirlo.

Más bien, desde mi punto de vista, refleja el interés de Estados Unidos de no aparecer haciendo “concesiones” a la parte cubana e imponer sus propias condiciones en el proceso de negociaciones, manteniendo vivas aquellas medidas que impliquen presiones desestabilizadoras para Cuba, donde no solo está incluido el mantenimiento de la política migratoria.

Una de las acciones más inconsistentes de esta política con el proceso actual, es precisamente la continuación del “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos”, destinado a promover la deserción de estas personas, mientras brindan sus servicios en otros países.

En realidad resulta indefendible para Washington mantener este programa, mientras funcionarios norteamericanos e internacionales han alabado el papel de Cuba en la lucha contra pandemias, como el Ébola, y su papel en la promoción de la salud pública en el mundo. Incluso se habla de alcanzar acuerdos de cooperación bilateral en esta área para ciertos empeños internacionales. Hasta el influyente periódico The New York Times ha criticado este programa, considerándolo obsoleto y contraproducente para la propia política norteamericana hacia La Habana.

Tales servicios médicos, además, se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso para Cuba. El “Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos” drena esta capacidad –más de 5 000 médicos han abandonado sus misiones amparados en este programa–, obligando a su reemplazo, lo que unido a la libre emigración de los médicos, el retiro y su traslado a otras actividades, incorpora una presión adicional para el mantenimiento del sistema de salud interno.

Frente a esta disyuntiva, el gobierno cubano ha decidido restablecer el permiso de salida para algunos especialistas de la medicina que trabajan en el país. Aunque se insiste en que “esto no significa que los médicos especialistas no puedan viajar o residir en el exterior”, sino que busca organizar este proceso, la medida, en la práctica, constituye un retroceso de la actualización de la política migratoria aprobada en 2013.

Nadie puede dudar que el gobierno cubano se halla en una encrucijada donde no existen soluciones óptimas, dado que, en última instancia, constituye un reflejo de la asimetría económica existente entre ambos países, a lo que se agrega un interés político retorcido, pues la mayoría de los médicos que emigran no logran ejercer sus carreras cuando arriban al territorio de EE.UU. Ni siquiera puede hablarse de robo de cerebros, sino del desperdicio de un capital humano tan necesario para la humanidad.

No obstante, en mi opinión, lo más importante a la hora de analizar esta medida, por muy lógica que parezca en primera instancia, es determinar si en realidad es una solución al problema de la emigración de los médicos especialistas y si su aplicación no genera otros problemas, cuya naturaleza política puede conducir a consecuencias aun más indeseadas.

Está demostrado que las restricciones burocráticas no frenan los flujos migratorios. A la larga, el que se quiera ir lo hará. Las restricciones solo sirven para que lo realice en los peores términos. Máxime cuando su aplicación queda a la decisión de multitud de funcionarios, que actuarán a partir de sus propios criterios, adulterando en ocasiones el propósito de la política aprobada. Al parecer, resulta imposible centralizar este tipo de decisiones e incluso si se intentara, nadie puede asegurar su justicia y coherencia, debido a la infinidad de variables que intervienen en las mismas.

Por otro lado, en la práctica, se está discriminando de la política general al sector social y económicamente más importante de la realidad cubana actual, lo que de por sí genera malestares, incluso si se logra minimizar los defectos en la aplicación de las normas aprobadas.

Sería pretensioso de mi parte, dado que no tengo los conocimientos, la información y mucho menos la autoridad para ello, indicar cuáles deben ser las medidas a tomar para resolver esta situación, pero creo que todos los cubanos estamos en la obligación y el derecho de contribuir al debate de un problema tan complejo, por lo que me animo a manifestar mi opinión en cuanto a los criterios que deben regirlas.

En primer lugar, por su sentido estratégico, no creo que sea conveniente para Cuba hacer nada que constituya un paso atrás en la política migratoria. Al contrario, por propia necesidad nacional y como mejor manera de neutralizar los efectos desestabilizadores de la política norteamericana, soy de la opinión que debiera ampliarse aún más, con el objetivo de lograr la mayor integración posible de los emigrados a la vida nacional, evitar rompimientos con su país y lograr que aporten al desarrollo de la nación, incluso estando fuera de su patria.

En realidad, el compromiso de Cuba con la política migratoria aprobada, se ha visto concretado en muchas acciones, incluyendo el tratamiento dado a los emigrantes que se encuentran actualmente en Centroamérica.  Sin embargo, esta medida con los médicos, aunque éste no sea el propósito y así se afirme oficialmente, envía un mensaje contradictorio al resto de la sociedad cubana respecto a la estabilidad de la política migratoria, con consecuencias políticas y económicas muy diversas.

En segundo lugar, en el caso específico del personal de la salud, creo que el único paliativo a la emigración de estos especialistas, así como a otros problemas que afectan la estabilidad y el funcionamiento de los servicios médicos, sería una política dirigida  a convertirlos en el sector más privilegiado de la sociedad cubana.

En este sentido también ha estado dirigida hasta ahora la política cubana, que duplicó los salarios en el sector, pero todo indica que no resulta suficiente, debido a los desniveles económicos existentes en el país.

Quizá haya que establecer de manera más enérgica la decisión de que nadie en Cuba debe vivir y trabajar mejor que los trabajadores de la salud, aunque ello implique erogaciones que afecten a otros sectores de la población, sobre todo aquellos que reciben mayores ingresos.

Aún así, me parece que sería una política muy popular, porque se lo merecen y porque conllevaría beneficios concretos para todo el pueblo cubano, incluso para muchos emigrados que actualmente tienen acceso a estos servicios o que en el futuro también pudieran beneficiarse de los mismos, los cuales también podrían participar de las acciones encaminadas a protegerlos y mejorarlos.

En cualquier caso, estamos en un momento donde se evidencian las contradicciones presentes en el llamado proceso de “normalización” de relaciones entre Cuba y Estados, donde lo acontecido solo constituye un primer tropiezo en el mismo. Por desgracia, sería una quimera suponer que será el último.