Por Repatriado
HAVANA TIMES – Nadie, ni los que aun apoyan al gobierno cubano, ni los que se le oponen, duda de la ausencia de libertad de expresión, o para decirlo mejor, duda que la libertad de expresión esté constreñida exclusivamente al espacio que el gobierno permite, espacio que varía según el momento histórico y la necesidad de control estatal, pero siempre demarca que se puede o no expresar en Cuba.
Este control se ejerce mediante el absoluto monopolio estatal de los medios informativos, tanto los tradicionales, TV, prensa, Radio, como los basados en Internet, cuya implementación en la isla el estado ha frenado tanto como ha podido, y se mantiene filtrando aquellos contenidos que no desea el pueblo maneje.
Por esto es tan llamativo el actual debate sobre la obligatoriedad del trabajo que sucede en el marco de la discusión del Proyecto de Constitución que el Partido Comunista ha redactado y que actualmente se “debate” bajo su supervisión.
Desde el control mediático, el gobierno fácilmente controla y dirige tal debate, invisibiliza aquellos planteamientos que no le conviene, mientras potencia y resalta los que sí, en este último caso está esto de que los cubanos tengan obligación legal de trabajar.
El argumento se sostiene por el cuestionamiento que se le hace al uso que personas sin vínculo laboral hacen de servicios “gratuitos”, personas que se niegan a trabajar por diferentes razones como:
Es parte del discurso oficial señalar a este sector “ocioso” como una de las razones por las que el país no avanza, invirtiendo así causas y efectos. Dícese que esta lacra, así los llaman, es una de las razones de la ineficiencia del sistema cubano, cuando la historia muestra que la ineficiencia del sistema cubano, y de cualquier otro sistema que ahogue la libertad de expresión y estrangule el flujo de información veraz, es la que provoca que una gran cantidad de ciudadanos elija vivir al margen de la economía formal.
La repetición Goebbeliana de un discurso falso culpabilizando a las víctimas del sistema de los fracasos del propio sistema cala, pues no hay manera de contrarrestarlo públicamente o debatir tales falacias. Las personas que lo han asumido son las que ahora piden tenga rango constitucional la obligatoriedad de trabajar de todo aquel que pueda hacerlo. Jamás sabremos si son muchos o pocos los que lo piden, solo sabemos que el reflejo mediático es abundante.
La idea de obligar a las personas a que trabajen es tan absurda que no fructificará (espero), pero su existencia misma y el aval que el gobierno le concede es reflejo de cuan desesperada es la situación económica de la isla, cuan totalitaria es la mentalidad de los que nos gobiernan y cuan efectivo es el control monopólico mediático que ejerce el gobierno a todos los niveles sobre una isla que cada día flota menos.
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