Decreto Ley 35, para callarnos la boca

Por Irina Echarry

HAVANA TIMES – El 17 de agosto salió publicado en la Gaceta Oficial, el Decreto-Ley No.35 De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico.   

En esa nueva legislación aprobada por la Asamblea del Poder Popular desde el mes de abril, el gobierno arremete otra vez contra uno de sus más famosos “enemigos”: Internet. A partir de ahora habrá otra herramienta legal para que el Estado censure y controle aún más las publicaciones en el ciberespacio. Otra, porque el Decreto Ley 370 publicado en 2019 aún está vigente.

En los últimos años las redes sociales se han convertido en un dolor de cabeza para el gobierno. Desde perfiles bien variados los usuarios denuncian, critican y ridiculizan a la casta dirigente, sobre todo por su distanciamiento con la realidad del país y sus políticas fallidas. 

Este nuevo decreto ley penaliza la difusión de noticias falsas, la publicación de mensajes ofensivos o difamaciones que atenten contra el “prestigio del país”. Una amiga me comenta que no queda claro qué entienden por difamaciones, cuándo se considera una noticia falsa y a qué se refieren con eso del “prestigio”, pero asegura que en todos los países debe haber marcos regulatorios para el uso del internet.

En esa misma ambigüedad, y con el habitual lenguaje bélico, hay tipificaciones de ciber-seguridad con niveles de peligrosidad Muy Alto para el ciber-terrorismo, la ciber-guerra y la subversión social, donde se incluye: intentar subvertir el orden público y promover la indisciplina social.

Le digo a mi amiga que, si leemos bien, no hay nada que aclarar. El primero de una larga lista de objetivos generales del Decreto Ley 35 es “Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución”. No asombra que todo lo demás se enfoque en cumplir ese objetivo. Si hay algo que no esté suficientemente explicado no es por casualidad.  Al contrario, pudiera servir de socorro para encauzar a algunos “delincuentes” digitales, cuyo “delito” no haya sido tipificado aún.  

La internet ha sido determinante para el periodismo independiente que, como está hecho por humanos, a veces se equivoca, pero es una parte indispensable para conocer y comprender el país en que vivimos.

Los periodistas independientes han estado siempre en la mira del gobierno, los que ellos dicen que son “pagados por el imperio” y los que no; solo por reflejar lo que la prensa oficial no puede ya es suficiente para resultar incómodos.

Con este decreto ley, también, el Estado intenta silenciar a los cubanos que han encontrado en las redes sociales la plataforma donde desarrollar un activismo cívico y político. Es en lo que piensan cuando intentan “impedir que los servicios de telecomunicaciones/TIC se utilicen para atentar contra la Seguridad y el Orden Interior del país”.

La vida ha cambiado después del 11J, aunque el país continúe sus actividades, algunas personas se resisten a que todo siga igual. Y ha sido en las redes donde hemos podido conocer la magnitud de lo sucedido a raíz de las manifestaciones: los arrestos, las desapariciones, los juicios sumarios, todas las arbitrariedades cometidas contra las personas que salieron a la calle gritando libertad.

Entre los castigos que nos trae el decreto se lee bien claro: “suspender, en coordinación con las autoridades competentes, el servicio o terminar el contrato de los usuarios que utilicen los servicios contratados”… para hacer lo que al gobierno le molesta. Es lo que sucedió el 11J cuando Etecsa -por orientaciones del gobierno- dejó sin servicio de datos móviles al país.

No hubo respeto a los usuarios que pagan el servicio bastante caro, lo importante era tratar de impedir que las personas siguieran viendo los videos de las manifestaciones que surgían en varios lugares, no se organizaran y no hicieran lo mismo en sus ciudades.

Comparto la idea de frenar a quienes pretendan “realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana; de contenidos discriminatorios; que genere acoso; que afecte la intimidad personal y familiar; la identidad, integridad y el honor de la persona; la seguridad colectiva, y el bienestar general”.  Eso estaría muy bien si no hubiera un objetivo bien redactado al inicio, repito: “Coadyuvar a que la utilización de los servicios de telecomunicaciones sean un instrumento para la defensa de la Revolución”.

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