Padre Edwin Román, tras orden de juicio a obispo Alvarez
“No conseguirán callar a la Iglesia”
Religiosos y juristas reaccionan indignados tras decisión del orteguismo de enviar a juicio al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez
Por Octavio Enríquez (Confidencial)
HAVANA TIMES – La prolongación del arresto domiciliario de monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, después de que su caso fue enviado a juicio por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo este martes 10 de enero, “es un intento de acallar a la Iglesia católica, pero no lo consiguen”, opina el sacerdote Edwin Román, antiguo párroco de la Iglesia San Miguel, en Masaya, y ahora exiliado.
Román, uno de los sacerdotes nicaragüenses que denunció con contundencia los abusos de derechos humanos cometidos por el régimen en 2018 y fue objeto de hostigamiento del Estado en su parroquia, sostuvo que se castiga la cercanía de los religiosos con el pueblo.
“¿Cuál es el delito? Salir en favor del pueblo, estar enfrente para defenderlo, porque aparte la misión nuestra es predicar el reino de Dios, pero también denunciar las injusticias y es lo que se ha hecho: acompañar al pueblo sin diferencia de religión o credo político”, dijo Román, en entrevista con CONFIDENCIAL.
La Fiscalía acusó el 13 de diciembre de 2022 al obispo por la “propagación de noticias falsas” y “conspiración para cometer menoscabo de la integridad nacional”, los mismos delitos con los cuales el régimen de Ortega ha criminalizado a decenas de presos políticos en su escalada represiva con la que ha conculcado las libertades públicas de los ciudadanos.
Álvarez fue conducido por las autoridades este martes a la audiencia a puerta cerrada en el tribunal Décimo Penal de Audiencia en Managua, presidido por la jueza Gloria María Saavedra Corrales, quien determinó también que se mantenga vigente la orden a Interpol de captura contra el sacerdote Uriel Vallejos, exiliado también tras la intensificación de la represión estatal contra los religiosos en 2022.
Saavedra Corrales tiene antecedentes procesando a reos de conciencia. El obispo de Matagalpa se mantiene en cautiverio en su residencia familiar en Managua desde el 19 de agosto de 2022 cuando fue trasladado por las tropas antimotines de la Policía, tras el asalto en la madrugada de la Curia por órdenes de Ortega, quien es jefe supremo de esa institución.
En su más reciente comparecencia, el tirano negó la posibilidad de liberar a los 235 reos de conciencia que mantiene su dictadura, acusándolos sin evidencia de perpetrar un intento de “golpe de Estado” en 2018, mientras dijo que “ni con cadena perpetua” saldarían el daño realizado.
En realidad, la comunidad internacional documentó 355 asesinatos y cuestionó el uso excesivo de la fuerza a manos de policías y grupos armados simpatizantes del partido de gobierno, denunciando la comisión de delitos de lesa humanidad, los cuales siguen en la impunidad cuatro años después.
El ejemplo del obispo y los reos políticos
Para Román, aunque la tiranía intenta poner a los sacerdotes como opositores, lo que persiguen es acallar a la última voz de denuncia en el país, por lo que destacó el ejemplo de monseñor Álvarez y los presos políticos que muestran sus rostros erguidos en cada audiencia judicial. “Ellos hablan con su silencio”, describió.
“Cada nicaragüense tiene que sacar una conclusión de ello: No traicionemos a los presos políticos, esos que andan divididos o peleándose los mejores puestos. Los reos de conciencia y monseñor Álvarez nos dicen mucho con esa postura de valientes que tienen”, exaltó el sacerdote.
La audiencia de Álvarez se da en medio de la intensificación de la persecución a la Iglesia católica, una institución que fue objeto de 396 ataques entre 2018 y octubre de 2022, según una investigación independiente de la abogada Martha Patricia Molina.
Ese informe revela entonces que 2022 fue el año del recrudecimiento de la represión. Álvarez y otros siete sacerdotes se encuentran encarcelados, igual que dos seminaristas y un diácono. Además, 11 curas se encuentran en el exilio, incluyendo al obispo Auxiliar de Managua Silvio Báez, quien salió en 2019 por consejo del papa Francisco tras amenazas de fanáticos sandinistas.
En marzo de 2022, el nuncio apostólico, Waldemar Stanisław Sommertag, fue expulsado por el régimen de Ortega, así como posteriormente 18 monjas de la orden de las Misioneras de la Caridad. La dictadura cerró radios y promovió un discurso de odio contra la Iglesia, a la que el mismo dictador llamó “la dictadura perfecta” el 29 de septiembre de 2022.
Hasta ahora, ni la Conferencia Episcopal ni el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo Brenes, se han pronunciado sobre la más reciente decisión judicial en el caso de Álvarez, impregnado de opacidad. Ni siquiera se conocen los detalles de la acusación del Estado, lo que ocurre también con otros reclusos por motivos políticos que son vulnerados en su derecho a la defensa.
La jurista Yonarqui Martínez calificó como un “simulacro” la audiencia inicial contra el obispo. Afirmó en su cuenta de Twitter que seguramente el proyecto del acta judicial ya estaba elaborado.
Defensora pública representa a Álvarez
El experto en administración de justicia, Yader Morazán, destacó en su cuenta de redes sociales la indefensión a la que está siendo sometido el obispo, ya que en la audiencia lo representó la defensora pública Jennifer Hernández.
Morazán explicó que la jueza ignoró la petición de que se nombrara a una abogada de la confianza del religioso.
El consultor independiente sobre derechos humanos, Uriel Pineda, dijo que monseñor Álvarez no está cometiendo ningún delito al ejercer su derecho a la libertad de expresión, refiriéndose a la imputación de que “propagaba noticias falsas”.
Agregó que la decisión judicial de no aceptar el nombramiento de la abogada de Álvarez está menoscabando el derecho a la defensa del obispo. Por otro lado, criticó que el régimen confirmara el arresto domiciliar, dado que esa medida cautelar tiene el objetivo de garantizar que la persona se presente al proceso.
“En este sentido la imposición de una prisión preventiva, o arresto domiciliar, solo debe aplicarse en casos de riesgos de fuga, de que el delito sea muy grave. En caso de que pueda intimidar a las víctimas y no estamos en ninguno de esos supuestos”, denunció Pineda, quien considera que es una violación a la “presunción de inocencia”.
Pineda recordó que todas estas actuaciones—cómo han localizado y objetivizado a opositores— constituyen violaciones de derechos humanos y afirmó que la jueza es parte de un engranaje que instrumentaliza al Poder Judicial para la perpetración y continuidad de crímenes de lesa humanidad. El obispo Rolando José Álvarez Lagos se convierte de esa manera en el primer jerarca católico en enfrentar un juicio político en la tiranía actual.