Alquiler de coches en Cuba, para no recordarlo

Por Fernando Ravsberg  

Fotos: Raquel Pérez Díaz

HAVANA TIMES – La dificultad de traer turismo desde mercados lejanos es que una gran parte del “paquete” pagado por el viajero se lo queda la aerolínea. El problema se agrava si el país no cuenta con compañías aéreas capaces de absorber la mayor parte del tráfico.

El mercado natural y más rentable para Cuba es EE.UU., pero está vetado por un bloqueo que impide a sus ciudadanos hacer turismo en la Isla. Las pequeñas brechas laboriosamente abiertas por Obama, están siendo taponeadas de forma sistemática por Trump.

Gran parte de la rentabilidad dejada a Cuba por el turista extranjero radica en los gastos que realiza dentro de la Isla, restaurantes, compras de regalos, excursiones, centros recreativos, bebidas y el transporte, este último es uno de los negocios más rentables.

Las agencias compran un automóvil en US $8000, lo rentan durante dos años ganando unos US $50 mil y luego lo venden en el mercado nacional a US $40 mil. La contratación de 1000 carros deja cada 24 meses más US $80 millones. Y sospecho que en el país hay mucho más de mil.

Aquí hay pocos negocios tan lucrativos como el de alquiler de vehículos, tan es así que algunos cubanos con recursos compran los automóviles usados, KiaPicanto o HundayAtos, en US$40 mil y los ponen a trabajar clandestinamente en la renta a turistas.

Sin embargo, alquilar por medio de las empresas del Estado resulta un verdadero dolor de cabeza, decenas de directrices diferentes hechas para complicarle la vida al cliente, descoordinación, robos de gasolina, autos en pésimo estado técnico y mal servicio ante roturas.

Hace pocos días viví en carne propia algunos de esos “inconvenientes”.

Para empezar, nos dijeron que no se podía rentar en Cuba, que era obligatorio realizarlo desde el extranjero. Después nos enteramos que no era cierto y vimos a cubanos hacerlo delante de nosotros.

Cuando arrendamos uno de los autos desde el extranjero no nos permitieron hacerlo por un mes, obligándonos a hacer dos contratos de 15 días cada uno, en agencias de la misma empresa, pero ubicadas en dos lugares diferentes de la ciudad de La Habana.

En la primera agencia estuvimos esperando 4 horas por nuestro vehículo, pero debíamos sentirmos felices porque otros llevaban más de 10 horas de espera, a pesar de que lo habían reservado y pagado desde el extranjero, con varias semanas de antelación.

Ante nuestras protestas los empleados culparon a las agencias de turismo extranjeras que, según ellos, alquilaban más vehículos de los que dispone el país. Me comuniqué con la agencia española y, milagrosamente, apareció nuestro vehículo de inmediato.

El estado de los autos era lamentable, uno de ellos dejó de funcionar y ni siquiera el servicio técnico lo pudo reparar. El jefe de la agencia nos informó que el turista debe estar junto al auto hasta que llegue la grúa, “porque así está establecido”. Cinco horas después seguía sin aparecer.

En esos días alquilamos 4 automóviles diferentes en 2 agencias distintas e invariablemente le faltaba a cada uno 5 litros de gasolina. Cuando nos quejamos trajeron un policía, quien nos dijo que la empresa de alquiler era “una institución del Estado y sus empleados funcionarios”.

Al agente le pareció que mis acompañantes armaban demasiado jaleo por 5 litros de gasolina, pero cambió de opinión cuando hicimos números: conviniendo 100 automóviles diarios desaparecen unos US$700 en combustible, US $21 mil al mes o un ¡cuarto de millón de dólares al año!

Tal parece que algunos de los empleados de esas agencias reciben ingresos muy superiores a la media cubana, más que suficientes para vivir. Siendo así, ¿no se podría esperar que por lo menos hicieran un trabajo eficiente que dejar satisfecho al turista?

En este caso no se trata del bloqueo de los EE.UU. ni el de la burocracia interna, sino del que  hacemos nosotros mismos, matando la gallina de los huevos de oro, haciendo un pésimo trabajo, generando malestar y empujando al turista a no regresar a Cuba.

¿Quién pierde?, pues el Estado que recauda menos dinero; la nación al reducirse los recursos para salud, educación y cultura, e incluso, los empleados de la agencia de renta, a los que se les hará cada vez más difícil “luchar” sus ingresos extras.