Corrupción endémica de alto nivel en Nicaragua
HAVANA TIMES – El tema de la corrupción y enriquecimiento ilícito en Nicaragua ha sido abordado por solo dos medios de comunicación (La Prensa y Confidencial) e ignorado por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y todos los medios que ellos controlan.
Igualmente ni la Asamblea Nacional o la Controlaría de la Republica le interesa tales temas.
Un caso ejemplar de la pandemia que vive el país es el presidente del Consejo Suprema Electoral, Roberto Rivas. A pesar de varias investigaciones en años pasados sobre su continuo y fabuloso enriquecimiento, Rivas sigue manejando a su antojo las elecciones del país, que la oposición considera fraudulentas, sin ser cuestionado por los poderes del estado.
Rivas ha estado de nuevo en la mira internacional desde diciembre cuando el gobierno de Donald Trump lo castigó con sanciones contra sus activos en aquel país. A continuación republicamos cuatro trabajos publicados en Confidencial sobre el caso.
Demandan salida inmediata de Roberto Rivas
Por Arlen Cerda (Confidencial)
El magistrado Roberto Rivas, incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, por las sanciones de la Ley Global Magnitsky, debería dejar el cargo que ha ocupado por más de veinte años en un sistema electoral que ha colapsado, aun cuando su salida no restablecería la credibilidad del sistema electoral, estiman analistas y opositores nicaragüenses, que también demandan una investigación independiente sobre el enriquecimiento ilícito del polémico funcionario.
El analista político y abogado experto en Derecho Constitucional, Gabriel Álvarez, advierte que “el sistema electoral nicaragüense no da para más desde hace rato”, y aunque admite que “este problema no se mejora ni empeora con un individuo, en cualquier caso Rivas tiene que salir de ahí”.
Rivas fue sancionado junto con otras catorce de personas en todo el mundo el pasado 21 de diciembre. Los legisladores estadounidenses, que ya han incluido las sanciones de Rivas en la otra iniciativa de sanciones que condicionaría el voto de Estados Unidos a los préstamos multilaterales para Nicaragua, conocida como Nica Act, basaron sus argumentos en informes del Departamento de Estado sobre los derechos humanos en Nicaragua.
Además, incluyeron “investigaciones periodísticas de La Prensa y Confidencial, que documentan acusaciones de corrupción contra Rivas que lo señalan de hacer una fortuna y ser dueño de casas, mansiones, yates y aviones a reacción, mientras recibe solo 5,000 dólares por mes en concepto de salario del Gobierno”.
A más de tres semanas de las sanciones, el Gobierno de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, han guardado silencio. En este período, Ortega ni siquiera ha tenido alguna aparición pública o intervención oficial. El sector privado también ha preferido, por el momento, no pronunciarse al respecto.
Modelo “insostenible”
Álvarez valora las sanciones estadounidenses contra el magistrado como una “manifestación de la insostenibilidad y del fracaso estratégico del modelo dinástico corporativista que ha venido construyendo Ortega en su alianza con el Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada)”.
“Cuando la Ley Global Magnistsky sanciona a Rivas, lo que vemos es la impresionante fragilidad y precariedad de este régimen, que no se puede sostener”, insiste.
Economistas y analistas independientes han advertido graves riesgos para la economía nicaragüense ante las sanciones a Rivas y otras contra el entorno de Albanisa o la Nica Act. Sin embargo, miembros del sector privado que se han referido escuetamente al tema, descartan tales efectos y eligen destacar la promesa e interés de la inversión extranjera en Nicaragua, cuya meta cifran en 1,500 millones de dólares para el 2018.
CONFIDENCIAL intentó sin éxito conocer las impresiones de representantes del sector privado.
Álvarez critica que en Nicaragua “se ha sustituido la institucionalidad, por un movimiento exclusivo y perverso, de poquísimos, pero importantes empresarios, con sus pocos gerentes gremiales”. Según el analista, “es a estos, y a Ortega y sus más cercanos seguidores a los únicos que ha rendido frutos este modelo”.
