Marlene Azor Hernández
HAVANA TIMES — La Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) no publica una serie de indicadores imprescindibles para la política de impuestos.
Los estudios sobre la pobreza en Cuba son muy escasos o restringidos a la capital de la República y con una antigüedad de más de diez años. La razón es la falta de información con que cuentan los investigadores para realizar algún análisis. El tema es tabú para las autoridades que sin embargo, no se detienen a la hora de implementar una política de impuestos sobre los salarios.
El índice de pobreza en Cuba no se publica, el salario mínimo tampoco, el costo de la canasta básica individual y familiar tampoco. La publicación sobre el monto de las pensiones está ausente. Sobre este mecanismo “secreto” el gobierno decide sin consulta, implementar impuestos sobre la Seguridad social y sobre el ingreso.
Los debates en Cubadebate.cu y Granma.cu demuestran el descontento de la población. Es reiterada la crítica a la medida sobre dos aspectos fundamentales:
La base impositiva sobre 500 pesos (20 USD) es errática, porque sencillamente un salario de 500 pesos no sirve ni individualmente para suplir las necesidades alimentarias y de aseo personal en un mes.
El sector presupuestario sigue siendo el más castigado por los impuestos, y sus salarios siguen sin responder a las necesidades primarias de alimentos y aseo personal. Maestros, profesores, médicos y personal de la Salud, han recibido aumentos nominales de los salarios, pero los precios en las TRD continúan, según los economistas cubanos, con el 240% y 260% de IVA. Esta contradicción no se supera en los últimos 26 años de “período especial”, del cual la ciudadanía no ha salido.
Existe la conciencia ciudadana de la necesidad de pagar impuestos, pero dos contradicciones impiden la aceptación de esta política pública: los bajos salarios y la declaración hasta hace unos meses de una educación y salud “gratuitas”, como si el Estado tuviera “una caja negra de ingresos” al margen de la producción de los trabajadores cubanos.
Ni la educación y la salud fueron nunca “gratuitas”, sino universales, ni los aumentos nominales permiten un incremento del salario real. Granma y no ONEI, publican que el salario medio ha alcanzado los 779 pesos cubanos, pero como ONEI no publica el costo de la canasta básica, los consumidores, por su parte, no logran alimentarse y tener productos imprescindibles de aseo personal con ese salario. Tampoco se ha incluido en los gastos de los trabajadores, el transporte, la ropa y el calzado, la vivienda y los medicamentos. Sin embargo, los educadores de las escuelas primarias, secundarias, preuniversitarios y universidades con salarios menores a 500 pesos o algo por encima de esta cifra pagan seguridad social de un 5% desde hace un año aproximadamente.
Los médicos de más alta graduación y de mayor experiencia cobran 1200 -1500 pesos al mes, pero ese salario le sirve a los que vivan solos y no tengan ninguna familia que atender. Este desfase entre la política social y de empleo y la política impositiva, es el resultado de la falta de información del gobierno cubano y de su política antidemocrática de imposición de políticas de ajuste en las condiciones de salarios paupérrimos en Cuba.
La única Central de Trabajadores de Cuba (CTC), acepta este atropello contra los trabajadores haciendo evidente una vez más su rol de representante de los intereses del Estado, no de los trabajadores. El General/presidente decía apenas en julio de este año que los salarios son insuficientes para cubrir las necesidades básicas de la familia cubana. ¿Cómo puede entenderse una política de impuestos sobre los salarios si estos son paupérrimos en todo el sistema de la economía presupuestada?
¿Es que el presidente no logra dirigir al país y delega sus responsabilidades en la ONAT[1]?
Si los trabajadores no se lanzan a la calle, es por los métodos represivos y la ausencia de derechos económicos reivindicables en Cuba. Los ciudadanos cubanos no pueden incidir en las decisiones que toma el gobierno de espaldas a sus intereses ni acudir con sus demandas a los foros internacionales ya que dentro del país son las mismas autoridades quienes violan los derechos ciudadanos.
El Pacto de Derechos Humanos económicos sociales y culturales de la ONU se señala en su artículo 7:
Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones del presente Pacto.
La ONU reconoce los derechos económicos sociales y culturales como reivindicables y justiciables.
En este aspecto el gobierno cubano viola este derecho y quizás por ello no ha ratificado la firma de los Pactos de la ONU[2], para no someterse al escrutinio de sus arbitrarias políticas impositivas y salariales ante la Comunidad de Naciones.
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[1] Organización Nacional de Administración Tributaria.
[2] El gobierno de Cuba firmó los dos Pactos de Derechos Humanos de la ONU en el 2008, pero pasados 8 años no los ratifica. Sin ratificarlos no tienen valor vinculante con su legislación interna ni la posibilidad de los ciudadanos cubanos de acudir a las instancias de la ONU a reivindicar los Derechos que le son negados por su propio gobierno.
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