Las autoridades y los manifestantes arremeten contra la prensa en Ecuador

Manifestantes chocaron el miércoles con antimotines en Quito, Ecuador. La protesta comenzó contra el presidente Lenin Moreno por su decisión to cortar los subsidios al combustible como parte de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para recibir nuevos prestamos.  Foto by Rodrigo Buendia / AFP

HAVANA TIMES — El Comité para la Protección de los Periodistas instó hoy a las autoridades ecuatorianas y a los manifestantes que participan en la actual ola de protestas en ese país a cesar el acoso y los ataques contra los periodistas que cubren las protestas.

Conforme llegan a su séptima jornada las protestas contra la decisión adoptada por el Gobierno ecuatoriano de eliminar los subsidios al combustible, los periodistas y los medios de prensa continúan siendo blanco de actos de violencia y ataques por parte de las autoridades y los manifestantes, según los medios locales. Al 8 de octubre, Fundamedios, organización ecuatoriana que defiende la libertad de prensa, había documentado 59 violaciones contra la prensa, consistentes en detenciones, amenazas y actos de violencia.

La violencia contra los periodistas y los trabajadores de la prensa provino tanto de las fuerzas de seguridad —tal como el CPJ lo documentó el 4 de octubre— como de los manifestantes y miembros de sindicatos, movimientos sociales y grupos indígenas que participaban en las protestas, según un comunicado conjunto de varias organizaciones ecuatorianas de derechos humanos, entre ellas la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), la Comisión Ecuatoriana de Derechos Humanos, el Observatorio de Derechos y Justicia (ODJ Ecuador) y Fundamedios. Varios periodistas y medios, incluso medios extranjeros como Noticias Caracol, de Colombia, informaron en Twitter que actos de violencia por parte de los manifestantes les habían impedido cubrir los acontecimientos.

“Conforme suceden los acontecimientos en Ecuador, es de vital importancia que las autoridades puedan garantizar que los periodistas puedan cubrir las manifestaciones con libertad y sin sufrir perjuicios ni represalias por parte de las fuerzas de seguridad, los funcionarios gubernamentales y los manifestantes”, declaró Natalie Southwick, coordinadora del Programa de Centroamérica y Sudamérica del CPJ, desde Nueva York. “Las organizaciones que participan en las protestas o que velan por su orden deben comprender el papel fundamental que los periodistas desempeñan en la cobertura de estos hechos, y deben abstenerse de impedir u obstruir la labor de la prensa”.

Algunas de las violaciones cometidas contra los periodistas y los medios informativos que cubrían las protestas son las siguientes:

El 4 de octubre, Leyda Angulo, corresponsal de Radio Olímpica, y Geovanny Astudillo, corresponsal de TV Cisne, fueron detenidos por agentes policiales cuando cubrían protestas en Nueva Loja, según INREDH. Varias horas después, ambos fueron liberados sin que las autoridades les formularan cargos, según informaciones de los medios locales y Fundamedios publicadas en Twitter.

Jacqueline Rodas, periodista de Ecuavisa, expresó en un tuit publicado el 7 de octubre que comunidades indígenas que participaban en las protestas le habían impedido cubrir la concentración en el parque El Arbolito en Quito: “Ven una cámara y te agreden”, declaró. Ese mismo día, varios canales de TV y radioemisoras salieron del aire en Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo, cuando dirigentes indígenas tomaron las antenas instaladas en el cerro Pilisurco, según Fundamedios.

El 8 de octubre, agentes policiales detuvieron a Camila Martínez, corresponsal en Guayaquil de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), durante una protesta que se realizaba en el sector Urdaneta de Guayaquil, Apawki Castro, director de Comunicaciones de la CONAIE, declaró al CPJ. Martínez fue acusada de una contravención por haber “maltratado, insultado o agredido” a un agente policial, y fue sentenciada a cinco días en prisión, según Abraham Aguirre, abogado de Martínez, quien habló con el CPJ por vía telefónica. Aguirre le confirmó al CPJ que Martínez seguía detenida en el Regimiento Urdaneta, en Guayaquil.

También el 8 de octubre, la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado allanaron la sede de la radioemisora Pichincha Universal, por el presunto delito de “incitación a la discordia entre ciudadanos”, según un comunicado publicado por la radioemisora en Twitter. La radioemisora pertenece a la Prefectura de Pichincha, que está dirigida por un miembro del partido político Alianza PAÍS, que se opone al presidente Lenín Moreno y apoya las manifestaciones, según Fundamedios.

El CPJ llamó a la Policía Nacional del Ecuador y a la Fiscalía General del Estado para obtener una declaración, pero nadie contestó el teléfono.



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