Según las autoridades, este decreto tiene el objetivo de atraer las inversiones privadas.
Sin embargo, diversas organizaciones sociales e indígenas alertan que el decreto, llamado el “Cuarto Paquetazo” atenta contra el derecho a la propiedad de las comunidades campesinas y nativas del país.
Una de las características del cuestionado proyecto es que otorgará derechos de servidumbres, derechos de vía y localización de área en los llamados “terrenos eriazos”.
Sin embargo, la congresista de oposición, Verónika Mendoza advierte que este proyecto no contempla la realidad del país.
“El problema es que en nuestro país los derechos de propiedad y posesión no están claramente reconocidos, menos los de las comunidades campesinas y nativas”, señala Mendoza.
“Cerca de 4 mil comunidades no están tituladas y por lo tanto podría asumirse equivocadamente que el territorio que ocupan está libre”, alerta la congresista.
“No es necesario pisotear los derechos ciudadanos para atraer inversiones. Las inversiones no son un fin en sí mismo sino una herramienta para construir bienestar para la gente y no al revés”, aseveró Verónika Mendoza.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha enviado al Congreso varias recomendaciones en relación a los peligros del proyecto de ley 3941. Por ejemplo, que su aplicación puede generar una situación de desprotección del derecho de la propiedad de las comunidades campesinas y nativas.
Además, Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, señala que el cuestionado decreto debe pasar por un proceso de consulta previa porque dicha norma está afectando derechos colectivos. (Agencia Púlsar)