Orteguismo “viola” derechos y garantías de presos políticos

Los opositores detenidos se encuentran en el Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como “el Nuevo Chipote”. Foto: Jader Flores / La Prensa

Instituciones controladas por el partido de Gobierno irrespetan el debido proceso y garantías constitucionales y de tratados internacionales

Por Confidencial

HAVANA TIMES – El aislamiento que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha impuesto de manera generalizada en contra de los últimos presos políticos —entre quienes se encuentran aspirantes a la presidencia, líderes políticos y cívicos, miembros del sector privado, un periodista, dos extrabajadores y un conductor personal— constituye “un mecanismo de tortura” y las autoridades los han sustraído de todos “los medios legales de protección”, valoran especialistas en Derechos Humanos y Derecho Penal.

El Ministerio Público, la Policía y el Poder Judicial han admitido en comunicados oficiales las detenciones de 28 personas (entre ellos tres bajo arresto domiciliar), pero durante varias semanas —algunos ya por más de 50 días— no les han permitido visitas de sus familiares ni reunirse con sus abogados, que son derechos contemplados en las leyes nicaragüenses, incluidos la Constitución Política.

“Esta conducta si se ve a la luz de otros estándares de derechos humanos como: la progresividad de los derechos humanos, el efecto útil de la protección a los derechos humanos, nos daríamos cuenta de que en realidad están —mientras dura la detención— en una situación de desaparición forzada”, valora el especialista en Derechos Humanos, Uriel Pineda.

Para que exista una desaparición forzada, explicó Pineda, deben acreditarse un par de elementos: la detención por parte de las autoridades y el ocultamiento de los reos. En el caso de los últimos presos políticos “no hay certeza de sus condiciones de integridad física, de sus condiciones de salud y el hecho de que se están aislando raya también con el tema de tortura”, agregó.

El argumento oficial

El régimen, sin embargo, justifica el encierro de estos presos políticos en la reforma al Código Procesal Penal (CPP) donde quedó consignado que una persona puede permanecer detenida hasta 90 días para efectos de “investigación”, una reforma que la especialista en Derecho Penal, María Oviedo, considera inconstitucional y totalmente violatoria de los derechos humanos.

Con esta reforma se “violenta gravemente la presunción de inocencia y el debido proceso”, señaló Oviedo, y la aplicación que se le está dando “nosotros (la Comisión Permanente de Derechos Humanos) lo advertimos en el momento de su nacimiento, que iba ser un arma política que iba a utilizar el régimen para perseguir al sector de oposición”, subrayó.

La doctora Oviedo consideró que la reforma al CPP “no tiene ningún sentido” y precisó que antes de esa modificación no existía en la legislación nicaragüense ningún término para investigación. “No existe lógica en detener a una persona para investigar, la lógica es que la Policía Nacional está en capacidad de investigar a una persona y someterla a un proceso, pero cuando exista una probabilidad fundada, cuando existan presunciones de que esta persona haya cometido un delito”, explicó.

El régimen “ha perdido la vergüenza”

Según la legislación penal nicaragüense, una persona detenida para “investigación” o condenada por haber cometido algún delito goza de una serie de derechos inalienables al ser humano. Sin embargo, detallan los abogados, el régimen ha pasado por encima de todos esos derechos y aplica la ley de forma desigual.

“Estas personas lo único que pierden, en su condición de detenidos, es su derecho a la libertad; sin embargo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la dignidad humana, el derecho a la defensa, el derecho a la asistencia religiosa, el derecho a poder verse con sus familiares; todos estos derechos son inalienables, son derechos fundamentales que tiene cada ser humano, tienen que ser respetados”, precisó la doctora Oviedo.

Sin embargo, desde que estos últimos presos políticos fueron detenidos, sus familiares no los han visto, no se les ha permitido el ingreso de alimentos — únicamente dos litros de agua al día— y tampoco se han reunido con sus abogados defensores. Además, el Poder Judicial rechazó todos los recursos legales interpuestos, incluyendo los de ‘hábeas corpus’ y mantiene ocultos los expedientes judiciales.

