Policía de Ortega comienza estado de sitio no declarada
HAVANA TIMES – La Policía de Nicaragua reveló hoy que movilizará a 15.000 efectivos en un «plan especial de seguridad» y advirtió que no «pedirá permiso a nadie» para ingresar a centros comerciales que han sido escenario de protestas opositoras y donde hoy ocurrieron las primeras detenciones de esta nueva ola, reportó dpa.
«Vamos 15.000 policías a las calles», dijo el comisionado Jaime Vanegas, inspector general de la institución, en declaraciones al oficialista Canal 4 de televisión.
Desde el pasado domingo, la Policía desplegó efectivos en los centros comerciales o «malls» de la capital, después de que opositores realizaron el sábado protestas relámpago, exigiendo la libertad de casi 600 manifestantes presos desde abril pasado.
La medida causó temor entre los capitalinos y quejas de dueños de negocios que temen que se produzca una merma en sus ventas. Los propietarios del mayor «mall» de Managua emitieron un comunicado aclarando que ellos no solicitaron protección policial.
«La Policía no tiene que pedirle permiso a nadie para realizar su labor de patrullaje y vigilancia», dijo el comisionado Vanegas en aparente alusión al informe de los comerciantes. «Vamos a estar donde se requiera estar, mal haríamos en pedir permiso», agregó.
En un estado de sitio, las garantías que brinda la constitución suelen ser suspendidas. Las detenciones se vuelven más arbitrarias ante la falta de mecanismos legales, algo que ya lleva casi siete meses de estar sucediendo en Nicaragua, según la población que demanda la salida del gobierno Ortega-Murillo.
Según la Policía, bajo las órdenes del matrimonio presidencial, el «plan especial de seguridad» durará hasta fines de diciembre e incluirá patrullajes en barrios, parques, carreteras, centros comerciales y destinos turísticos.
La puesta en marcha del operativo coincide con el inicio de intensos entrenamientos de agentes policiales en tácticas militares en la provincia de Río San Juan (sur), según informó la misma televisora.
Ambas acciones ocurren a casi siete meses del estallido de las protestas sociales contra el presidente Daniel Ortega, que derivaron en una persistente crisis política y económica.
La Policía prohibió toda forma de protesta opositora desde hace más de un mes, pese a que la Constitución vigente establece el derecho a la libre manifestación y movilización ciudadana. Solamente las concentraciones y marchas del gobierno son permitidos.
La crisis comenzó el 18 de abril con una protesta de estudiantes que se multiplicó tras la violenta acción de policías y paramilitares, que dejó por lo menos 325 muertos y miles de heridos según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos.
El Gobierno de Ortega atribuye las protestas a un «complot terrorista y golpista» alentado por Estados Unidos y la Unión Europea a través de partidos políticos opositores y ONG y también culpa a la Iglesia Católica.