Prioridades en Cuba: la galopante inflación y desigualdades
HAVANA TIMES – El control de la inflación que agujerea los bolsillos de las familias y concretar estrategias para reducir márgenes de desigualdades, incluidos aquellos en el acceso a alimentos y medicinas, son urgencias planteadas en Cuba para este año.
Durante la primera reunión del año del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel insistió en que “tenemos que trabajar más intensamente en varias tareas; en primer lugar en las medidas para mejorar los abastecimientos a la población y contener la inflación”, sin ofrecer detalles sobre posibles estrategias, de acuerdo con un reporte oficial el 1 de febrero.
[Nota del editor: Si fuera posible resolver por discursos ya estaría el país en la gloria, sin embargo la realidad de la población a pie dice todo y no tienes que ser un gran dirigente para verlo.]
“Un reto será estabilizar los parámetros socioeconómicos, que pasa por asegurar lo básico. Y con ello me refiero a alimentación, medicamentos, transporte, tanto en cantidad como en calidad, y en función de eso lograr una calidad de vida”, sostuvo en diálogo con IPS la jurista cubana Mylai Burgos.
Luego, “es fundamental dar atención prioritaria a grupos vulnerables, en primer lugar adultos mayores, además de menores, personas con discapacidad, mujeres, miembros de la comunidad LGBTIQ y personas racializadas”, complementó la también Investigadora de la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de México.
Para la especialista en temas de derechos humanos, la otra línea de atención debería estar relacionada “con el espacio de convivencia o territorial –pensándolo como un espacio sociocultural-, es decir, los barrios en situación de marginalidad”.
La crisis estructural de la economía cubana, agravada por los efectos de la pandemia y la persistencia del embargo estadounidense que este jueves 3 de febrero cumple 60 años, complican aún más la disponibilidad de recursos que, reflexionó Burgos, posibilitaría “redistribuir esa riqueza bajo políticas sociales para personas y grupos vulnerables, lo cual implica mayor bienestar”.
La espada de la inflación
Datos de la estatal Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei) muestran que Cuba cerró 2021 con un crecimiento del Índice de Precios al Consumidor de 77,33 %, pero la cifra solo tomó en cuenta indicadores en el mercado formal.
A través de su cuenta en Twitter, el economista cubano Pedro Monreal opinó que el dato “tiende a subvalorar la inflación porque el cálculo asume estructuras de consumo de hace más de 10 años”, y lo contrastó con la estimación de 740 % de la Unidad de Inteligencia de la publicación británica The Economist, a comienzo del año.
El incremento generalizado de los precios promedio se ha agravado desde enero de 2021 con el reordenamiento monetario, un necesario pero postergado proceso que incluyó la eliminación de la doble moneda y de subsidios, devaluación del peso, así como un incremento en los precios de bienes y servicios.
El ordenamiento elevó el salario mínimo al equivalente a 87 dólares y el máximo a casi 400. En el caso de las pensiones, la más baja corresponde a 63 dólares.
La medida fijó una tasa oficial de 24 pesos por dólar, pero ante la imposibilidad de comprarlos en el Banco Central la ciudanía recurre al mercado informal donde se transa a alrededor de 100 pesos por dólar.
El propio gobierno reconoce problemas en el diseño e implementación del ordenamiento durante el cual aumentó el nivel de liquidez en la ciudadanía, frente a un déficit de ofertas estimado en 700 millones de dólares, según cifras oficiales.
“Es agónico garantizar la alimentación diaria; para comprar pan, una botella de aceite o carne de pollo debes hacer colas durante horas. La leche solo se consigue en el mercado ilícito, y comer frutas, hortalizas y viandas con frecuencia se ha vuelto un lujo”, dijo a IPS la enfermera Adelaida Núñez, residente en el municipio de Diez de Octubre, uno de los 15 que conforman La Habana.
Autoridades de gobierno explican que además del déficit de ofertas, el crecimiento exponencial de los precios en el mercado informal obedece a fenómenos de “ilegalidad, reventa y especulación”.
Subrayan que tras la revalorización de productos, el alza de tarifas de servicios, y los reajustes de algunas como las de la electricidad, se han mantenido sin cambios.
No obstante, reconocieron que el coste de la canasta de bienes y servicios representa el doble de los 60 dólares previstos inicialmente para gastos mensuales.
