La reforma migratoria y el buen corazón de Ricardo Alarcón

Haroldo Dilla Alfonso*

HAVANA TIMES, 17 abr — Cada vez que escucho a Ricardo Alarcón hablar de los cambios en Cuba recuerdo un poema de Guillén que le leía a mi hija en un libro bellamente ilustrado por Rapi Diego. De tanto leerlo aún recuerdo versos completos.

Trataba de las aventuras de dos hermanos, Sapito y Sapón, que eran, decía Guillén, “dos muchachitos de buen corazón.” Pues al final de todo, Alarcón es también, a su manera, un muchachito de buen corazón.

Su vida política debe haber sido dura, compartiendo la mesa con tantos generales y burócratas que no tienen la menor idea de quién es Hans Kelsen, su ídolo intelectual, a quien cita obstinadamente, cuando viene al caso y cuando no. Alarcón sabe quién es porque no tuvo que ir a la Escuela Ñico López para conseguir un título.

Quizás por eso, por demasiado intelectual, nunca ha podido ascender más allá de un plano figurativo. Y cuando intentó posar como un político moderno en su debate con Mas Canosa, no solo fue destrozado por este, sino también castigado en el patio, donde tuvo que asumir la ingrata tarea de dar dos conferencias diarias contra la Ley Helms Burton. Diciendo siempre lo mismo y a un público invariablemente nada interesado.

Y finalmente quedarse ahí, en la incolora Asamblea Nacional, donde puede coger cámara dos veces al año y contemplar añorante su Cancillería perdida.

Y ahora, este chico de buen corazón aparece hablando de “una reforma migratoria radical y profunda.” Lo que dice después no es nada nuevo: la emigración cubana ha sido utilizada como un arma de desestabilización contra el Gobierno cubano, pero esa emigración ha cambiado y ahora es económica y aspira a una relación “pacífica” con el país.

Luego, que habrá cambios pero sin poner en peligro el capital humano que “cuesta muy caro al estado cubano.” Y algunas otras afirmaciones que solo agregan distorsiones a un asunto muy complejo cuyo abordaje positivo debe comenzar por un análisis menos tendencioso que el que hace Ricardo Alarcón.

Que es lo mismo que ha dicho antes el General/Presidente Raúl Castro. Y exactamente igual a lo que repiten los voceros intelectuales del Gobierno cuando se dan sus duchas de liberalismo en las universidades de Estados Unidos y Europa.

No me detengo a analizar ahora los componentes de este discurso basado en supuestos falsos. Solo quiero hacer una apuesta. No habrá cambios radicales que impliquen una devolución a la sociedad de sus derechos al libre tránsito, a los cubanos de su prerrogativa para decidir libremente dónde van a vivir y cuándo quieren regresar. Porque con menos que esto no tenemos un cambio radical de nada.

No creo que el Gobierno cubano vaya a actuar en esta dirección —repito, la única aceptable— porque lo que el Gobierno cubano busca es una mejor imagen internacional, y una relación más sostenida con la faceta económica de la emigración y buscando en ella nuevos apoyos.

El Gobierno cubano no ve en su emigración a ciudadanos, sino a remesadores y pagadores de servicios consulares. En su top ve inversionistas con mucho dinero, perfectos socios para su propia conversión burguesa. Y eventualmente trata de mejorar posiciones para alentar un lobby anti-embargo en la mismísima Miami.

Pero no está buscando la creación de una situación de derechos y libertades que permita a cada cubano decidir libremente su vida.

Lo que esta buscando puede conseguirlo haciendo pequeños cambios en un sistema migratorio abusivo, discriminatorio y antinacional. Puede, por ejemplo, bajar los precios de los servicios, alargar los tiempos de estadía de los que salen y los que entran, eliminar algunos requisitos como las cartas de invitación, entre otras acciones que serían positivas, pero no suficientes.

Porque lo único suficiente, lo único que podemos aceptar con beneplácito es la plena restitución de los derechos de los cubanos a entrar y salir del territorio nacional.

Creo que hay cinco puntos que son imprescindibles:

1. Debe eliminar todas las restricciones al libre movimiento de los ciudadanos cubanos residentes, derogar el decreto ley 217 y eliminar las extensas zonas congeladas que dificultan el acceso de los ciudadanos al territorio urbano.

2. Debe reconocer y garantizar el derecho de los cubanos residentes en la Isla a viajar al extranjero sin más pago al Gobierno cubano que el impuesto sobre la confección de pasaporte.

3. Debe establecer normas claras y regulares acerca de los años de servicios que un graduado universitario debe ofrecer a la sociedad para poder radicarse en el extranjero, o la cantidad de dinero que debe pagar para devolver a la sociedad los gastos incurridos en su educación. En todos los casos esta limitación no se apoyará en una prohibición para viajar al extranjero —lo cual sería ilegal— sino en la condicionalidad para la expedición del título.

4. Debe restituir a todos los cubanos emigrados los plenos derechos ciudadanos que implican de manera preferente el derecho a visitar el país de nacimiento, residir y trabajar en él, participar en las actividades públicas y consumir mercancías y servicios, en el marco de la legalidad existente. Esto implicaría inevitablemente la no objeción a otra ciudadanía, que, no obstante, no tendrá validez dentro del territorio nacional.

5. Debe reconocer el derecho de las personas nacidas en Cuba a renunciar a la ciudadanía cubana, y por consiguiente que las personas nacidas en Cuba que no deseen portar esa ciudadanía podrán usar otra para entrar al territorio nacional.

Por supuesto que quiero equivocarme, pero estoy seguro de que el Gobierno cubano no puede responder a una agenda de esta dimensión. Sencillamente porque el actual sistema migratorio es una pieza clave de control represivo sobre la sociedad.

Todos los cubanos, de adentro y de afuera, son compelidos a portarse bien si quieren salir y entrar según los casos. Es decir, a no cuestionar el opresivo sistema político si quieren volver a ver a los padres, o a los hijos; o salir por unos meses a buscar algún dinero para sobrevivir otros tantos o sencillamente a saborear un mundo diferente.

Incluso el Gobierno puede renunciar a los altos ingresos que obtiene por los carísimos servicios consulares migratorios, pero no puede renunciar a este condicionante de la disciplina política de la población.

Si se produjera una reforma parcial, lo que nos quedaría es menos, pero de lo mismo. Es decir, la permanencia de un sistema de atribuciones delegadas (y en consecuencia revocables) por una élite autoritaria y la obstrucción de un verdadero sistema de derechos inalienables.

Un buen tema para los partidarios de ese cambio ordenado que enfatiza tanto en el orden que no deja ver el cambio. Y para los voceros intelectuales y sus duchazos liberales. Pero no para los demócratas cubanos, no importa ahora el signo político.

Y por supuesto, reitero que quisiera equivocarme. Y escribir un artículo dentro de unos meses diciéndole a ustedes, estimados lectores, que he sido malicioso y suspicaz. Por no haber podido sacar a tiempo ese muchachito de buen corazón que al final todos portamos, agazapado en algún lugar imprevisible de nuestras existencias.
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(*) A Havana Times translation of the original published in Cubaencuentro.com.