Ofensiva contra locales de cuentapropistas en La Habana

Por Alexis Cepero (Café Fuerte)

HAVANA TIMES — Como parte de una ofensiva contra las “violaciones urbanísticas”, el gobierno de Raúl Castro está aplicando severas medidas de control sobre los negocios particulares, muchos de ellos clausurados por las autoridades en los últimos meses.

El Instituto Nacional de Planificación Física (IPF) se ha convertido en el organismo gubernamental para aplicar mano dura contra las presuntas infracciones al urbanismo y decretar el cierre de decenas de espacios de negociantes por cuenta propia en La Habana.

La entrada en acción del IPF se produce al calor de una campaña oficial contra las irregularidades e indisciplinas sociales, localizadas muchas de ellas en el área de ordenamiento territorial y desarrollo urbanístico. En abril del pasado año, Raúl Castro nombró al General de División Samuel Rodiles Planas como presidente del IPF con la tarea de poner en orden y disciplina en esa esfera.

Según declaraciones de propietarios afectados por las disposiciones recientes, todos aquellos negocios privados que hayan sido enclavados en portales o sitios que aporten al ornato público serán cerrados y obligados a funcionar en el interior de los inmuebles.

Exigencia y control

De igual manera se elimina la posibilidad de renta de este tipo de espacios.

Asimismo, a tenor con los Decretos Ley 272 del 2001 y el 299 del pasado 14 de mayo, serán revisados todos los proyectos de instalaciones construidas específicamente para pequeñas empresas privadas, siempre con un coeficiente elevado de exigencias.

El IPF cuenta ahora con atribuciones para proceder a inspecciones y controles estatales. En esa actividad de supervisión intervienen, entre otros organismos estatales, la Fiscalía de la República, los Tribunales, las Direcciones Integrales de Supervisión de los gobiernos locales y el Instituto Nacional de la Vivienda.

“Ya sabía yo que la felicidad en casa del cubano dura poco. No nos podían dejar tranquilos mucho tiempo”, comentó Madyory Menéndez, propietaria de una cafetería que fue cerrada por estar en un portal de la transitada Calzada de Diez de Octubre, en la capital.

Según varios de los encuestados por CaféFuerte, los funcionarios del IPF informaron que en sus oficinas se ofrece datos sobre los locales estatales que el gobierno está colocando en renta para aquellos que están siendo cerrados.

No muy amables

“No fueron muy amables que digamos, solo llegaron y me dijeron que debía desmantelarlo todo y me presentaron la ley por escrito”, dijo la mujer.

El Decreto 272 regula las contravenciones en materia de ordenamiento territorial y de urbanismo, y apareció publicado en la Gaceta Oficial el 21 de febrero de 2001. Este establece que, conjuntamente con la multa al infractor, ya sea persona natural o jurídica, se pueden aplicar otras medidas, como es la obligación de hacer lo que impida la continuación de la conducta infractora, así como el resarcimiento de los daños ocasionados.

De igual manera, nombra a los inspectores de los sistemas de Planificación Física y de la Vivienda como las autoridades facultadas para imponer las multas y demás medidas. Así, el Artículo 29 estipula que si la persona a quien se le impuso la medida no cumple con ella, la autoridad gestionará que se aplique por una entidad estatal facultada, pagando el infractor los gastos incurridos en el proceso.

La medida de cierre de negocios para hacer cumplir reglas de urbanismo llega poco más de dos años después de que el gobierno liberara el trabajo por cuenta propia como alternativa económica para los cubanos.

Unos 400 mil cubanos aparecen inscritos como cuentapropistas desde que el gobierno autorizó el ejercicio privado en 181 categorías, una quinta parte de ellos registrados como elaboradores y comercializadores de alimentos.