Rolando Álvarez cumple 9 meses de detención arbitraria
La condición del obispo nicaragüense es de “secuestro”, explican abogados
El 19 de agosto de 2022, monseñor Álvarez fue secuestrado por la Policía de la Curia Episcopal de Matagalpa y desde entonces la dictadura ha cometido una cadena de abusos en su contra
HAVANA TIMES – Este viernes 19 de mayo se cumplen nueve meses del asalto a la Curia Episcopal de Matagalpa por oficiales de la Policía, que bajo órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo secuestraron al obispo Rolando José Álvarez.
Aproximadamente siete horas después del allanamiento, la Policía orteguista informó que monseñor Álvarez, quien también es el administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, estaba en “resguardo domiciliar” en Managua. Desde entonces el obispo se mantiene privado de libertad arbitrariamente, alegan abogados.
El 13 de diciembre de 2022, el régimen presentó a monseñor por primera vez desde su secuestro en los Juzgados de Managua, para ser acusado “formalmente” por la Fiscalía por los delitos de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad nicaragüense”.
matagalpino de intentar “desestabilizar el país”, supuestamente “con el propósito de desestabilizar al Estado de Nicaragua y atacar a las autoridades constitucionales”, sin embargo, el hostigamiento contra el obispo data desde 2018, por su participación como mediador en el fallido Diálogo Nacional de ese año y por denunciar los abusos de la dictadura contra los nicaragüenses.
El 9 de febrero pasado fue trasladado de la casa de sus familiares en Managua a cárcel La Modelo, tras negarse a salir del país junto con otros 222 presos políticos que fueron desterrados y enviados a Estados Unidos.
Un día después, la dictadura en un juicio político y adelantado lo condenó a 26 años y cuatro meses de prisión y lo despojó de su nacionalidad nicaragüense.
Figura penal de secuestro
La abogada e investigadora Martha Molina afirmó que monseñor Álvarez continúa bajo la figura penal de secuestro porque a “él nunca se le respetaron las garantías del debido proceso establecidas en la Constitución Política de Nicaragua y en las leyes penales del país. Él fue sustraído arbitrariamente de su domicilio mientras se encontraba rezando y sin haber cometido delito alguno”, argumentó la experta.
Además señaló que aunque la dictadura actualmente diga que el obispo se encuentra en un régimen carcelario común, “a nadie le consta dónde se encuentra secuestrado por el secretismo del régimen hacia ese caso” y agregó que “en todo caso las cárceles de Nicaragua han sido señaladas por los organismos de derechos humanos internacionales y nacionales de cometer más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.
A nueve meses de la detención de monseñor Álvarez, el defensor de derechos humanos Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, da una lectura similar a la de Molina, argumentando que “desde el inicio de su privación de libertad hay un acto arbitrario, inconstitucional y violatorio a sus derechos y garantías”.
También afirmó que “en estos nueve meses hay una sumatoria de una comisión de actos que se convierten en una cadena de abusos de poder que incluyen la indefensión absoluta, el derecho a la presunción de inocencia, el derecho de él a conocer los motivos de su detención legal, de acuerdo a lo que establece la Constitución y nada de eso ha sido respetado. Imposible que encontremos una legalidad en todo esto”.
El primer obispo detenido en Nicaragua
Álvarez, de 56 años, es el primer obispo arrestado y acusado desde que Ortega retornó al poder en Nicaragua en 2007.
Antes de su detención (19 de agosto de 2022), monseñor Álvarez pasó 15 días confinado junto con otros religiosos y laicos en la Curia Arzobispal de Matagalpa, quienes fueron acusados por los mismos delitos y desterrados a Estados Unidos.
La Policía, dirigida por el consuegro de Ortega, Francisco Díaz, acusó en agosto pasado al obispo