Marlene Azor Hernández

Hoy las políticas públicas son erróneas con relación a los derechos laborales, la remuneración del trabajo estatal, la libertad de creación cultural, la infraestructura y los planes de educación y el salario de los profesores y maestros.

En Cuba no existen las carreras universitarias de Ciencias Políticas ni Administración Pública. Algunos postgrados de Administración Pública impartidos por profesores de Economía y Derecho pretenden entrenar a los funcionarios públicos en gestionar una institucionalidad heredada de la antigua Unión Soviética.

Nuestro Parlamento se reúne dos veces al año, unos días en julio, otros en diciembre y aunque existen las Comisiones permanentes de la Asamblea Nacional estas no rinden cuenta de su trabajo el resto del año a la opinión pública nacional.

El gobierno cubano prohíbe la difusión de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en la Isla, pero igualmente no permite a la opinión pública nacional conocer las Convenciones que el gobierno ha ratificado y, mucho menos, el estado de cumplimiento e incumplimiento de las Convenciones que tiene que aplicar en su legislación interna como Estado Parte, una vez que las ratifica.

La posición cubana es ampliamente conocida, y es similar a la propuesta de los ex países del “socialismo real”, a saber, los Derechos económicos, sociales y culturales son los más importantes, mientras que los derechos civiles y políticos son maniobras del imperialismo o del capitalismo occidental para producir un cambio de régimen político.

¿Qué hace el gobierno cubano ante una situación límite “jugando con los soldaditos de plomo”? Para los propios gestores, tanto despilfarro no tiene otra función real que el juego de símbolos. Mientras tanto escasean medicamentos y comida accesible para la población trabajador.

Utilizando una doble cara con relación a los derechos humanos en Cuba, el gobierno prohíbe este tema en la opinión pública del país, mientras defiende en la ONU ser un respetuoso de ellos.

Hoy, 28 del octubre, Cuba aspira a reelegirse para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, el gobierno de la Isla no ha ratificado los Pactos de Derechos Humanos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos que firmó en el 2008.

El índice de pobreza en Cuba no se publica, el salario mínimo tampoco, el costo de la canasta básica individual y familiar tampoco. La publicación sobre el monto de las pensiones está ausente. Sobre este mecanismo “secreto” el gobierno decide sin consulta, implementar impuestos sobre la Seguridad social y sobre el ingreso.