La nueva Constitución cubana: retos y derechos

Por Leduan Ramírez Pérez

Photos: Juan Suárez

HAVANA TIMES – Los cambios políticos y económicos actuales en Cuba hacen suponer que el sistema ha entrado en un proceso de evolución. Algunos académicos alegan sobre la espontaneidad, la no discusión y la no inclusión que siempre han acompañado los procesos de reformas en Cuba.

Señalan que esos cambios consolidan la estructura de gobierno que Cuba mantiene desde 1975. Esos académicos describen ejemplos que sustentan cómo las leyes son interpretadas e implementadas en Cuba. Pensemos solamente en aquella brecha constitucional[1] que dio lugar al Proyecto Varela en 1997 y cuyo impacto sociopolítico no tuvo mayores repercusiones precisamente por la acción apurada de las autoridades cubanas de modificar los artículos en cuestión.

Las reformas constitucionales en Cuba se realizan precisamente en momentos de extrema necesidad. En el caso actual Cuba enfrenta una serie crisis económica, la pérdida de sus aliados internacionales, fuertes cambios sociales al interior y exterior del país, nuevos agentes con capacidad de influencia, así como la conducción del país por una nueva generación.

En tal sentido, la nueva constitución cubana parte de una coyuntura con profundos retos y con ausencia de derechos. En el sistema democrático mundial, las leyes se plantean como iniciativas ciudadanas y se debaten ampliamente entre los sectores representativos de los electores a través del Poder Legislativo. En Cuba, nación no acostumbrada a los imprevistos, la nueva Constitución no será precisamente una Ley de Todos en la medida que Todos no están reconocidos en ella. Ese problema se encuentra en la incapacidad de reconocer, establecer e implementar los derechos de los cubanos en los múltiples contextos actuales (sean ciudadanos o no). El problema fundamental que a mi juicio debe resolver ese documento es precisamente el de la inclusión.

Las Constituciones son documentos que intentan abstraer con objetividad aquellos Deberes y Derechos en el territorio que administran los gobiernos. Así, como documentos abstractos están ancladas en el reconocimiento de las fronteras, los contextos y los componentes que identifican a un determinado Estado. Si bien es cierto que la Constitución cubana reconoce y es muy avanzada en derechos sociales, no lo es tanto en el reconocimiento y respeto a los derechos ciudadanos y humanos como se esperaría. El trasfondo constitucional cubano limita la representatividad alegando un acuerdo nacional donde una sola entidad posee el voto y la disposición plena del derecho a decidir. En términos de derechos se coarta precisamente la libertad de la representatividad.

En términos políticos la reforma constitucional tendrá que adecuar los mecanismos de acceso al poder cubano. Este punto no es menor, puesto que de él emana todo la crítica al sistema de gobierno con características de régimen autoritario. Los cambios no son menores. De él derivan cuestiones que todavía no quedan resueltas, tales como el traspaso de poder, la definición de los mecanismos para el acceso a ese poder y la continuidad de un sistema político que ha mostrado obsolescencia. Al mismo tiempo, es un documento con visión utópica en la medida que muy pocos ciudadanos creen en el proyecto socialista cubano.

A mi consideración el mayor reto para la nueva Constitución es el de la unidad nacional. El Estado cubano ha mantenido en el discurso oficial una idea de unidad histórica, pero no ha detallado que en los últimos años ese discurso ha sido constantemente fragmentado desde diversas áreas y dimensiones nacionales. La sociedad cubana se ha diversificado profundamente, estableciendo diferencias entre posiciones, contextos y territorialidades.

Asimismo, el capital cultural y político adquirido durante todo este tiempo por distintas vías contrapone fuertemente la realidad con el discurso nacional. Esta diversidad tendrá que ser reconocida de alguna manera en la nueva Constitución. Sectores con amplia presencia en el país como la migración, los trabajadores por cuenta propia con sus propias iniciativas de organización (sindicatos), los grupos a favor de las libertades y los derechos sexuales, así como una nueva generación con intereses opuestos al gobierno deberán analizarse en este documento.

La nueva Constitución deberá resumir el interés martiano de la unión basada en el consenso y no en el criterio de unos pocos. También deberá establecer los mecanismos de interpretación y universalidad que le posibiliten adaptarse a las nuevas circunstancias con la eficiencia y la rapidez necesaria pero que no por eso viole algún derecho reconocido. Deberá ser, a mi juicio una Constitución incluyente y ese es precisamente el punto donde ningún miembro del actual sistema querrá plantear sus criterios precisamente por ser Raúl quién dirige este proceso. Sería el momento oportuno para que la ciudadanía cubana ejerciera el derecho a participar libremente.

[1] El artículo 88 inciso g de la Constitución cubana de 1992 declaraba que se podía establecer propuestas legislativas en la asamblea Nacional cuando un ciudadano cubano la propusiese directamente amparado con 10000 firmas de ciudadanos cubanos que firmasen la petición o la propuesta.