Redadas contra los taxistas particulares de La Habana
Plantados en puntos clave de la ciudad, los inspectores buscan identificar a los choferes que transportan pasajeros sin un permiso.
Por Juan Diego Rodríguez (14ymedio)
HAVANA TIMES – En La Habana se ha desatado en los últimos días un juego de escondite entre boteros particulares e inspectores. Los primeros, en su gran mayoría sin permiso para transportar pasajeros, huyen de las autoridades empleando todo tipo de trucos. Si los detienen y no cuentan con la licencia o la señalización de taxi, la multa puede ascender a los 12.000 pesos o incluso, en el peor de los casos, les quitan la chapa.
Entrevistado por 14ymedio, Rolando, el chofer de un almendrón que hace las veces de taxi en la capital, asegura estar inquieto pese a que tiene sus papeles en regla. “Es increíble la cantidad de inspectores y policías que hay, plantados en cualquier esquina, esperando a que pase un desafortunado sin el permiso”, asegura.
Según el habanero de 56 años, las rutas que los boteros toman para viajar de La Víbora o La Palma a El Vedado han sido de las más vigiladas esta semana, y de las que los choferes, “que no son bobos”, se han cuidado más. “En la esquina del Habana Libre, en 23 y L, que es donde está la piquera desde donde salen los carros para La Víbora, los choferes están dejando a los pasajeros pero no vuelven a cargar, porque los inspectores están escondidos al doblar, en la calle 23”, explica Rolando. Lo mismo ocurre, asevera, en el otro extremo de la ruta, en la Plaza Roja.
Este es apenas uno de los trucos que los boteros emplean para burlar a las autoridades. “El otro día cogí un carro para El Vedado que tenía un solo asiento libre. En cuanto me monté, el chofer se desvió de la avenida y empezó a coger por entrecalles por las que no pasa nadie. Primero pensé que, como hacen a veces, el hombre iba a buscar algún mandado, pero se reincorporó a Infanta y San Lázaro. Ahí me di cuenta de que le estaba huyendo a la Policía”, cuenta Liudmila, una pasajera frecuente de esta ruta.
“Parece que le están cayendo atrás a los boteros sin papeles, porque a mi tía le pasó algo parecido el martes. Iba en un taxi cuando un oficial detuvo el carro y empezó a hacerle preguntas al chofer, que dijo que todos los que iban allí eran familiares suyos. Mi tía pasó un buen susto, porque no sabían qué responder y solo conocían el nombre del chofer, que se los había dicho antes precisamente por si los paraban”, relata.
Tanto Rolando como Liudmila coinciden en que en los últimos años “han aparecido muchos carros particulares que funcionan como taxis clandestinos”. Según el habanero, el mal estado del transporte estatal, en una ciudad tan poblada como La Habana, hace del boteo un negocio muy rentable. “El petróleo, que es con lo que se mueven las guaguas, está escaso y muy caro. La gasolina, por otra parte, es más fácil de conseguir. Yo mismo le he cogido la vuelta, y sé en qué lugares siempre hay y a la hora que tengo que ir para no hacer cola”, explica.
“Como saben que no tienen mucha competencia”, reflexiona Liudmila, “los choferes han subido los precios y, por un tramo de un municipio a otro pueden pedir desde 2.000 o 2.500 hasta 3.000 pesos. Es un abuso, pero si uno no tiene en qué moverse hay que morder con ellos”, se queja.
A Rolando tampoco le agrada que los boteros sin papeles puedan hacer el mismo trabajo que él sin tener que pagar impuestos. “Si no hacen los trámites ganan más, porque no tienen que dejar una tajada para tributos ni licencias. Por eso muchos prefieren andar así, por la libre”, declara. Sin embargo, no aprueba que las autoridades “arrecien tanto contra los taxistas”, pues todos están “intentando ganarse la vida en un país sin combustible ni recursos para reparar los carros”. “Al final deberían darnos más facilidades que obstáculos, porque los que están moviendo a la gente somos nosotros”, enfatiza.
Esta no es la primera vez que las autoridades habaneras comienzan una redada contra los boteros. En el verano de 2023, el gobierno provincial intentó topar los precios de los pasajes, a lo que los taxistas respondieron de forma discreta pero efectiva: dejaron de transportar pasajeros.
Por otra parte, el aumento de la vigilancia va en consonancia con la guerra emprendida por el régimen contra los emprendedores privados, a los que culpa de la inflación y, consecuentemente, de gran parte de la crisis económica que no remite. Este mismo martes, en Sancti Spíritus, las autoridades desmantelaron –con un enorme operativo provincial– varios puestos de venta particulares frente al hospital provincial Camilo Cienfuegos. Según denunciaron los vendedores en redes sociales, los locales estaban autorizados por el gobierno.
Esto un día después de que la Gaceta Oficial publicara toda una batería de nuevas leyes sobre micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) que aumenta el control fiscal sobre ellas. Según cifras del Gobierno, la evasión fiscal de los negocios particulares es de 50.000 millones de pesos.