Reforma a la Ley de inversiones extranjeras de Cuba

Por Roberto Veiga González (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES — En el mes de julio del pasado año 2012 fue comunicado, de manera oficial, que se trabaja para renovar la actual Ley de inversiones extranjeras. En aquel momento se afirmó, además, que la propuesta de nueva legislación estaría terminada antes de finalizar ese año.

Hemos esperado, con una mezcla de paciencia e impaciencia, porque es un tema álgido, que urge. Sin embargo, acabamos el primer semestre del año siguiente, o sea, el 2013, y parece que hemos de continuar esperando.

Esto tiene aristas negativas, pero posee otras que pueden ser positivas. No obstante, antes de detenerme en este análisis, debo hacer un señalamiento. Las nuevas reglas jurídicas que reglamentarán la inversión extranjera en nuestro país están siendo elaboradas con el secretismo criticado por el presidente Raúl Castro.

La sociedad ha debido ser informada sistemáticamente sobre los detalles del trabajo en esta materia. Incluso, digo más, la población debe ser escuchada al diseñar una nueva política sobre un tema tan delicado.

Conozco que la instancias de poder tienen en cuenta las opiniones ciudadanas, pero hace falta institucionalizar mecanismos para que toda la nación -colectivos laborales, de estudios y de vecinos, equipos de intelectuales y sectores sociales, grupos con criterios afines y otros- puedan dialogar el asunto y co-participar más directamente en el diseño de las nuevas políticas y de las nuevas leyes.

Esto reforzaría nuestros elementos democráticos y realizaría un poco más el ejercicio de la soberanía ciudadana. Ello constituye un desafío que debe ser saldado durante la próxima reforma constitucional anunciada públicamente.

El atraso en la concreción de esta nueva norma jurídica resulta inquietante, porque la situación económica del país, y por ende la vida del cubano medio, padece de muchas limitaciones. Estamos encaminándonos hacia una estrategia económica y unos nuevos modelos de propiedad y de gestión que pretenden sacarnos de la crisis.

No obstante, muchas razones hacen que este proceso carezca de la necesaria agilidad e integralidad.

Para encaminarnos hacia el desarrollo se hace imprescindible insertarnos en los mecanismos económicos que existen en el mundo que nos ha tocado vivir, redefinir con mayor radicalidad los modelos de propiedad y de gestión (algo en lo que avanzamos muy lentamente, por una mezcla de prejuicios y de insuficiencias en nuestra cultura económica y administrativa), así como ensanchar las posibilidades para que entren en Cuba mucho dinero, mucha experiencia y cuantiosa tecnología, etcétera.

Sin esto último todo lo demás podría fracasar. Y es aquí donde puede jugar un rol importante la renovación de la ley para la inversión extranjera. Y es por ello que también resulta urgente su aprobación y la puesta en marcha de una gestión, amplia e intensa, encaminada a sacarle el mayor provecho.

No obstante, como es un tema álgido, requiere de estudio, pues aunque debemos acelerar el inmediato bienestar material del pueblo, ese mismo bienestar demanda cuidar que en el empeño no hagamos del país un nido de buitres que corroan aún más la honradez y la soberanía de nuestra sociedad. Este constituye un aspecto importante que puede haber dilatado, desde una arista positiva, la culminación de la propuesta.

Sin embargo, debemos cuidar que este peligro no dilate y limite nuestra interrelación con el mundo, dentro de la cual se encuentra la necesaria inversión extranjera en el país. Hemos de vigilar que la defensa de la probidad y la soberanía no paralicen el progreso de los cubanos.

Asimismo tenemos que estar alertas para que al diseñar la manera de salvaguardar estos dos pilares no establezcamos mecanismos sustentados en prejuicios grotescos y en carencias de cultura económica y política, que puedan convertir en insignificantes los pasos que damos.

La hora presenta exige sustentar la gestión pública sobre un binomio integrado inalienablemente por la sabiduría y la audacia. Comprendo que esto siempre será difícil, y sobre todo en un contexto como el cubano: impregnado y rodeado de ciertas deshonestidades y desconfianzas. Por ello, todas las personas honestas han de contribuir a consolidar y acelerar el camino adecuado.

Muchos confían que primen estas cualidades y dicha reforma promueva la rectitud en la gestión económica y la soberanía del país. Pero también desean que promueva, a su vez, el bienestar colectivo que ambiciona el imaginario de muchos cubanos, revolucionarios o no, así como la prosperidad individual de quienes laboren en las empresas erigidas en virtud de la nueva ley.

En tal sentido, resulta esperado que estos trabajadores puedan ser remunerados directamente, en la proporción suficiente y en una moneda con valor real.

También se anhela que, en esas empresas, el sindicato se entrene para un desempeño más apropiado en el marco de unas nuevas y necesarias relaciones económicas y laborales, se faciliten grandes y pequeñas inversiones –pues todas valen y aportan-, se descentralice y agilice la aprobación y establecimiento de las mismas, se consoliden dispositivos que eviten y combatan la corrupción, y se democratice cada vez más la manera de diseñar, aprobar, ejecutar y controlar la socialización de la riqueza que estas inversiones puedan aportar al país. Estas son algunas de las aspiraciones que he podido escuchar en mi entorno.

Cuba da pasos positivos, que nos encamina hacia un horizonte mejor. Debemos buscar la manera para que cada vez lo hagamos con una participación mayor y desde un consenso más amplio. De esta forma los cambios estarán mejor concebidos, disfrutarán de mayor legitimidad, implicarán a más ciudadanos en el compromiso por consolidarlos, y alcanzaremos más pronto el bienestar deseado.