El Parlamento cubano debe sesionar todo el año

Por Marlene Azor Hernández

HAVANA TIMES – Existe un estilo de dirección de “estado de emergencia” permanente en el país que obstruye el ejercicio de la soberanía popular.

Nuestro Parlamento se reúne dos veces al año, unos días en julio, otros en diciembre y aunque existen las Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional estas no rinden cuenta de su trabajo el resto del año a la opinión pública nacional. Leemos a veces nuevos decretos leyes emitidos por distintas instituciones entre una sesión y otra del Parlamento, pero estos decretos leyes no han sido consultados con la población ni con los diputados.

Es necesario ampliar el consenso popular para practicar el gobierno no desde el Consejo de Estado, sino desde la base de las comunidades. Muchas de estas disposiciones son tomadas unilateralmente por los responsables sin tener en cuenta sus  efectos colaterales.

Tales consecuencias colaterales se sienten en las nuevas medidas del Gobierno cubano a partir del primero de agosto de este año. Congelar las licencias a los cooperativistas y a 27 actividades de los cuentapropistas ha sido una mala decisión, con un impacto negativo en todos los que estaban preparando sus ahorros para invertir en nuevos negocios familiares. Las medidas más restrictivas sobre las cooperativas de la construcción han sido igualmente de negativo impacto en el ritmo de construcciones en el país en el momento de recuperar las viviendas de los damnificados del huracán Irma.

El Estado no tiene los recursos para invertir y salir inmediatamente de la crisis de viviendas acumulada en el país y, por otra parte, impone nuevas restricciones a la creación de cooperativas en general y de la construcción en particular en el número de cooperativistas y en la libertad para trabajar en todo el territorio nacional.

Un proceso de “perfeccionamiento” del sector no estatal por parte del Estado no hace necesario detener el proceso de licencias para el sector no estatal. La política no debe ser “congelar” las licencias, sino ordenar y regular un tipo de trabajo que permite el incremento del empleo, en momentos de contracción del mercado laboral estatal, y permite salarios acordes con el costo de la canasta básica individual y familiar.

El anuncio de nuevos impuestos a los salarios en el sector particular  de la economía es otra política errada en la medida en que el Estado no logra pagar salarios que permitan la satisfacción de las necesidades básicas de la población y el sector no estatal absorbe un desempleo progresivo del sector estatal dicho expresamente para incrementar su productividad.

Las medidas de congelar licencias y restringir derechos del sector no estatal llevan, además, a mayor escasez de bienes y servicios y al incremento de los precios. Los consumidores vuelven a ser los más afectados por esta escalada de prohibiciones y restricciones.

Todas estas medidas no han sido consultadas con la población ni con sus representantes en el Parlamento. Es usual que el Parlamento apruebe todos los decretos leyes que toma el Consejo de Estado entre sesión y sesión de la Asamblea Nacional, por lo tanto, tendremos que esperar hasta diciembre, para que la Asamblea apruebe un conjunto de decretos leyes de impacto negativo en productores de bienes y servicios y en los consumidores, para luego dentro de cuatro años, el estado rectifique la política que a todas luces empeora la situación económica del país.

Así ocurrió con la prohibición a los campesinos usufructuarios de construir sus casas en las tierras bajo su gestión en el 2008, para luego eliminar la prohibición en el 2011. No creo que la ciudadanía pueda esperar más para intentar una sobrevivencia digna y legal dentro de la crisis económica del país.