HAVANA TIMES — No es muy común que un grupo de trabajadores cubanos montan una protesta colectiva y sostenida. Normalmente el descontento no pasa de los comentarios en privado o espacios administrativos o partidarios muy reducidos.
Sin embargo, treinta y seis médicos de Las Tunas, que cumplieron misión por varios años en Venezuela, se sienten engañados por las autoridades y llevan años usando los medios de comunicación para dar a conocer lo que consideran una injusticia.
La promesa que recibieron antes de ir era la entrega de un apartamento propio al regresar de la misión. A continuación publicamos un reportaje de Café Fuerte.
Por Fabián Flores (Café Fuerte)
Para los médicos cubanos que se fueron a Venezuela con el fin de obtener una vivienda a su retorno de la misión, la quimera se ha convertido en una pesadilla. Para ser más exactos geográficamente, una pesadilla tunera.
Un grupo de 36 médicos internacionalistas del municipio tunero de Puerto Padre están denunciando en la prensa oficial el desastre constructivo de los apartamentos que les fueron otorgados a su regreso de Venezuela, una situación que se ha agravado con los años, sin recibir respuesta de las autoridades gubernamentales del territorio.
La reacción de los galenos tuneros apareció publicada en el diario Trabajadores bajo el título de “¿Institucionalizar el caos?“, luego de que recibieran una comunicación de la Dirección Provincial de la Vivienda en Las Tunas exigiéndoles por el pago de los apartamentos.
Denuncias sin respuesta
“Desde hace más de cinco años hemos denunciado a través de medios de prensa nacional y provincial la mala calidad en la terminación de la mayoría de los apartamentos”, afirma la doctora Maricela Grass Santiesteban en la misiva enviada al periódico en nombre de sus colegas.
De acuerdo con la queja de la doctora Grass, los inquilinos sufren con las molestias que ocasionan filtraciones por las cubiertas, cisternas inconclusas, paredes deterioradas, falta de instalaciones hidráulicas y ausencia de infraestructura de urbanización en la zona.
Los afectados ya habían escrito a Trabajadores el 3 de octubre del 2011, explicando los problemas constructivos de los inmuebles entregados.
El periodista Jorge Pérez Cruz admite en su artículo que los médicos tienen razones para estar indignados y reclamen respuestas a varias interrogantes.
“¿Dónde están los recursos asignados para terminar nuestros apartamentos? ¿Por qué dejaron vencer cada año el presupuesto asignado? ¿Por qué se nos impone pagar la vivienda en solo un año, a dos plazos, con la amenaza de que si no lo hacemos pasamos al sistema de arrendamiento, si las demás personas tienen más de 15 años para hacerlo?”, se cuestiona la misiva.
Regulaciones gubernamentales
El problema sale a flote luego de que el Ministerio de Salude Pública, el Ministerio de la Construcción y el Banco Central de Cuba emitieran un conjunto de resoluciones para transferir la propiedad y garantizar el pago, en efectivo o mediante transferencias bancarias, de las viviendas construidas para cooperantes de la salud en Venezuela.
Las normas fueron publicadas el pasado 12 de noviembre en una Edición Extraordinaria de la Gaceta Oficial.
De acuerdo con la disposición bancaria, los propietarios pueden pagar las viviendas asignadas por descuento de salarios u otros ingresos, aplicando la tasa de cambio vigente en el país. El documento especifica que “de existir incumplimientos en el pago acordado, el banco notificará a la Dirección Provincial de Salud Pública correspondiente, a fin de que se adopten las medidas procedentes”.
La medida ha desatado inquietudes no sólo en Las Tunas, sino entre todos los médicos con asignaciones de vivienda por colaboración internacionalista, quienes se quejan por los elevados precios de inmuebles con insuficiente terminado en la construcción, ampliación o remodelación.
Chapucería y delito
El programa gubernamental concibió la entrega de estas viviendas como un estímulo a los médicos enviados a Venezuela, quienes costearían su valor a precios ajustados, utilizado parte del dinero acumulado en la misión.
Pero las críticas al programa se han extendido a causa de la baja calidad de las construcciones.
“Huelgan los comentarios, pero al menos debemos decir que hacer firme esa decisión constituye una manera burda de aceptar lo mal hecho, la chapucería y quién sabe cuántas arbitrariedades que bien pudieran colindar con delitos. Cinco años es tiempo suficiente para haber dado no solo respuestas -que también han faltado- sino soluciones a esos reclamos”, concluyó el artículo de trabajadores.
Sin embargo, el gobierno está empeñado en cerrar las brechas de los impagos entre la población.
La pasada semana, el Consejo de Ministros se pronunció por adoptar medidas para fortalecer el control sobre las indisciplinas sociales, entre las que se enumeraron la subdeclaración de ingresos por ventas y servicios en el arrendamiento de viviendas y la implantación de una política más restrictiva para la transmisión de la propiedad de las viviendas asignadas por el Estado o células básicas construidas con subsidios.
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