Las tácticas intimidatorias del Gobierno venezolano incluyen el arresto arbitrario y la deportación

Por John Otis*

Periodistas cubren la liberación de cinco colegas detenidos brevemente en Caracas en enero. El número de detenciones arbitrarias de periodistas locales y extranjeros que cubren la crisis política y económica de Venezuela se está incrementando. (AFP/Juan Barreto)

HAVANA TIMES – Cuando funcionarios militares venezolanos detuvieron al periodista freelanceestadounidense Cody Weddle el 11 de marzo, la experiencia fue aterradora y extraña al mismo tiempo. De acuerdo con Weddle, los agentes le pusieron una capucha y lo presionaron a que revelara fuentes con las que nunca había hablado.

Los agentes insinuaron que el periodista trabajaba para la CIA y sería acusado de traición. Luego se llevaron máscaras antigases y chalecos protectores de su apartamento de Caracas. Y, como carecían de artículos de oficina, los agentes improvisaron una almohadilla de tinta rompiendo uno de sus bolígrafos para tomar las huellas digitales de Weddle.

Weddle, quien llevaba cuatro años radicado en Venezuela, fue liberado a las 12 horas y luego fue deportado. Al periodista, quien transmitía sus noticias al canal de TV del sur de Florida WPLG y al diario británico The Telegraph, nunca se le dijo por qué lo habían arrestado. “Había mucha confusión”, Weddle declaró en entrevista telefónica con el CPJ desde Virginia, su estado de origen. “Todo parecía muy improvisado”.

Las organizaciones defensoras de la libertad de prensa consideran que este arresto se inserta en una preocupante tendencia. Ante la agudización de la crisis política y económica venezolana, estas organizaciones sostienen que el autoritario Gobierno del presidente Nicolás Maduro está incrementando los arrestos de periodistas. Weddle es uno de 39 periodistas detenidos en lo que va de año, según el Instituto Prensa y Sociedad Venezuela (IPYS Venezuela), con sede en Caracas. Ello representa un aumento en comparación con las 22 detenciones que el IPYS documentó durante todo 2018.

El Gobierno “está tratando de intimidar y desmovilizar a los periodistas”, declaró al CPJ Mariengracia Chirinos, analista del IPYS. “Informar en Venezuela se ha convertido en una actividad mucho más riesgosa”.

En algunos casos, los periodistas habían informado sobre temas sensibles.

Weddle, por ejemplo, transmitió noticias sobre el creciente malestar antigubernamental en las poderosas fuerzas armadas en momentos en que Estados Unidos y decenas de países reconocían al líder opositor Juan Guaidó como el legítimo presidente del país.

Pero otros periodistas y camarógrafos han sido arrestados por actos aparentemente más inofensivos, como filmar grafitis antigubernamentales o reportear cerca del Palacio Presidencial de Miraflores, en Caracas.

Carlos Correa, director de Espacio Público, organización defensora de la libertad de expresión con sede en Caracas, expresó que las detenciones por lo general duran menos de 24 horas. De esa manera, precisó, el Gobierno puede amedrentar a los periodistas sin la repercusión que podría sobrevenir al encerrarlos por períodos más prolongados.

Además, ante el peor desplome económico en la historia de Venezuela, los reporteros y camarógrafos están denunciando que los agentes de seguridad que los detienen, cada vez más se están apropiando de costosos equipos de trabajo, afirmó Correa.

“Arrestar a periodistas supone relativamente pocos costos para el Gobierno, mientras que los que realizan las detenciones se benefician al robar sus equipos”, Correa declaró al CPJ.

Debido a los apagones que ocurren en toda Venezuela, el CPJ no pudo comunicarse con el Ministerio de Comunicación para solicitar una declaración.

Entre los periodistas detenidos desde comienzos de año se encuentran 22 corresponsales de medios internacionales. Nadie parece estar inmune.

El 25 de febrero, por ejemplo, Jorge Ramos, el presentador estrella de la cadena Univisión, fue detenido brevemente junto con su equipo periodístico en el Palacio de Miraflores. La detención ocurrió después de que Maduro abandonara abruptamente una controvertida entrevista durante la cual Ramos le preguntó si debía dirigirse a Maduro como “presidente” o como “dictador”.

Ramos, a quien el CPJ galardonó con el Premio en Memoria de Burton Benjaminen 2014, fue detenido brevemente en una habitación oscura y fue registrado. Las cuatro cámaras y las tarjetas de memoria del equipo periodístico fueron confiscadas y no fueron devueltas. Poco después, todo el equipo de Univisión fue expulsado de Venezuela.

“Apenas probamos el acoso y el abuso que los periodistas venezolanos han estado sufriendo durante años”, escribió Ramos en el New York Times.

Luis Carlos Díaz, periodista radial y activista digital venezolano, recibió un tratamiento mucho más violento. Díaz fue capturado por funcionarios de inteligencia el 11 de marzo cuando regresaba a casa en motocicleta al terminar su trabajo en Unión Radio, en Caracas. Su arresto ocurrió tres días después de que Diosdado Cabello, un político partidario de Maduro, mostrara un videoextensamente editado de Díaz en su programa de TV. Cabello acusó al periodista de conspirar para sabotear el sistema eléctrico del país durante un período de apagones nacionales.

Chirinos, la analista del IPYS, declaró que Díaz había sido maltratado durante su detención y que agentes lo habían golpeado en la cabeza con su casco de motociclista. Los agentes lo amenazaron con arrestar a la esposa e implicar a la pareja en un homicidio, afirmando que había un cadáver en el apartamento de ambos. Durante el registro del apartamento, los agentes robaron varios dispositivos electrónicos y dinero en efectivo.

Ante la indignación internacional, inclusive declaraciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, Díaz fue liberado luego de permanecer detenido unas 24 horas. Lo acusaron de “incitación al delito” en relación con los apagones eléctricos. Díaz debe informar a las autoridades de su paradero cada ocho días, permanecer en Venezuela y abstenerse de ofrecer declaraciones a los medios sobre el trato que recibió durante su detención.

Tanto Chirinos como Correa pronosticaron que, a medida que las condiciones empeoren a causa de las sanciones económicas de Estados Unidos, el régimen de Maduro podría intensificar su campaña contra la prensa.

Para evitar problemas, precisó Chirinos, los periodistas deben trabajar en presencia de colegas que puedan ayudar a hacer correr la voz si los detienen. Chirinos señaló que los periodistas deben ser particularmente cuidadosos al trabajar en noticias sobre temas sensibles y que los corresponsales de medios internacionales podrían reducir los riesgos publicando sus trabajos luego de salir del país.

“No vale la pena ser arrestado o muerto por ninguna noticia”, expresó Chirinos.
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*John Otis es corresponsal del Commitee to Protect Journalists (CPJ) para la región andina