Plan de “reconciliación y paz” de Ortega genera dudas en Nicaragua
Por Gabriela Selser (dpa)
HAVANA TIMES – Un plan de “reconciliación” que el Gobierno de Nicaragua planea convertir en ley ha generado una polémica entre allegados del presidente Daniel Ortega y opositores, que temen sirva para “ejercer más represión” y dejar en la impunidad las denuncias de graves violaciones de derechos humanos.
La vicepresidenta Rosario Murillo, esposa del ex guerrillero de 72 años, dijo el jueves que el Gobierno tiene “casi lista” una consulta entre las bases del partido sandinista sobre la denominada “Política del Estado para la Reconciliación y Paz” que sería aprobada muy pronto por el Parlamento, de amplia mayoría oficialista.
Según Murillo, el plan contiene “todas las prácticas que nos acercan, que nos unen, que nos reconcilian, que nos hacen vivir la fraternidad cristiana”. Se trata de recuperar “la capacidad de convivencia que teníamos y que algunos atacaron”, dijo en alusión a las protestas sociales que estallaron contra Ortega en abril.
El proyecto, que se filtró parcialmente en medios de prensa y redes sociales, daría a la Policía el papel de “implementar un trabajo comunitario y de seguridad ciudadana” junto con otros ministerios de Estado que velarían por “la familia, el trabajo y la paz”, conocido eslogan del Gobierno desde que Ortega asumió en 2007.
La Policía de Nicaragua, junto con fuerzas de choque y paramilitares, sofocó con armas de guerra las protestas de manifestantes civiles en distintas zonas del país. Esos operativos armados dejaron 200 muertos según el Gobierno y hasta 528 según ONG de derechos humanos, además de miles de heridos y cientos de detenidos.
“Ese plan no va a funcionar, porque el Gobierno ha creado una división entre los mismos nicaragüenses”, declaró a periodistas Michael Healy, empresario agrícola y miembro de la coalición opositora Unidad Azul y Blanco (UNAB).
“Es una nueva gran mentira. Ortega no va a aflojar la represión y seguirá impidiendo cualquier forma de protesta”, opinó por su parte el ex vicecanciller sandinista Víctor Hugo Tinoco.
Según el político disidente, el plan del Gobierno trata de “recuperar y recomponer” parte de la base sandinista que se ha ido alejando de Ortega a causa de la crisis en los últimos meses.
El sociólogo Oscar René Vargas consideró que el proyecto busca “bajar los decibeles de la crisis actual”, ya que la pareja presidencial se enfrenta con una “falta de legitimidad para permanecer en el poder por mucho tiempo, sin poner en peligro a toda nación”.
Por su parte, la diputada liberal María Haydeé Ozuna no criticó abiertamente el plan, pero advirtió que antes de aplicarlo el Gobierno “debe poner un alto a la represión, a los secuestros y las capturas de jóvenes y ofrecer seguridad” a la población.
“Una reconciliación es un proceso voluntario que se construye, no se impone. Podrán crear mil leyes, pero aquí nadie se reconcilia hasta que exista verdad y justicia”, dijo al portal de noticias “Confidencial” Francis Valdivia, presidenta de la Asociación Madres de Abril, formada por familiares de estudiantes muertos.
El columnista Fabián Medina, autor de una reciente biografía de Ortega que vendió miles de ejemplares en semanas, escribió en el diario “La Prensa” que la anunciada ley es “una trampa” para ofrecer un “borrón y cuenta nueva”, sin descartar una posible amnistía para las autoridades y los responsables de crímenes.
En tanto, el político liberal Eliseo Núñez expresó preocupación por el papel protagónico de la Policía en el plan, que a su juicio supondría “el sometimiento de la reconciliación por las armas”.
“Este plan es terminar de redondear el Estado policíaco, donde el que tiene las armas controla todo lo demás. Es decir, ponen a la Policía a controlar la educación, a controlar familias y comunidades”, advirtió.
Para el sacerdote católico Miguel Mántica, cualquier oferta de reconciliación debe ser “un camino integral para hacer justicia”, pero “no serviría si lo que se quiere es pasar la página y decir aquí no pasó nada, no hubo muertos, heridos ni detenidos”.
La propuesta oficial ha dado pie a caricaturas y “memes” sobre Ortega y Murillo. “Compañera Rosario, cuando usted se reconcilie con su hija nosotros pensaremos en reconciliarnos con ustedes”, decía uno de los posts que se viralizó en las redes sociales.
En 1998, Murillo desmintió a Zoilamérica Narváez, hija de su primer matrimonio, cuando ésta acusó a su padrastro Daniel Ortega de ultrajarla desde su niñez e intentó emprender una acción judicial en su contra por abuso y violación sexual.
Rosario Murillo respaldó rotundamente a Ortega y la demanda judicial fue archivada porque el líder sandinista, entonces diputado opositor, se amparó en su inmunidad. Zoilamérica Narváez vive exiliada con sus tres hijos en Costa Rica desde 2013.