El jurista considera que, para quienes lo quieren ver a tiempo, las sanciones a Rivas revelan que “Ortega ya no es capaz de responder a ese pequeño grupo por su seguridad ni por su patrimonio, menos aún al resto de empresarios y trabajadores que quieren un sistema democrático y al resto de nicaragüenses”.
“O (el comandante Ortega) hace un cambio verdadero, no porque le guste, si no por un mecanismo de mera supervivencia, o a corto o mediano plazo va a iniciar su derrumbe irreversible”, sentencia.
“Vergüenza nacional”
La dirigente nacional del opositor Frente Amplio por la Democracia (FAD), Violeta Granera, también coincide en que Rivas “debe salir”, aunque el movimiento es “absolutamente insuficiente” para restaurar la credibilidad en el sistema electoral.
Granera califica a Rivas de ser “una vergüenza nacional”, pero insiste en que la verdadera demanda y preocupación de los nicaragüenses es el establecimiento de las condiciones para la realización de elecciones libres y transparentes.
Rivas y el CSE que presiden son señalados de orquestar los fraudes electorales que durante la última década habrían beneficiado al gobernante Frente Sandinista. Sin embargo, Ortega designó a Rivas como el garante del plan de trabajo de tres años que fue firmado con la Organización de Estados Americanos (OEA), para “fortalecer la institucionalidad” del sistema electoral, aunque del mismo no se ha vuelto a tener noticias.
Granera reclama que la renovación del sistema electoral no se resuelve con “cambios cosméticos o con la salida de Rivas, sino con reformas profundas al sistema y el nombramiento de personas independientes y de reconocida probidad al frente del mismo”.
A finales de 2017, el FAD presentó una propuesta de quince puntos para la reforma de un sistema justo, libre, inclusivo y transparente, que retoma propuestas que circulan desde hace más de una década, recogidas por el ahora extinto Grupo Promotor de las Reformas Electorales.
El abogado y exdiputado opositor, Eliseo Núñez Morales, igual opina que las sanciones a Roberto Rivas deben ser un mensaje “no solo para Ortega, sino también para su círculo inmediato”.
Coincidiendo con el planteamiento de Álvarez, Núñez agrega que las citadas sanciones “causan inseguridad en los cercanos a Ortega, les deja claro que él no puede protegerles más allá de Nicaragua y que no hay impunidad posible”.
El también exdiputado liberal y experto en Derecho Constitucional, José Pallais, estima que a pesar del silencio oficial, la inclusión de Rivas en la lista de la OFAC sí ha provocado “un gran impacto en el Gobierno”.
“Es notorio que están meditando el tipo de respuesta y considerando si intentan desmontar la confrontación creada o se avienen a continuarla, para lo que deben estar analizando todas sus posibilidades y la fortaleza de sus alianzas internas y externas”, reflexiona.
Según Pallais, escoger a Rivas como el primer sujeto de sanciones “tiene el efecto de golpear no solo a la persona señalada de corrupción, sino también al sistema electoral orteguista, por destacar al presidente del órgano electoral como responsable de prácticas antidemocráticas”.
“La legitimidad de todas las elecciones bajo la conducción de Rivas ha quedado seriamente cuestionada, y por ende —estima Pallais— la legitimidad del Gobierno”.
Fiscalía tica investiga a Rivas por blanqueo de capitales
Reúnen pruebas para comprobar actos de corrupción de magistrado CSE
Rivas cuenta en Costa Rica, a través de una sociedad anónima, con varias propiedades, incluyendo un terreno valorado en 193 mil dólares
La Fiscalía General de Costa Rica informó el martes que abrió una investigación contra el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas, por lo que considera un posible delito de legitimación de capitales o blanqueo de dinero en ese país, donde Rivas –sancionado por el Gobierno de Estados Unidos– cuenta con varias propiedades.
En Costa Rica se denomina legitimación de capitales al lavado de dinero, un delito grave, cuya finalidad es esconder el origen sucio del dinero obtenido por organizaciones criminales o personas señaladas por corrupción.
El presidente del Tribunal Electoral de Nicaragua, artífice de los fraudes electorales que han atornillado en el poder al presidente Daniel Ortega, fue sancionado el 21 de diciembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo acusa de corrupción y fraude electoral.
