HAVANA TIMES – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) instó hoy al Gobierno de Nicaragua a suspender la construcción de un canal interoceánico, por considerar que pone en “grave indefensión” a unos 100.000 campesinos que perderían sus tierras en el sur del país.
Así lo afirmó el directivo de la FIDH, Juan Francisco Soto, al presentar en Managua un estudio sobre el publicitado megaproyecto valorado en 50.000 millones de dólares, su impacto sobre el derecho a la tierra y los daños al medio ambiente, lo cual se cree “va a empobrecer al conjunto de la población” nicaragüense.
Según la FIDH, que aglutina a 184 organizaciones humanitarias en más de 100 países, el proyecto canalero ha llevado a instalar un “estado de excepción” en la zona sureña, donde existe “una política de criminalización” de las personas que se oponen a la concesión que el Gobierno entregó al empresario chino Wang Jing por un plazo de 116 años.
“El Gobierno nicaragüense debe revocar la concesión del canal interoceánico”, pues “estos proyectos tendrán consecuencias dramáticas sobre el medio ambiente y los derechos humanos”, alertó Dimitris Christopoulos, presidente de la FIDH, citado en el informe. “El Gobierno tiene que retroceder”, añadió.
El documento de 60 páginas presentado a los periodistas señaló que “el Estado utiliza mecanismos intimidatorios, incrementando la presencia policial y militar, retenes, requisas y otras medidas de presencia permanente de órganos armados, así como una política migratoria de expulsión de todo extranjero” vinculado a los opositores al canal.
También criticó los métodos “represivos” de militares y policías nicaragüenses en las zonas rurales donde técnicos chinos censaron a la población, lo cual “ha causado una gran zozobra e inquietud” y dio paso a la formación de un movimiento campesino anti-canal que ya ha protagonizado más de 80 marchas y protestas.
El estudio, apoyado por el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), cuestiona desde los términos de la concesión aprobada en 2013 por el presidente Daniel Ortega, hasta “los irrestrictos derechos por al menos 116 años sobre invaluables propiedades, territorios y recursos naturales, tales como el Lago Cocibolca, principal reserva de agua dulce de toda Centroamérica”.
Según la Ley 840 (ley del canal), “las propiedades públicas serán entregadas gratuitamente al inversionista, sin un pago a favor del Estado Nicaragüense, lo cual es totalmente lesivo para el Estado. Y en el caso de las propiedades privadas y comunitarias, estas serán pagadas a un valor catastral que es ampliamente inferior al valor de mercado de las mismas”, se indicó.
La FIDH señaló que el Gobierno de Nicaragua habría aprobado la expropiación de 2.900 km cuadrados de tierra para el canal, de éstos 1.721 km cuadrados en forma permanente, en “la operación de ingeniería civil más grande de la historia y requeriría la excavación de aproximadamente 5.000 millones de metros cúbicos de materia, según el estudio de impacto ambiental divulgado oficialmente.
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