Ley de prensa para Cuba

Fernando Ravsberg*

HAVANA TIMES — Hace ya unos años los periodistas extranjeros nos enteramos, por una filtración, de la existencia de un reglamento que normaba nuestra actividad. Lo habían mantenido en secreto, lo cual hacía muy difícil que pudiéramos cumplir unas reglas que desconocíamos.

En este ejemplo se puede visualizar el principal drama de la prensa en Cuba, nadie conoce las reglas del juego ni el trazado del terreno. Los periodistas jugamos a ciegas, sin saber cuándo o por qué nos van a sacar la tarjeta roja y expulsarnos de la cancha.

Recordé el asunto cuando me enteré de que se prepara una ley, decreto ley o normativa para regular el trabajo de la prensa en la Isla. Sin embargo, no he logrado encontrar ningún colega cubano que esté participando directamente en algún debate.

Al parecer existe un grupo de expertos trabajando y ya habrían avanzado bastante en el contenido de la legislación. Los colegas especulan con que se abrirá después un espacio para recoger la opinión de los periodistas, pero con carácter meramente consultivo.

Definiendo el terreno en Cuba

La Constitución dice que “Se reconoce a los ciudadanos libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. No obstante, juzgar en cada caso cuáles son los fines de la “sociedad socialista” es potestad absoluta de un reducidísimo grupo de burócratas del Partido.

Es un mecanismo tan complejo que yo, por ejemplo, opté por hacer lo mejor posible mi trabajo, sin preocuparme de las “sentencias” del Tribunal de la Santa Inquisición. Al final creo que ha valido la pena aunque implique un feroz bloqueo a mis opciones laborales.

Así que, cuando me dijeron que Cuba contaría con una legislación para la actividad de la prensa, me alegré. Por fin serán públicas las reglas del juego, los periodistas conoceremos nuestros deberes y los burócratas estarán obligados a respetar nuestros derechos.

Una ley de prensa mínimamente debe definir claramente la relación entre los periodistas, los medios, la sociedad y los poderes del Estado. Los derechos y deberes de cada uno de estos actores para garantizar la libertad de prensa que reconoce la constitución.

¿En silencio ha tenido que ser?

El sigilo despierta la sospecha de algunos colegas cubanos. No son pocos los que temen que pretendan utilizar esta ley para extender el control del Departamento Ideológico al ciberespacio, a las redes, a los blogs y a los medios “alternativos”.

Ya el jefe de ese departamento se refirió al tema, pidió que se establecieran normas para impedir que los comunicadores cubanos puedan escribir en esos nuevos espacios textos diferentes de los que se les autoriza publicar en los medios oficiales.

Esta actividad “alternativa” realizada por los mismos colegas cubanos demuestra que el fallo está en la dirección de la prensa oficial y no en la calidad profesional de los periodistas. Internet ha permitido identificar con toda claridad donde está el problema.

La solución inteligente a esta contradicción no es censurar los espacios de comunicación digitales, sino transformar la prensa nacional para que los periodistas puedan publicar en ella los mismos reportajes que aparecen en la llamada prensa “alternativa”.

¿Con todos y para el bien de todos?

La libertad de prensa es uno de los derechos humanos fundamentales, tanto, que la constitución cubana prohíbe la propiedad privada sobre los medios de comunicación, por lo que solo podrán pertenecer al Estado o a la sociedad (¿públicos, cooperativas?).

Siendo un tema tan importante, el proceso de conformación de la ley tal vez debería partir de acopiar las opiniones de todos los colegas de la Isla a través del debate dentro de los medios, recogiendo sus aspiraciones y necesidades.

Sería saludable que ese intercambio de opiniones se desarrolle sin la presencia de miembros del aparato de censura, para evitar represalias posteriores. También, porque ya va siendo hora de que el gremio demuestre su mayoría de edad reuniéndose sin “tutelaje”.

Además, los ciudadanos deberían poder opinar. Se trata de un servicio público, por lo que todos deben expresar qué medios quieren y establecer controles sociales e institucionales que les permitan defender sus derechos ante una mala praxis periodística o política.

Si se utilizan mecanismos de participación amplios, en los que se recojan los intereses de la ciudadanía, de los periodistas y del Gobierno, se podría crear una ley que responda a la Cuba actual, a las necesidades de su gente y a los retos que enfrentará en el futuro.
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