El doctor Pineda valora que el régimen ha dejado a estos presos políticos en una indefensión total, hasta el punto que “ni siquiera hay una simulación jurídica mínima que permita un eje de análisis”.

Sin embargo, considera que los compromisos internacionales suscritos por Nicaragua permiten encauzar este tipo de situaciones dentro de instancias internacionales.

“El principal recurso que ya ha sido activado es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos… se puede llevar esto también con el grupo de trabajo de Naciones Unidas para detenciones arbitrarias; sin embargo, estamos en una situación donde el régimen ha perdido la vergüenza y como el régimen ha perdido la vergüenza estos mecanismos internacionales también han perdido eficacia”, explicó Pineda.

En el caso de media docena de los detenidos, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha exigido su liberación inmediata y varios de ellos cuentan con medidas provisionales y cautelares que han sido ignoradas.

Términos y procesos fuera de la ley

Entre otras razones por las que los abogados defensores tampoco han podido hacer prácticamente nada por estos presos políticos, explican los especialistas, es que la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial no han respetado el debido proceso, inclusive han realizado audiencias “secretas” que no están contempladas en la ley.

En “estas audiencias que antagónicamente se les llamó Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales, en las cuales ninguna garantía constitucional se garantiza porque son realizadas en total secretismo, no se nos permite a nosotros los abogados tener acceso.

En el sistema Nicarao, que es el sistema digital en el cual cualquier abogado puede consultar el número de asunto, este asunto no nos arroja ningún dato”, precisó la doctora Oviedo.

La ausencia de información sobre la Audiencia Especial de Tutela de Garantías Constitucionales impide que los abogados conozcan que pidió el Ministerio Público y con base en qué sustentó la solicitud de extender el periodo investigativo hasta los 90 días.

“La reforma al CPP dice que el juez puede autorizar este plazo para investigar entre 15 y 90 días, pero extrañamente aquí el juez ha tomado como rango máximo los 90 días para imponer una detención arbitraria para estas personas”, cuestiona Oviedo.

La abogada denunció que “esa Audiencia Especial de Tutela de Garantías no la contempla el Código Procesal Penal”. Entonces, esta audiencia “no nos supone siquiera que están dentro de un proceso, porque el proceso — según nuestra norma procedimental en materia penal— inicia con la audiencia preliminar”.

Al no estar contemplada en la norma procedimental, “podríamos decir que es una (audiencia) prejudicial. Una audiencia que es totalmente violatoria a derechos constitucionales y a derechos humanos porque estas personas (detenidas) no tienen un estatus legal, desconocen qué es lo que se está tramitando, qué es lo que se está haciendo, porque todo se está haciendo a espaldas de todas las partes que pudiesen intervenir”, precisó.

“Se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad”

Ante esta nueva ola represiva, los organismos de derechos humanos, la oposición y los familiares de las víctimas únicamente tienen como opción agotar las vías legales y documentar lo que está ocurriendo en el país, señaló el doctor Pineda.

“Eso es de vital importancia”, valoró, porque permite denunciar internacionalmente, establecer el primer borrador de la memoria histórica y al mismo tiempo la búsqueda de verdad y acceso a la justicia para cuando haya una transición democrática en el país, estimó.

Mientras tanto, los organismos internacionales siguen registrando crímenes de lesa humanidad cometidos en Nicaragua, advirtió el doctor Pineda. “Estas detenciones que hace el régimen materialmente configuran una desaparición forzada y al ser parte de una política de Estado, al ser parte de una estrategia gubernamental con objetivos claramente justificables, constituyen un crimen de lesa humanidad”, dijo.

Lo anterior demuestra que “en Nicaragua no solamente se cometieron crímenes de lesa humanidad, sino que se siguen cometiendo en la medida de que el régimen siga implementando una política de persecución contra opositores y si esa política de persecución deriva en torturas, deriva en detenciones arbitrarias, deriva en asesinatos, pues estamos todavía en presencia lastimosamente de crímenes de lesa humanidad”, agregó Pineda.

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