La escalera es de doble vía

Fernando Ravsberg*

HAVANA TIMES — La joven productora independiente de películas, Claudia Calviño, me explica que el Instituto de Cine de Cuba (ICAIC), se ha convertido en el representante del Estado entre los creadores, cuando en realidad se necesita que sea todo lo contrario.

El problema no es exclusivo del cine, ocurre prácticamente en todas las facetas de la vida de la nación porque es parte del modelo de la antigua Unión Soviética, donde todas las organizaciones que nucleaban “masas” debían ser dirigidas desde el Partido.

En Cuba los secretarios de la central sindical (CTC) son cuadros comunistas, al igual que lo es el liderazgo de la Federación de Mujeres, los dirigentes de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y hasta los jefes de la asociación de agricultores.

Algunas de estas organizaciones han perdido el arraigo popular que un día tuvieron, en sus reuniones el debate es escaso y se aprueban por unanimidad todas las directrices, sabiendo que son acuerdos formales, letra muerta que al final pocos cumplirán.

Muchas de ellas están dirigidas hoy por funcionarios profesionales, obligados por disciplina a impulsar todas las orientaciones de la estructura partidaria, incluso cuando estas no responden a los intereses de las bases que deberían representar.

En todos los años que llevo en Cuba nunca vi a la CTC reclamar aumentos salariales a pesar de que es una demanda clave de los trabajadores. Y encontré unos CDR tan verticales que es imposible hacer una actividad entre 2 comités sin permiso de “las instancias superiores”.

Lo mismo ocurre con las autoridades legislativas, en la Asamblea Nacional del Poder Popular los diputados que son destituidos del Partido desaparecen también de su escaño en el parlamento, a pesar de que habían sido electos por la población.

La nación carece de contrapesos para que los diferentes sectores sociales puedan ejercer presión en favor de sus intereses, que no necesariamente son siempre los mismos ni se integran entre sí con la armonía que preveían los manuales soviéticos.

Cada grupo poblacional tiene reivindicaciones propias y en Cuba la participación popular está hambrienta de canales para trasladar sus demandas a los centros de poder y de representantes dispuestos a exigir que estas sean debidamente atendidas.

La institucionalización del país es uno de los objetivos del gobierno de Raúl Castro y dar autonomía a las organizaciones de la sociedad civil podría ser un paso en esa dirección, de forma que cada una recupere en la práctica el rol que teóricamente debe cumplir.

¿Caería el gobierno si el próximo 1 de Mayo los sindicatos aparecieran con una pancarta exigiendo un aumento salarial, si la Federación de Mujeres denunciara la violencia doméstica con cifras o si los campesinos reclamaran importar tractores para sus fincas?

¿Sobrevendría el caos si en el parlamento hubiera un primer voto en contra, si los CDR de mi barrio demandaran a las empresas estatales que nos rompen las calles o si la Federación de Estudiantes Universitarios promoviera la asistencia libre a las aulas?

Seguramente no habría un Armagedón político, como tampoco se vació la isla cuando se eliminaron las restricciones migratorias, lo cual hace que muchos cubanos se pregunten por qué se mantuvo tanto tiempo una prohibición tan impopular como innecesaria.

Refundar las organizaciones de la sociedad civil, entregándoselas a la gente podría servir para que sus bases se identifiquen más con ellas y se sientan mejor representadas, dejando espacio a un debate más participativo y de carácter permanente.

Un político centroamericano me comentaba que en su país aún está pendiente la construcción de muchos de los peldaños necesarios para empoderar a la sociedad civil mientras que en Cuba ya existe la escalera, “el problema es que solo la usan para bajar”.