Cuba es un país en ruinas

Por Osmel Ramírez Álvarez

HAVANA TIMES – La situación que tiene el fondo habitacional cubano, y de infraestructura en general, es crítica. Es una realidad que este país, ¡casi completo!, está en ruinas. Por supuesto que se debe a muchos factores, pero todos tienen relación directa o indirecta con el modelo económico, político y social que ha resultado disfuncional.

La idea de que cada familia tenga su casa propia es una utopía hermosa, pero no pasa de eso. En la práctica es una carrera de velocidad entre la capacidad de inversión estatal en ese sector contra la multiplicación exponencial de las necesidades siempre crecientes. Y el estado nunca ha podido cumplir semejante propósito ni en los experimentos socialistas-radicales de mayor desarrollo económico en Europa.

Aparte de la incapacidad económica o de gestión, o de la dependencia del voluntarismo político siempre zigzagueante, con altos y bajos, esa utopía crea otros males sociales. Por ejemplo, el exceso de trámites y su consecuente burocratismo tedioso que provoca demoras y corrupción.

En un país normal, un millón de viviendas pueden tener alrededor de 100 mil propietarios y estos pueden ser atendidos jurídicamente, porque ganan dinero y pagan esos servicios, por una centena de abogados o representantes. Menos gente haciendo trámites y menos movilidad de inmuebles o una movilidad más plural. Pero en Cuba son un millón de dueños, con gran movilidad de los inmuebles, haciendo colas en las oficinas aunque sean viejitos y no entiendan nada de leyes.

Hay que sumar el hecho real de que no es lo mismo exigirle a un millón de propietarios, la inmensa mayoría pobres y más que eso paupérrimos, que mantengan en excelente estado sus inmuebles. Eso hace que recaiga en el Estado tamaña responsabilidad, máxime si con salarios miserables no alcanzarían ni para un retoque a un metro cuadrado.

Es fácil exigir a los “caseros” que tienen varias casas y ganan dinero por ello que inviertan un porcentaje en mantenimiento, sin hablar del natural sentido de pertenencia que los motiva a conservar lo propio. Y cuando los edificios son colectivos debe haber una administración del edificio y todo vecino pagar una mensualidad para cubrir lo que es de todos. Pero aquí es de todos y al mismo tiempo no es de nadie y en lo colectivo se entiende que el Estado es el que tiene que ver con eso.

No es culpa de la gente, es del modelo, del sistema que simplemente no funciona. En las ciudades más grandes, especialmente en La Habana, se nota más el resultado de la Ley de Reforma Urbana, esa que hizo “justicia” revolucionaria regalando lo ajeno. Fue a inicios de la Revolución y consistió en quitarles a los propietarios las viviendas rentadas y regalárselas a los inquilinos. Para mí puro despojo.

Y muchos de esos inmuebles se volvieron ruinas. No ahora que han pasado seis décadas de abandono, cuando solo había transcurrido la mitad de ese periodo ya estaban en pésimo estado. Y el progreso constructivo, aunque se ha hecho bastante, ha sido de pésima calidad y estética, y se detuvo donde había algo viejo construido y gracias a ello se conservan muchos edificios de valor patrimonial. La Habana es un gran ejemplo, pero es un fenómeno general en todo el país.

Aquí mismo en Mayarí, donde vivo, todos los repartos y barrios nuevos carecen de asfalto y alcantarillado, agua permanente, y gas ni soñarlo. Solo las zonas que ocupaba el pueblo antes de la Revolución tienen excelentes aceras, calles asfaltadas, drenaje pluvial con tomas para los bomberos y las calles bien trazadas. Claro que carecen de mantenimiento, pero aún así son las mejores.

Las estatuas de los parques “de antes” son de mármol alabastro y las de ahora de cemento o yeso, llenas de manchas por la lluvia. Los bancos de hace seis décadas son de granito y están intactos, los recientes son de cemento y están roídos. Proliferaron repartos con callejuelas, sin orden simétrico, sin infraestructura básica y sin asfalto.

Pueblos otrora hermosísimos que eran predominantemente de madera por tener negocios estadounidenses, como Guaro y Préston, se mantuvieron intactos por cinco décadas y bastaron veinte o treinta años de Revolución para convertirlos en ruinas. En todas las provincias hay ejemplos de sobra.

Es un sistema sin retroalimentación y disfuncional que rompe con lo que funciona para conseguir una justicia efímera y no es sustituido por algo mejor. Ello se vuelve contra ellos como un boomerang de problemas sociales más complicados todavía.

Como socialista he pensado mucho en este asunto de la vivienda. Creo que tener una casa propia debe ser una decisión de cada persona, pero debe ser accesible, jamás una política de estado. A mucha gente no les gusta o no les conviene echar raíces en un lugar específico. La visión oficial en Cuba sobre ese y otros temas la considero feudal.

El casero es necesario en cualquier sociedad y no creo bueno que el Estado se convierta en tal cosa, porque sería más burocracia y más corrupción. En fin, demasiado poder para los funcionarios y otra fuente de abusos contra el pueblo. El sector privado debe participar en la inversión social con fines de vivienda e infraestructura y para ello debe eliminarse el límite a la tenencia de más de una vivienda y modificar de manera que funcione el problema impositivo actual, que más que disfuncional es estúpido.

Para los más desvalidos, los municipios siendo autónomos podrían construir con su presupuesto, o apoyados por el nacional, viviendas modestas para “prestarlas”, nunca regalarlas, a los casos sociales más críticos y si fuera posible también para los menos críticos, en menor costo de la renta normal. Se pueden hacer muchas cosas, pero tiene que ser algo que funcione, no lo que ha sucedido hasta hoy.

El socialismo no puede ser un sistema que salve a la gente y mate a las ciudades. Pero lamentablemente esa es la imagen que los radicales han construido con su populismo disfuncional.