Por eso, ante la amenaza de un proyecto de explotación y exploración petrolera con graves daños ambientales, las comunidades se organizaron en arduo proceso que comenzó en el 2005 y terminó con una vistoria este año.
Un tribunal contencioso administrativo rechazó la demanda de la empresa Harken Costa Rica Holdings, por 13 millones de dólares, por la caducidad de su contrato.
Según explica, Mauricio Álvarez, presidente de la Federación Ecologista de Costa Rica, los incumplimientos por parte de la empresa, llevaron a diversas organizaciones, vecinos y vecinas a presionar al gobierno de entonces para invalidar el contrato. (Voces Nuestras – Costa Rica)