Relatoras de la ONU solicitan información sobre presunta esclavitud de cooperantes médicos
HAVANA TIMES – Dos relatoras de las Naciones Unidas solicitaron al Gobierno de Cuba, en noviembre de 2019, información sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por médicos cubanos cooperantes en el extranjero.
La petición, que reconoce la consolidación del Sistema Nacional de Salud y la gratuidad de los estudios universitarios en el Archipiélago, resalta el aporte del tratamiento médico a un alto número de personas que, de otra manera, no hubieran tenido acceso a servicios de salud.
“Sin embargo, quisiéramos expresar nuestra preocupación por las condiciones de trabajo y de vida que estarían afectando a los médicos cubanos enviados al exterior para prestar sus servicios”, destacan.
Entre las principales inquietudes remitidas sobresale el régimen de trabajo de los especialistas, superior a las 64 horas por semana —48 de turnos normales, más 16 de guardias de fin de semana— y que ilustra una posible explotación laboral.
El documento alega que los cooperantes “no recibirían un contrato de trabajo o si los tuvieran, no siempre recibirían una copia de este”.
En ese sentido, apuntan que el cooperante solo tendría del 75% al 90% del salario mensual, y el resto se entregaría al Gobierno cubano, ya sea directamente o devuelto por los propios profesionales. Entre las principales preocupaciones relacionadas con este aspecto sobresale que el salario final entregado a los trabajadores no les permitiría vivir dignamente.
“Además, el Gobierno de Cuba estaría ‘congelando’ una parte del salario a la que los médicos pueden acceder únicamente tras su regreso al país, pero, según información recibida, muchas veces no reciben la totalidad del monto que les corresponde”, explica la petición.
Entre los asuntos que se piden aclarar también se encuentran los reportes de amenazas, presiones y temores de represalias de aquellos especialistas que se nieguen a cumplir algunas de las misiones o “la abandonen”, ya sea antes o después de su término.
Las relatoras hacen referencia al artículo 135 del Código Penal de Cuba, el cual estipula que “el funcionario o empleado encargado de cumplir alguna misión en un país extranjero que la abandone o —cumplida esta, o requerido en cualquier momento para que regrese—, se niegue expresa o tácitamente a hacerlo, incurre en sanción de privación de libertad de tres a ocho años”.
En ese sentido, manifiestan su preocupación con el castigo a los médicos desertores, quienes están imposibilitados de regresar a la Isla durante 8 años “y los familiares que permanecen en Cuba estarían sujetos a señalamientos y repercusiones por parte de entidades gubernamentales”.
Las relatoras aclararon que, aunque en febrero de 2019 se anunció la posibilidad de retorno de los médicos que se quedaron en Brasil tras la descontinuación del programa Mais Médicos, muchos de los profesionales afectados temen represalias si vuelven a Cuba.
Otros asuntos como la restricción de la libertad de movimiento de los trabajadores cubanos en el exterior, la limitación de la privacidad, incluyendo la comunicación y las relaciones sostenidas con personas nacionales y extranjeras, también piden ser aclarados.
“Las condiciones de trabajo reportadas podrían elevarse a trabajo forzoso, según los indicadores de trabajo forzoso establecidos por la Organización Internacional de Trabajo (OIT). El trabajo forzoso constituye una forma contemporánea de esclavitud”, aclaran las relatoras.
La petición de esclarecimiento pide al Gobierno cubano proporcionar en su defensa cualquier información, comentario adicional, futuras medidas a adoptar y mecanismos de queja existentes para los profesionales que quieran denunciar cualquier abuso, así como también los canales para acceder a esos datos desde el exterior.
Igualmente, solicitan esclarecer si existe, por parte del Gobierno cubano, alguna intención de ratificar el Protocolo 29 del Convenio sobre el Trabajo Forzoso, aprobado en 2014 por la Conferencia Internacional del Trabajo.
La petición está firmada por Urmila Bhoola, relatora especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias y Maria Grazia Giammarinaro, relatora especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
El plazo de 60 días para responder venció el 6 de enero de 2020. Si se consideran anteriores requerimientos de representantes de las Naciones Unidas, el Gobierno cubano debería emitir algún comunicado en cualquier momento.
Amparados por la Resolución No. 168 de 2010 emitida por el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Extranjera —que establece el régimen disciplinario de los trabajadores civiles cubanos que prestan servicios en el exterior— desde 1963 unos 600 mil trabajadores de la Salud han prestado servicios médicos en más de 160 países.