Régimen de Ortega ordena cerrar otras 25 oenegés
Organizaciones de servicio social, mujeres, desarrollo y democracia
HAVANA TIMES – La Asamblea Nacional aprobará este jueves 17 de marzo la iniciativa de Decreto Legislativo de Cancelación de Personalidad Jurídica de 25 Oenegés, dejando en el limbo a los beneficiarios de los proyectos sociales de estas organizaciones e incrementando la lista de oenegés canceladas por supuesto incumplimiento de la Ley General Sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y la Ley contra el Lavado de Activos, que entre noviembre de 2018 y febrero de 2022 ascendía a 114 oenegés.
Las organizaciones y asociaciones canceladas este jueves son: Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides), Fundación Violeta Barrios de Chamorro para la Reconciliación y la Democracia (FVBCh), Fundación Grupo Cívico Ética y Transparencia, Asociación Voces Vitales Nicaragua, Fundación Libertad, Asociación Colectivo de Mujeres 8 de Marzo, Fundación Fondo de Becas de Exalumnos del Colegio Centroamérica (Fobeca), Asociación Fondo de Desarrollo Local (FDL) y Asociación Operación Sonrisa Nicaragua (OSN).
En la lista también están: la Asociación de Periodistas de Nicaragua Dr. Pedro Joaquín Chamorro Cardenal (APN), Asociación Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica (Cejudhcan), Asociación Centro de Prevención de la Violencia (Ceprev), Fundación Ágora Parnerships, Fundación para la Autonomía y Desarrollo de la Costa Atlántica de Nicaragua (FADCANIC), Centro Alexander Von Humboldt para la Promoción del Desarrollo del Territorio y la Gestión del Ambiente y la Asociación Foro de Mujeres de Nicaragua.
Además, la Asociación Civil Emprendedores Juveniles de Nicaragua, Asociación Club Harvard de Nicaragua, Fundación para la Dignidad Humana Nicaragüense, Club Social de Matagalpa, Fundación Cruzada Ciudadana por la Democracia, Fundación Kolping-Nicaragua, Fundación Instituto para la Observación para la Democracia y los Derechos Humanos (IDH), Asociación Centro Cristiano de Derechos Humanos (CCDH) y la Asociación Cívica Democrática Nicaragüense (ACDN).
El argumento del régimen
El decreto —publicado en la página web de la Asamblea Nacional— fue presentado por el vicepresidente de la Comisión de Paz, Defensa y Gobernación, el diputado Filiberto Rodríguez; quien en la exposición de motivos indica que, el pasado 15 de marzo, la responsable del departamento de Registro y Control de Asociaciones sin Fines de Lucro, del Ministerio de Gobernación (Migob), Franya Urey Blandón, solicitó a la Asamblea la cancelación de las 25 asociaciones.
Según el diputado Rodríguez, las 25 oenegés habrían incumplido con la presentación ante el Migob de sus estados financieros “conforme a los periodos fiscales con desglose detallado de los ingresos, egresos, balanza de comprobación y detalle de donaciones, (origen, proveniencia y beneficiario final)”. Situación que, señala el diputado, violenta el reglamento de la Ley contra el Lavado de Activos y “promueve la falta de transparencia en la administración de los fondos”.
Otro de los señalamientos del diputado Rodríguez es que supuestamente las oenegés no reportaron al Migob quienes integran sus juntas directivas, las donaciones previas provenientes del exterior y documentos de identidad de sus proveedores de fondos. Situaciones que, señala el legislador, “han obstaculizado el control y vigilancia” del ente regulador y supuestamente muestran que dichas oenegés “han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”.
Los argumentos del diputado Rodríguez y el Migob son los mismos que han utilizado en los últimos tres años para cancelar las personerías jurídicas de más de un centenar de organizaciones, fundaciones y asociaciones de la sociedad civil que fomentaban el desarrollo social, político, económico, de derechos humanos, democracia, de educación y de salud en Nicaragua.
Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo.
Dirigentes de asociaciones canceladas anteriormente han señalado que cada vez que presentaron sus registros ante el Migob, la institución se negó a recibirles la información y les exigió nuevos documentos. Hasta que finalmente la responsable del Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro del Migob solicitó a la Asamblea Nacional la cancelación de los organismos.
La estocada final
En mayo de 2021 el régimen de Daniel Ortega inició una cacería en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, luego que Cristiana Chamorro Barrios, expresidenta de la fundación, aceptó ser precandidata presidencial de la oposición y que las encuestas la ubicaran como la aspirante presidencial con mayor simpatía popular. Chamorro y otros tres funcionarios de la oenegé fueron encarcelados y condenados en un juicio político por el supuesto delito de lavado de dinero.
También los directivos de Funides fueron perseguidos por el régimen de Ortega. En junio de 2021 la Policía allanó las viviendas de varios miembros de su junta directiva y la Fiscalía citó a declarar a varios de sus trabajadores, ya que supuestamente la oenegés estaba siendo investigada. Aunque las autoridades nunca aclararon los motivos de la investigación, finalmente el exdirector de Funides, Juan Sebastián Chamorro —que también aspiraba a la presidencia— fue condenado en un juicio político por el supuesto delito de conspiración.
Mientras tanto, asociaciones como Ética y Transparencia, Centro Humboldt y la Asociación de Periodistas de Nicaragua habían bajado su perfil mediático, en un intento de evadir los zarpazos del régimen y poder conservar su personería jurídica, pero no les funcionó.