Asimismo, el reordenamiento mantuvo la dolarización parcial de la economía, con la permanencia desde 2019 de establecimientos para vender electrodomésticos, alimentos y otros bienes, mediante tarjetas magnéticas respaldadas por cuentas en divisas convertibles.
Envuelto en la polémica y críticas por las segmentaciones del mercado que genera, las autoridades insisten en que el mecanismo busca recaudar divisas y con una parte de ellas, abastecer los comercios donde concurre la población cuyos salarios e ingresos son únicamente en pesos cubanos.
En este contexto se ha mantenido la cartilla de racionamiento, en vigor desde 1962, y mediante la cual se vende cada mes a los 11,2 millones de habitantes de la isla algunas cantidades de arroz, azúcar, granos, café, aceite y proteína animal.
Aunque insuficientes, dichos insumos alivian parte de las necesidades de muchos hogares, sobre todo los de bajos ingresos y de grupos vulnerables.
El alza del costo de la vida fue uno de los factores que combustionó las protestas del 11 de julio de 2021 en unas 40 ciudades y otras localidades.
Las autoridades atribuyeron las acciones a una operación de golpe blando financiada por el gobierno de Estados Unidos, destinada a forzar un cambio de régimen.
Si bien ocurrieron acciones vandálicas contra comercios e instituciones, muchos de los manifestantes reclamaron de manera pacífica cambios económicos y políticos en este país de sistema socialista.
Para analistas, las muestras de descontento respondieron, entre otros factores, a reiterados cortes de energía, el desabastecimiento de artículos de primera necesidad, y la venta de alimentos en divisas.
Acelerar las reformas
Según cifras oficiales, este país insular caribeño culminó 2021 con una crecimiento de 2 % del producto interno bruto y para este año los pronósticos prevén un alza de 4 %.
Antes de concluir 2021, Cuba deberá reiniciar los pagos de los intereses de la deuda externa a los acreedores del Club de París, de acreedores gubernamentales, postergados durante dos años, debido a los problemas financieros derivados de la pandemia.
Con resultados poco palpables aún, el gobierno adoptó decenas de medidas destinadas a reanimar las empresas estatales e incrementar las producciones agropecuarias, y desde septiembre aceleró la constitución de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias, que ya sobrepasan las 1700, y donde sobresalen las relacionados con el sector alimentario.
Economistas cubanos dentro y fuera de la isla insisten en la urgencia de acelerar el programa de reformas socioeconómicas que desde 2011 recibieron el aval de la ciudadanía, y pautó las claves de un modelo de desarrollo socialista.
Entre otras propuestas, recomiendan además de aprobar un programa antinflacionario, reemplazar el esquema de planificación centralizada, fomentar y regular de manera adecuada la competencia empresarial, y quitar los límites al ejercicio privado de profesiones como la arquitectura o guías turísticos, cuyo aporte podría beneficiar al presupuesto estatal mediante el pago de contribuciones.
A ello suman exhortaciones para hacer más atractiva la Ley de Inversión de Extranjera (2014), eliminar el monopolio estatal sobre la importación y exportación de insumos, además de acabar con los frenos en la producción de alimentos en una nación que debe comprar de 70 % a 80 % de los que consume.
Tras las protestas de julio, el gobierno inició labores de reanimación y mejora de las condiciones de vida en unos 70 barrios desfavorecidos de La Habana y de otras ciudades, donde se solucionan necesidades básicas como el acceso a agua y saneamiento, reparación y construcción de viales y viviendas.
“Creo que los gobiernos tienen la obligación de dar prestaciones, impulsar políticas de bienestar y sociales, porque concentran los recursos, y mucho más tratándose de Cuba. Pero otro rasgo importante es la obligación de generar condiciones para que la ciudadanía sea activa”, reflexionó Burgos.
A su juicio, es importantísimo “ver los barrios vulnerables como espacios sociopolíticos en los cuales se generen condiciones para que las personas desarrollen sus capacidades y potencialidades desde el punto de vista económico, lo cual incide en lo social”.
De acuerdo con la experta, puede hacerse “mediante créditos, otras formas de financiamiento, capacitación o estructuración de mipymes o cooperativas que generen productividad, ya sea de servicios o culturales, y que mejoren sus condiciones de vida”.