Trabajo por cuenta propia y protección laboral frente a la COVID-19

Por Rachel D. Rojas  (Progreso Semanal)

Ileana Díaz, Coordinadora de la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana.

HAVANA TIMES – Si alguna arista positiva tienen las crisis es que, haciendo añicos la cotidianidad como estaba concebida, transformando abruptamente la vida en sus tiempos y espacios, transparentan de forma irreductible las vulnerabilidades y fortalezas de los sistemas en que existimos.

Las más creativas iniciativas de solidaridad y cooperación se han esparcido por Cuba en tiempos de Coronavirus, pues no todos han llegado con las mismas posibilidades, preparación u opciones para enfrentar las particulares condiciones de vida que impone el enfrentamiento al virus. Algunas personas están más expuestas, desde todos los órdenes, que otras.

Entre estas acciones está el monitoreo del sector cuentapropista realizado por la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana, el cual brinda el conocimiento y la capacidad de análisis de numerosos investigadores, con el fin de arrojar luces sobre los grupos en desventajas y la búsqueda de soluciones equitativas.

Hasta el momento, la situación de los trabajadores contratados, los autónomos y los informales ante las medidas que ha anunciado el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social centra la atención de los miembros de la Red y la de un grupo de emprendedores con quienes trabajan de conjunto, según me explicó durante una entrevista para Progreso Semanal a través de WhatsApp la coordinadora de la Red, Ileana Díaz.

Dueños y empleados: juntos, pero no revueltos

“Al trabajador contratado, de acuerdo con las medidas adoptadas, los empleadores le deben pagar el salario mínimo. El problema radica en que, si el dueño no logra tener ingresos durante más de un mes, tendría mucha dificultad para poder pagar incluso ese salario mínimo. Ante esta situación ese empleado estaría desprotegido, porque a lo máximo que podría acceder entonces sería a la Asistencia Social”, plantea la investigadora cubana.

Durante la conversación aclara que no hay nada establecido sobre la necesidad de que los dueños de negocios dispongan de un fondo de contingencias. Estos pagan ya el impuesto por la contratación de fuerza de trabajo, el cual, según explica Ileana sobre esta política recaudatoria en específico, se trata de “un desincentivo para crecer. Al comienzo este impuesto se pagaba a partir del quinto trabajador contratado, y ahora se paga desde el primero”.

Entre las medidas anunciadas en las últimas semanas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social está que en las actividades de trabajo por cuenta propia (TCP) cuyo nivel de actividad disminuya, pero continúen prestando servicios, el empleador garantiza a los trabajadores contratados una remuneración en proporción al tiempo real trabajado, que no puede ser inferior al salario mínimo del país, según lo dispuesto en la Ley No. 116, Código de Trabajo del 20 de diciembre de 2013.

Condicionante principal: que “continúen prestando servicios”. Algo que se dificulta más cada día con la paralización de servicios asociados, como el transporte público, los grandes centros comerciales y la regulación de numerosos productos en cuanto a las cantidades que está permitido comprar. Dificultad para recibir clientes, buscar insumos y lograr que los trabajadores puedan llegar al lugar.

Para aquellos titulares de negocios que han debido cesar completamente su actividad está permitida la solicitud de suspensión temporal del trabajo, y por lo tanto el pago de sus impuestos (con excepción de la seguridad social), hasta que dure el estado de cuarentena indicado por las autoridades sanitarias y epidemiológicas del país. Pero no se menciona en estas medidas a los trabajadores contratados por estos dueños cesantes.

“De igual forma está el caso de los trabajadores autónomos, aquellos que verdaderamente son trabajadores por cuenta propia, descritos bajo el régimen simplificado de pago de impuestos, a quienes generalmente solo se les permite contratar a una persona y también son actividades difíciles de seguir realizando en este escenario: profesores de música, repasadores, etc. Sobre esto tampoco ha habido algún pronunciamiento”, explica Ileana Díaz.

Otro aspecto, comenta la profesora, estuvo enfocado en el caso de los trabajadores informales. “Hay un conjunto de personas que ni estudian ni trabajan, que viven en la informalidad, cuyas redes se ven troncadas a partir del aislamiento físico que debe asumirse en estos tiempos. Estos casos pierden su sustento y, más allá de que sea legal o no, siguen siendo seres humanos que quedan desprotegidos”.

Justo y complejo, pero justo

Los problemas de la economía cubana no aparecieron con la crisis que representa el nuevo Coronavirus en la Isla, por el contrario, se han agudizado con ella. Las medidas que el estado ha presentado en las últimas semanas tienen sus costos concretos, y los impactos negativos son aún difíciles de prever, dado el alto componente de incertidumbre que nos acompaña.

El Viceministro Primero de Finanzas y Precios, Vladimir Guerrero Ale, dio dos cifras durante su participación en el programa televisivo Mesa Redonda que reflejan una mínima parte de estas consecuencias. Son ya 139 mil solicitudes de suspensión temporal de licencias, las cuales implica una afectación al presupuesto de 99 millones de pesos, y ha habido alrededor de 13 mil trabajadores por cuenta propia a los cuales los gobiernos de sus territorios les redujeron el monto de la cuota mensual de su licencia, que significa 2 millones de pesos menos a las arcas del estado. Y aquí ni siquiera estamos hablando de la grave recesión que presenta el sector del turismo, hasta hace poco entre las fuentes fundamentales de ingresos del país.

Sin embargo, no existe forma de salvaguardar a todos sin recursos. Más y más recursos.

Las soluciones que ha manejado la Red de Emprendimiento de la Universidad de La Habana, como explicó la profesora Ileana, implican también emplear recursos. “En el caso de los trabajadores contratados y los autónomos, lo que veíamos como una opción fue el crédito. En el caso de los contratados un crédito que se le otorgue a los dueños, con una tasa ínfima, o cero, y una amortización de un año, donde se cubriera el salario no mínimo, sino el medio del sector empresarial estatal para esos trabajadores. No van a ser todos, porque no necesariamente todos han cerrado, no todas las provincias tienen la misma situación, etc. Habría que evaluar caso a caso. En el caso de los autónomos, igual, se podría otorgar un crédito directamente a ellos para la supervivencia a esta situación”, explica Díaz.

También fue debatido dentro de la Red a través de correos electrónicos la creación de fondos a partir de la contribución territorial. Por otra parte, mirando al futuro y al necesario impulso que de seguro requerirá el TCP en Cuba cuando concluya este período de aislamiento físico y nefastas repercusiones económicas, se propone la idea de crear fondos solidarios.

En palabras de la investigadora, estos “se utilizan en muchos países, a partir de donaciones que pueden venir de cualquier parte, del estado, de organizaciones no gubernamentales, de personas particulares, de otros negocios, etc., con el fin de apoyar la reanimación del TCP. Habrá que apoyarlos de algún modo, para que sigan siendo parte del tejido empresarial del país”.

“Uno de los problemas que se muestra mejor a la luz de los actuales acontecimientos —dice— es el hecho de que los TCP no están aprobados jurídicamente como micro, pequeñas y medianas empresas. Por tanto, es una figura complicada, porque están lo mismo los dueños de negocios, que los trabajadores empleados. Y tienen diferentes particularidades, incluso de cara a las propias medidas que el gobierno ha establecido en estos días”.

“Sabemos que no es sencillo”, concluye Ileana. “La economía del país no estaba en las mejores condiciones y ahora se ha complejizado en medio de la pandemia y el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba”. Lo saben los profesores, las autoridades del país y la población en general.



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