La decisión de la Fiscalía de Costa Rica amplía la presión sobre Rivas y el Gobierno de Nicaragua, que según expertos en Derecho debería abrir una investigación independiente sobre el magistrado, que lleva una vida fastuosa, es propietario de casas y bienes de lujo.
La Fiscalía tica informó al diario La Nación de San José que “se abrió de oficio la causa 18-000038-058-PE luego de analizar unas publicaciones compartidas por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en relación con informaciones difundidas en Estados Unidos sobre presuntos hechos delictivos aparentemente cometidos por Rivas en Costa Rica”. Las autoridades han iniciado a reunir pruebas contra Rivas, “para probar o descartar la existencia de un delito”.
La Nación también informó que Rivas es dueño de un terreno de 3,514 metros cuadrados, valorado en 193 mil dólares y localizado en un condominio exclusivo. El terreno está a nombre de la empresa Chibilu del Oeste S.A., de la que Rivas es presidente. Investigaciones periodísticas del mismo diario revelaron en 2009 que la misma empresa había registrado en el mismo condominio de lujo cuatro casas, que sumaban 2,441 metros cuadrados de construcción.
“Ese mismo año, además, el gobierno costarricense cuestionó a Rivas por tener en San José dos vehículos de lujo que fueron exonerados de impuestos, con placa diplomática de la Embajada de Nicaragua, a pesar de que él no era miembro de la delegación diplomática”, recuerdo La Nación.
La Superintendencia General de Entidades Financieras de Costa Rica también pidió a los bancos de ese país revisar si Rivas mantiene cuentas en los bancos ticos, tras ser avisadas las autoridades costarricenses de las sanciones impuestas por Estados Unidos al magistrado.
Arce defiende a Roberto Rivas y gobierno Ortega
“¿Cuales son los actos de corrupción?, ¿cuáles son los actos violatorios de derechos humanos?”, demanda el asesor presidencial
HAVANA TIMES – El asesor económico y financiero de la Presidencia de Nicaragua, Bayardo Arce, criticó a Estados Unidos por sancionar al presidente del Poder Electoral, Roberto Rivas, por actos de “corrupción significativa”, entre otros.
“Estados Unidos, también en otro arrebato imperial, decide que hay unas 13 personas en el mundo de que son corruptos y violadores de derechos humanos”, reprochó el asesor de Ortega, al ser consultado por periodistas en Managua. Hasta ahora, ha sido el único del gobierno de Daniel Ortega que ha roto el silencio sobre la sanción.
“¿Cuáles son los actos de corrupción y de violación de los derechos humanos con los que acusaron a Roberto Rivas?”, retó Arce.
Rivas, presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua, fue sancionado en diciembre pasado por Estados Unidos por actos de “corrupción significativa” y “graves violaciones a los derechos humanos”.
Estados Unidos incluyó a Rivas entre un grupo de funcionarios, empresarios y compañías de todo el mundo, a quienes se les cerró el acceso al sistema financiero de dicho país, a través del congelamiento de “sus activos y denuncia públicamente los atroces actos cometidos”.
Rivas es acusado por la oposición de Nicaragua de beneficiar al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en cada proceso electoral desde 2008 y diversas investigaciones periodísticas le señalan de tener una vida supuestamente opulenta que no corresponde con su salario como presidente del CSE.
“¿Cuáles son los actos violatorios de derechos humanos?, ¿cuáles son los actos de corrupción?”, insistió el asesor de Ortega.
A su juicio, Washington tomó esa medida “porque se creen dueños del mundo”.
“¿No te das cuenta que ellos hacen todo lo que quieren en el mundo? ¿no te das cuenta que estás viviendo en un agujero de mierda, como dijo el presidente de Estados Unidos (Donald Trump)?. Así nos ven”, continuó.
Arce hacía referencia a un reporte del diario The Washington Post, que afirma que Trump llamó anoche “agujeros de mierda” a El Salvador, Haití y varios países africanos, lo que ha provocado una nueva ola de indignación y acusaciones de racismo al mandatario.
