Nicaragua aprueba ley contra terrorismo para criminalizar las protestas

Por Gabriela Selser (dpa)

HAVANA TIMES – El Parlamento de Nicaragua aprobó hoy dos leyes contra el terrorismo y el lavado de dinero a casi tres meses del inicio de las protestas contra el Gobierno, mientras el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres, pidió el cese inmediato de la violencia y la reanudación del diálogo.

El número de muertos desde que estalló la crisis a mediados de abril es “inaceptable”, dijo Guterres en declaraciones a la prensa en San José de Costa Rica, tras reunirse con el presidente de ese país, Carlos Alvarado.

La denominada “Ley contra el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva” tuvo el voto de 70 de los 91 diputados del Congreso unicameral, dominado por el gobernante Frente Sandinista, informó su titular, el sindicalista Gustavo Porras.

La ley sanciona con penas de 15 a 20 años de prisión a quien cause la muerte o lesiones a personas que no participen en un conflicto armado, destruya bienes públicos y privados, así como a quien “recolecte, capte, canalice o deposite o traslade activos (…) con la intención de que se utilicen para cometer terrorismo” y otros delitos.

La iniciativa se aprobó en medio de una grave crisis política que comenzó con protestas sociales hace casi tres meses y que ha dejado al menos 350 muertos y más de 2.000 heridos según organismos de derechos humanos no gubernamentales. Ortega y sus principales funcionarios han acusado a los promotores de las protestas de ser “golpistas”, “criminales” y “terroristas”.

El Parlamento también aprobó la “Ley de la Unidad de Análisis Financiero” (UAF, una instancia de la Policía Nacional), que amplía las facultades de esa dependencia para investigar o intervenir todo negocio y a personas sobre las que sospeche estén vinculados a actos de lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.

La bancada del opositor Partido Liberal se opuso a la iniciativa, que había sido presentada en abril pasado, por considerar que violenta el sigilo bancario y podría ser utilizada para afectar a empresarios y a opositores políticos del Gobierno de Ortega.

En su exposición de motivos, la bancada oficialista defendió la ley señalando que el Estado debe cumplir compromisos internacionales en materia de supervisión y prevención del lavado de dinero.

Mediante ambas leyes, el Gobierno podrá castigar a quien considere vinculado al terrorismo, así como notificar a la UAF sobre las personas implicadas en actividades criminales. A su vez, las entidades bancarias podrán inmovilizar fondos de cuentas individuales o de empresas sospechosas de lavado de dinero y terrorismo, explicó un legislador.

Nicaragua vive su peor crisis en 40 años, que comenzó con una protesta estudiantil el 18 de abril y se extendió por todo el país tras la violenta reacción policial.

La Organización de Estados Americanos (OEA), en tanto, abordará la crisis en Nicaragua este miércoles por tercera vez en una semana. El grupo de siete países que, con Estados Unidos a la cabeza, busca la aprobación de una resolución que exhorta a Daniel Ortega a apoyar un “calendario electoral” en el país centroamericano solicitó hoy una nueva reunión extraordinaria del consejo permanente.

Por su parte, la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, acusó a los adversarios de Ortega de tener “planes diabólicos y satánicos”, y aseguró que quienes se les oponen son “unos pocos que siembran la guerra y el odio”.

“Son una minoría llena de odio, siniestra, maligna”, dijo Murillo en declaraciones a medios oficiales. “Sacan ritos diabólicos y satánicos desde los medios de comunicación, alentados por voces que se suponen deben acompañar al pueblo en prácticas de paz y bien”, añadió en aparente alusión a la Iglesia católica.

“Vamos hacia la liberación de todo nuestro territorio (frente) al plan golpista que quisieron imponer con una infame y falsa campaña mediática nacional e internacional”, advirtió.

Esta madrugada (local) desconocidos incendiaron las oficinas del organismo católico humanitario Caritas en Sébaco, en el norte del país, según denunció el obispo Rolando Álvarez, de la provincia de Matagalpa.

El atentado a Caritas ocurre después de conocerse amenazas en las redes sociales y en medios informativos oficialistas contra sacerdotes y obispos del país que han apoyado las protestas contra el Gobierno.

“Hacemos un llamado a la reflexión y el cese de la violencia. No podemos seguir destruyéndonos entre nosotros”, dijo el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Leopoldo Brenes, en declaraciones este lunes al canal 12 de televisión.

En tanto, la ONG Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) presentó un recurso de habeas corpus a favor de los líderes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, arrestados el pasado viernes y que, según la Policía, serán acusados de terrorismo. Familiares de los detenidos dijeron desconocer su paradero.

Francisca Ramírez, también líder campesina, exigió en un video la libertad de Mairena y Mena, y calificó a Ortega y Murillo de “criminales y asesinos”. “Vamos a seguir en las calles pacíficos y cívicos hasta que se vayan”, afirmó Ramírez.

En Managua, varios cientos de estudiantes realizaron una marcha desde la sede de la Universidad Centroamericana (UCA) hasta la cárcel de El Chipote, para reclamar la liberación de manifestantes detenidos por la Policía.

ULTIMA HORA:

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció este martes que la Ley sobre terrorismo aprobada recientemente por el Parlamento de Nicaragua puede usarse para criminalizar la protesta pacífica, reporto EFE.

“El texto es muy vago y permite una amplia interpretación que podría provocar que se incluyera (en la definición de terrorista) a personas que simplemente están ejerciendo su derecho a la protesta”, afirmó en rueda de prensa el portavoz de la Oficina, Rupert Colville.