Matrimonio homosexual en Cuba, ¿reivindicación o estrategia política?

 

Por Osmel Ramírez Álvarez

HAVANA TIMES – Solo 26 países del mundo, hasta ahora, permiten el matrimonio homosexual. Y en breve, tras la segura aprobación de la nueva Constitución cubana y de una Ley que ya debe estar siendo redactada, nuestro país se sumará a esa vanguardia en materia de derechos humanos.

Como el matrimonio es una institución social cuyo origen y fin es el fomento de la familia bajo las formas legales, dígase procreación y protección, evidentemente se pensó para diferentes sexos. Sin embargo, a raíz de los nuevos conceptos y formas en que la sociedad moderna enfoca la libertad y diversidad de uniones sexuales, especialmente la homosexualidad, así como su repercusión en “la familia”, más que por un problema legal proclive a resolverse con la posibilidad de un contrato de unión civil o pacto de convivencia, la lucha de los grupos LGTB por el matrimonio es reivindicativa, en busca de igualdad.

Algo comprensible en el plano de conseguir poco a poco un mayor reconocimiento social de sus derechos, más allá de si el matrimonio como tal está bien planteado o debe ser reformado también. Los prejuicios hacia la homosexualidad en nuestra cultura occidental fueron incorporados mayormente por el influjo judeocristiano. Y por tener una historia de dos milenios ha creado gran arraigo, imposible de desterrar como por arte de magia.

Las comunidades LGTB ven el derecho al matrimonio entre parejas del mismo sexo como un gran paso de avance hacia la igualdad. Si se logra que la ley no prohíba o no imposibilite sus uniones, si no están al margen de lo legal independientemente de que hagan o no uso de ese derecho, de que crean o no en el matrimonio, será más fácil conseguir un mayor nivel de respeto y aceptación social. Y además el matrimonio es la institución que tenemos para proteger los derechos de bienes al establecer un “parentesco legal” entre los cónyuges y también posibilita el tema de la adopción de niños.

Es loable que el gobierno cubano, nos guste o no, se preocupe por estar a la vanguardia en materia de derechos de los LGTB. Al menos lo referente a este derecho, al matrimonio. En aras de la sinceridad, pienso que solo gracias al modelo político y social imperante, que impone lo que sea desde el gobierno, se puede dar este “progreso” en un tema tan complejo para nuestra sociedad.

Me atrevo a decir que si estuviésemos en una democracia necesitaríamos un proceso de al menos una década para conseguirlo y lo más que se lograría ahora sería la “unión civil”. En la aceptación de la homosexualidad se ha avanzado mucho en nuestra sociedad, pero no tanto en la aceptación del matrimonio homosexual y mucho menos en materia de adopción de niños. Hay muchos prejuicios todavía y los dogmas religiosos influyen también.

Como demócrata tengo mis reservas porque sé que no se está respetando el consenso real, porque el mecanismo diseñado y usado no lo permite. Pero como persona individual, a favor del matrimonio homosexual, me alegro de que el autoritarismo nos dé al menos esta ganancia social, este otro fruto útil entre tantos otros que considero dañinos.

Pero ¿por qué la revolución cubana es vanguardista en reconocer un derecho reciente, el del matrimonio homosexual, y se rehúsa a reconocer derechos individuales y sociales de vieja data, de consenso universal como son la libertad de asociación política, de expresión, de prensa y de empresa? Y, ¿por qué precisamente lo hacen en el marco de una constitución nueva y no antes con una reforma puntual, como pedía Mariela Castro y hallaba insalvables resistencias?

Siempre se creyó que la dirección histórica de la revolución era homofóbica o al menos renuente a una visión moderna del tema. Sus pasados métodos de reclusión en la UMAP y la exclusión de los homosexuales, hasta los 90, de las filas del Partido Comunista, así lo indicaban. De pronto son la vanguardia en un tema que, ¡lo saben bien!, no está del todo aceptado socialmente. Sobre el que cuesta todavía tiempo y trabajo generar un cambio de mentalidad.

Evidentemente, más que un interés reivindicativo con un grupo social desfavorecido parece una estrategia política. Los LGTB cubanos, como el resto de este pueblo, no ganarán derechos claves como la libertad de expresión o la libertad de asociación política. Podrán casarse igual que los heterosexuales pero no vivirán en democracia.

Todo indica que la dirección del país pretende dar un toque de modernidad a una Constitución demasiado similar a la anterior en su esencia, solo más extensa y esclarecedora, con puntuales pero insuficientes avances. El cambio de nomenclatura para algunos cargos y la distribución del poder central son también parte de lo mismo.

Una estrategia dirigida evidentemente al exterior, para generar confianza y captar inversiones. A lo interno perderán los votos de los religiosos y de los homofóbicos, que no son pocos. Pero saben que aún así será aprobada, pues el sistema electoral cubano no falla. Sin embargo, es predecible que, aún siendo superior, tenga una aprobación significativamente menor que la de 1976, votada en un contexto mucho más controlado que el actual.