Hace 6 años EFE reportó:
Roberto Rivas acusado de enriquecimiento ilícito
El presidente de facto del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, fue acusado hoy por un grupo de abogados opositores ante el Ministerio Público por supuesto “enriquecimiento ilícito”, según anunció el propio grupo demandante.
La denuncia, que fue interpuesta por el llamado Grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos, críticos con el Ejecutivo, fue recibida por el fiscal electoral, Armando Juárez.
Los denunciantes acusan a Rivas, a su esposa, Ileana Delgado, a la hija de ambos, Stephanie Rivas, y a una de sus asistentes, Bertha De la Peña, de incrementar su patrimonio “de una manera exorbitante y sin justificación alguna”.
Lulio Marenco, Gustavo García, Irving Dávila y Jaime Chavarría, quienes interpusieron la acusación, señalaron a Rivas de poseer, a través de cuatro sociedades anónimas, valiosos bienes de forma “dudosa, irregular e ilícita”.
Entre las posesiones de Rivas, cuyo salario mensual es de 5.000 dólares, los demandantes mencionaron un islote frente al astillero El Diamante en la colonial ciudad de Granada y una casa de verano en playa Hermosa, en el Pacífico de Nicaragua.
Además, los demandantes afirman que supuestamente ha comprado tres aviones valorados en 3,5 millones de dólares y que es propietario del condominio Vista Hermosa en Costa Rica, valorado en 6 millones de dólares.
Gustavo García dijo al fiscal Juárez y en presencia de periodistas que el supuesto enriquecimiento ilícito de Rivas podría estar “vinculado con posible lavado de dinero”.
García criticó a Rivas, magistrado del CSE desde 1995 y presidente de ese Poder del Estado desde 2000, por oponerse a publicar su declaración de probidad.
Por su parte, Marenco, otro de los abogados acusadores, recordó que en agosto de 2009 denunciaron ante el Ministerio Público a Rivas por los delitos de “fraude, peculado, malversación y defraudación aduanera”, pero la Fiscalía de cuentas resolvió no ejercer acción penal en ese caso.
Explicó que la demanda interpuesta hoy fue por “enriquecimiento ilícito” en contra de Rivas, su esposa, su hija y una colaboradora, a quien responsabilizaron por la compra de propiedades.
“Es un absurdo que Roberto Rivas tenga condominios en Costa Rica valorados en seis millones de dólares aproximadamente, tiene tres jets (aviones), varias casas en el mar, supuestamente una isla al lado de Panamá y gana 5.000 dólares”, cuestionó Marenco.
La denuncia se hizo 45 días antes de celebrarse los comicios en Nicaragua, en los que el presidente del país, Daniel Ortega, aspira a una polémica reelección y lidera todas las encuestas de intención de votos.
Juárez dijo que tramitará la acusación y no descartó llamar a declarar a Rivas, quien ha dicho a periodistas que sus propiedades son un “asunto privado”.
El fiscal electoral explicó que la Fiscalía tiene 22 días para “establecer un criterio” sobre la denuncia, pero que la investigación “no tiene un plazo”.
El Grupo de Ciudadanos y Abogados Democráticos, que surgió tras los comicios municipales de 2008, solicitó levantar el fuero a Rivas, quien goza de inmunidad por el cargo, para lo que se requiere del voto de 47 de los 92 legisladores que integran el Parlamento.
Los opositores a Rivas, sin embargo, no suman esos 47 votos que se requieren para impulsar el desafuero.
Rivas, a quien se le venció su período en junio pasado y se mantiene en su cargo amparado por un Decreto Ejecutivo avalado por la Corte Suprema dominada por los sandinistas, aún no ha reaccionado a esa denuncia.
Por otro lado, Marenco anunció que la próxima semana podrían viajar a Costa Rica, donde también denunciaron a Rivas el año pasado para solicitar una medida preventiva y evitar que el presidente del CSE de Nicaragua venda o traspase sus bienes a otra persona o sociedad anónima.
No puede ser de otro modo porque el primer corrupto es el pedófilo que tiene de presidente, y su mujercita, ni hablar.