El alto tribunal atendió una demanda de comunidades indígenas y afrodescendientes que viven en un sector rural del municipio de Montelíbano, en el caribeño departamento de Córdoba, que aseguran que la actividad de la minera Cerro Matoso les ocasiona problemas respiratorios, dermatológicos y oculares.
Según la Corte Constitucional, Cerro Matoso debe asumir el costo de los exámenes, que serán practicados por el Instituto de Medicina Legal, organismo estatal que tendrá un plazo de seis meses para entregar los resultados.
Las actividades de Cerro Matoso, que explota níquel y produce aleaciones de hierro, se realizan cerca de Montelíbano, a 400 kilómetros al noroeste de Bogotá.
La minera es controlada por la multinacional BHP Billiton y tiene un permiso del Estado colombiano para realizar actividades de explotación hasta el año 2029.
Presentamos las noticias internacionales en breve recopilada por Democracy Now el viernes 3 de mayo de 2024.
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