Estas violaciones a los derechos indígenas se cometieron durante la construcción de la hidroeléctrica Chixoy en 1975.
La represa, considerada la más grande de Centroamérica, fue construida a finales de la década de 1970, provocando el desplazamiento de comunidades enteras de descendientes mayas.
Los habitantes que se negaron a abandonar sus tierras fueron masacrados por el ejército guatemalteco con la excusa de que estaban vinculados con la guerrilla. Así lo ha reconocido el propio Estado.
“Pido las disculpas por los atropellos y violaciones a los derechos humanos que sufrieron cada una de las comunidades y lo hago en nombre del Estado de Guatemala”, dijo el presidente Pérez Molina.
Paradójicamente, tres décadas después la mayoría de las comunidades, integradas por unas 6 mil familias, carecen de servicios básicos como energía eléctrica.
Por su parte, Juan de Dios García, representante de los indígenas guatemaltecos, denunció que la construcción de la represa violó los derechos humanos de pueblos enteros.
Acusó al Banco Interamericano de Desarrollo, por financiar la construcción. “Fueron cómplices de todas las violaciones a derechos humanos que sufrimos”, señaló Dios García.
Las comunidades y el gobierno de Guatemala participaron en la presentación pública del acuerdo para el Plan de reparaciones que asciende a 153 millones de dólares.
El dinero será entregado en un plazo de 15 años para las 33 comunidades. (Pablo Florencio Salazar – Agencia Púlsar)