¿Actualizar la política migratoria cubana?

Haroldo Dilla Alfonso (*)

Foto: Sarah Waisvisz

HAVANA TIMES, 22 agosto — Cada vez que el general/presidente habla de actualizar algo, yo no entiendo que quiere decir.  Y es probable que el General lo haga para eso, para que no lo entiendan, y en el ínterin ganar tiempo, para que él y sus acompañantes puedan finalmente entender que van a hacer.

Ahora resulta que Raúl Castro ha anunciado una “actualización” de la política migratoria cubana –sin lugar a dudas un derivado del aquel derecho a turistear que prometieron los Lineamientos- y lo ha hecho como de pasada, sin dar detalles.  Como una información al paso a los diputados y a la población.  Sin debates ni consultas.  Como una muestra más de la magra transparencia que le caracteriza y que anima al sistema político cubano.

Aún así, aclaro, me parece positivo por varias razones.

Debido a la existencia de una política migratoria arbitraria, represiva, dirigida contra la población cubana y muy por debajo de los avances mínimos reconocidos en este campo por la humanidad, la sociedad cubana ha sufrido mucho en los últimos años.

Los emigrantes son desterrados, obligados a pagar sumas asombrosamente altas a un estado parasitario solamente para que le permitan viajar, expropiados, humillados en su tierra, separados de sus familias y de sus lugares y frecuentemente impedidos de retornar.  En otros tiempos se les ha calificado de escorias sociales y delincuentes, y se han lanzado sobre ellos y sus familiares turbas agresivas de pandilleros políticos.

No importa ahora cuanto los Estados Unidos hayan intentado usar el tema migratorio contra el gobierno cubano, en particular en aquellos años en que ese gobierno representaba a una revolución que hace tiempo no existe.  Lo que importa ahora es que el gobierno cubano ha sido culpable de conspirar contra su sociedad mediante disposiciones migratorias francamente impresentables.

Si el General Raúl Castro intenta modificar esta situación en beneficio de la sociedad insular y emigrada, si en algún lugar del globo un emigrado podrá asistir al lecho de un familiar agonizante sin tener que pedir permiso, cualquier paso que se de merece reconocimiento.  Y yo personalmente lo saludo.

Pero debe quedar muy claro, para quienes gusten de dilapidar aplausos, que no es con pequeños cambios como se lograría una normalización de las relaciones entre los emigrados y la sociedad insular, todos los cuales constituyen parte de la nación.

No hay solución posible si no hay un reconocimiento pleno y total del derecho de los cubanos a viajar al extranjero, y a regresar a su patria cuando lo estimen conveniente.  No hay solución posible si este último derecho no se reconoce a todos los cubanos emigrados, y si no se les restituyen todos los derechos ciudadanos expropiados por el gobierno cuando partieron a otras tierras.

Pero no creo que las expectativas del General/Presidente anden por estos caminos de redención.  El diagnóstico de RC es la misma tonada de siempre con ligeras variaciones textuales: la migración como arma imperialista, la ley de ajuste cubano como obstáculo y la existencia de migrantes buenos que aportan remesas, bailan salsa, extrañan la bandera y no les interesa la política.  Nada indica un recuento crítico de una política que ha sido usada para el control de la población y en su contra, con un balance trágico de violaciones a los derechos humanos.

Lo que el gobierno cubano busca es un mejor aprovechamiento del potencial económico de la emigración.  Con absoluta sinceridad, RC ha declarado que la prioridad del momento es “…recuperar paulatinamente la credibilidad internacional de la economía cubana.” Y por eso, donde hay ciudadanos solo percibe remesadores, turistas y eventualmente inversionistas.

Donde hay una diáspora nacional, solo capta la existencia de una comunidad floreciente económicamente que posee unos 150 mil negocios concentrados principalmente en la cercana Florida, cuyos niveles de ventas anuales se ubican diez veces por encima del total de las exportaciones cubanas de bienes, y constituyen algo menos de la mitad del PIB insular declarado por el gobierno.

Foto: Sarah Waisvisz

De ahí que no espero cambios suficientes para lograr esa normalización de relaciones entre ambas comunidades.  Espero, eso sí, rebajas y eliminación de los pagos leoninos que hay que hacer al gobierno cubano, simplificación de los trámites migratorios, levantamiento de la veda a tipos específicos de migrantes (por ejemplo los balseros de 1994), y algunas otras medidas que harán más fluidos los intercambios.

Cambios menores, pero cambios saludables.  Que relajarán los ominosos controles políticos sobre la sociedad insular e inevitablemente moverán el campo de la política hacia una zona de mayor libertad, en detrimento del autoritarismo del sistema político cubano.

Pero que también exigirán de la comunidad exiliada una actitud madura y constructiva, superior tanto a las emociones aquiescentes que desbordan a nuestros raulistas light, como a las intransigencias vocingleras de una dureza en extinción.  Y vernos a nosotros mismos como parte modesta de un proceso complejo, en que nunca fuimos escoria y nunca seremos salvadores.  Solamente, recordando un artículo publicado en Pinar del Río, todos somos Cuba.

Y ya eso es mucho, ¿no creen?.

—–

(*) Publicado en Cubaencuentro.

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