“Debe iniciarse el proceso de juicio correspondiente para que respondan por las imputaciones que les hace ahora la Justicia colombiana”, dijo hoy el fiscal general Néstor Humberto Martínez a la cadena de radio Caracol.
Martínez no mencionó las identidades de los empresarios llamados a juicio, pero dijo que algunos son colombianos y otros estadounidenses.
“Vamos a asumir con profunda responsabilidad estas investigaciones. Tenemos priorizados un número importante de casos para que se haga justicia contra quienes dinamizaron la guerra financiando el conflicto armado”, dijo Martínez.
En el escrito de acusación, la Fiscalía también pidió que se abra una investigación a los “alcaldes, gobernadores y demás funcionarios de la rama ejecutiva para los años 1997 a 2004” del departamento de Antioquia (noroeste), debido a que encontró indicios de que optaron una “conducta por acción u omisión en la conformación, vigilancia y control en la región”.
Dentro de lo llamados a investigación está el ex presidente Álvaro Uribe, que se desempeñó como gobernador de ese departamento entre
1995 y 1997.
Este proceso judicial, que no ha prescrito porque fue declarado de lesa humanidad, fue reabierto por la Fiscalía General de Colombia a finales de 2012, después de que Chiquita Brands admitiera que entregó dinero a los grupos paramilitares, que surgieron en los años 80 y cometieron múltiples violaciones de los derechos humanos.
Las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conformadas por varios grupos paramilitares, se desmovilizaron entre 2003 y 2006.
Ejecutivos de la compañía admitieron que entregaron al menos 1,7 millones de dólares a esas bandas armadas entre 1997 y 2004, por lo que en 2007 la Justicia estadounidense condenó a Chiquita Brands a pagar una multa de 25 millones de dólares en ese país.
Según la empresa, la entrega de dinero se hizo para que los trabajadores no fueran atacados por los paramilitares.
Un fiscal que investigaba el caso en Colombia archivó la investigación a comienzos de 2012, pero a finales de ese mismo año el entonces fiscal general, Eduardo Montealegre, ordenó reabrirla tras la confesión de la compañía estadounidense.
La decisión de llamar a juicio a los directivos bajo los cargos de favorecer al paramilitarismo y cometer concierto para delinquir es el anuncio más importante desde que se decidió reabrir el caso en Colombia.
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