Necesidad de viviendas para discapacitados en Cuba

Mercedes González Amade

HAVANA TIMES — No voy a hablar de las condiciones mínimas que debe tener una casa destinada a personas discapacitadas, no pido tanto. Mi reclamo es por las pocas opciones que tenemos para aspirar a un techo.

Cuando reviso las leyes de vivienda, me percato que han modificado algunas para que la gente tenga diferentes variantes para adquirir vivienda. Sin embargo, estos cambios no son favorables para mí ni para muchos que conozco. Como casi siempre, los más vulnerables somos los más perjudicados.

Ahora el Estado puede vender los terrenos. Los aspirantes a la compra debemos pasar por una comisión, la mayoría de las veces no nos enteramos quién la preside. Tampoco sabemos cuántas personas disputan el mismo terreno.

Se supone que una vez ganada la batalla, tienes el dinero suficiente para pagarlo. Los precios son inalcanzables para las personas de bajos ingresos, como yo, que soy subsidiada. La construcción del inmueble debe hacerse en el transcurso de un año, o sea, no solo hay que comprar terreno, sino todos los materiales, además de transportarlos hasta la futura casa.

Otra opción es adquirir locales en desuso como bodegas, lecherías, algún almacén, etc. También se solicita por comisión, pero aquí tienen prioridad -por no decir exclusividad- los albergados que perdieron su hogar por derrumbes o amenaza de derrumbes. En esa variante la remodelación se hará por esfuerzo propio.

A veces el subsidio estatal para comprar materiales de construcción podría resolver el problema. Pero, en caso de que me entregaran uno de esos locales ¿cómo podría yo agenciarme los materiales necesarios, trasladarlos y pagar la mano de obra con ese subsidio? Sabemos que es un esfuerzo que hace el país, pero no alcanza, solo es una ayuda. Con esa ayuda no se puede construir nada; habría que contar con otro respaldo, y casi ningún discapacitado lo tiene.

En Marianao, el municipio donde vivo, las construcciones nuevas -grandes, lindas y variadas- pertenecen a militares y dirigentes del Gobierno, por lo que el municipal no tiene posibilidad de disponer de ellas.

Conozco muchos casos de necesitados que cuando acuden al oficina municipal de la Vivienda, les dicen que no tienen solución y su expediente es archivado hasta “nuevo aviso”. Esas personas no tienen más opción que aceptar la espera interminable, pues es el municipio donde residen quien debe darle una respuesta.

Durante el tiempo que llevo trabajando en la Asociación Cubana de Limitados Físico-Motores he visto casos peores que el mío, pues yo todavía me siento fuerte para seguir insistiendo, pero hay personas discapacitadas mayores, solas y con situaciones habitacionales que nadie creería.

Las soluciones que hasta ahora ofrece el Gobierno no son para nosotros. No están pensadas para gente con características especiales, sino para la mayoría sin limitaciones motoras. Eso está muy bien, pero ¿nosotros no tenemos derecho a tener una mejor calidad de vida o es que no nos cuentan como parte de la sociedad?