Ortega oficializa confiscaciones de medios y ONGs
Carlos F. Chamorro: “en Nicaragua no hay ley, quieren arrodillar al país para negociar sin libertad, pero nunca callarán al periodismo”
Por Ivette Munguía (Confidencial)
HAVANA TIMES – A dos años de la ocupación manu militari de la sala redacción de Confidencial, el canal 100% Noticias, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), el Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), el Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas) y la Fundación Popol Na, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo notificó –a través de varios rótulos en los inmuebles– que las propiedades ahora “pertenecen al Ministerio de Salud”. Un hecho de facto que “oficializa su crimen” y envía “un mensaje nocivo” a la sociedad nicaragüense, valoraron los afectados.
El director de CONFIDENCIAL y Esta Semana, Carlos Fernando Chamorro, precisó que estamos ante una “confiscación ilegal”. Situación que demuestra que “en Nicaragua no hay ley, no hay Constitución, no hay Corte Suprema de Justicia” que valga. Al contrario, el régimen está reconociendo que “ellos asaltaron un medio de comunicación hace dos años y están admitiendo el crimen, admiten que han intentado matar a un medio de comunicación, pero nunca lo han podido callar”, expresó Chamorro.
A pesar de esta confiscación ilegal, Chamorro destacó que el régimen “nunca ha podido confiscar el periodismo y tampoco ha podido matar la verdad”. Además, precisó que “los periodistas de Esta Semana y CONFIDENCIAL seguiremos informando sobre las violaciones a los Derechos Humanos, y seguiremos fiscalizando la corrupción del régimen” y demandando la restitución de las libertades.
El 13 de diciembre de 2018, la Policía asaltó sin orden judicial la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana. Un día después, el atropello continuó con la ocupación permanente del edificio. Desde entonces, Chamorro junto a los periodistas de este medio de comunicación han agotado todos los recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia para que ordene la suspensión de esta ocupación, sin obtener ninguna respuesta.
Después de casi dos años de negación de justicia, “Ortega decidió hoy por los magistrados de la Corte Suprema”, afirmó Chamorro.
Asimismo, el director de CONFIDENCIAL estimó que además de oficializar las confiscaciones, el régimen está mostrando a la sociedad nicaragüense “que en Nicaragua no hay ley”. Lo que Ortega quiere “es que se arrodillen los inversionistas, los empresarios, que se arrodille la sociedad civil, las iglesias, para aceptar la supresión de la libertades” e imponer una farsa electoral sin transparencia ni competencia política, subrayó.
“Solo los rótulos les pertenecen”
El propietario de 100% Noticias, el periodista Miguel Mora, valoró que al oficializar la confiscación el régimen se está colocando “un cuchillo en el cuello”, porque este tipo de acciones “representan un mensaje nocivo” para los inversionistas y la sociedad en general
Mora, quien fue encarcelado y cuyos bienes fueron confiscados el 21 de diciembre de 2018, aseguró que en el edificio de 100% Noticias “lo único que le pertenece a la dictadura es el rótulo”. Esa propiedad “le pertenece a los periodistas de 100% Noticias y es un robo a mano armada porque ni siquiera es legal”, continuó el periodista haciendo referencia al artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua que prohíbe la confiscación de bienes en este país.
Desde que el edificio de 100% Noticias fue tomado por la fuerza “no hemos recibido ninguna notificación judicial”, precisó Mora. Sin embargo, los propietarios del inmueble “interpusimos un Recurso de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia que no ha fallado” y por tanto “interpusimos una demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( junto a CONFIDENCIAL y otros medios de comunicación por este tipo de robo”, para que sea tramitada en la Corte Interamericana de Justicia, precisó.
A juicio del propietario de 100% Noticias la ocupación de ese medio de comunicación “es un robo” por parte del Gobierno de Ortega, porque “para ser una confiscación primero tendría que estar en la legislación y eso está literalmente prohibido”. Por otro lado, si se tratara de vicios de legalidad “tendría que haber un documento, algún juicio para quitarte tu propiedad”, explicó Mora.
Los carteles colocados en 100% Noticias y Cisas indican que en esos lugares se construirán centros de atención para personas con adicción de alcoholismo y/o drogadicción. Mientras el rótulo colocado en CONFIDENCIAL indica que ahí se construirá la casa materna del Distrito I y en el del Cenidh, la casa materna del Distrito III.
En las instalaciones de Popol Na colocaron un rótulo que afirma ahí se construirá el Centro Nacional de Diabetología.
El mensaje es que “en Nicaragua no hay ley”
Para Ana Quirós, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), la confiscación definitiva de esa ONG “es una muestra más de que en Nicaragua no existe el derecho a asociarse, el derecho a trabajar, el derecho a defender derechos, el derecho a la propiedad, todos protegidos por la Constitución Política, las leyes y los distintos instrumentos internacionales que Nicaragua ha ratificado”.
Desde que la personería jurídica de Cisas fue cancelada en diciembre de 2018, los miembros de la ONG introdujeron los recursos correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia, sin que hasta el día de hoy, se haya recibido respuesta alguna. “Con estos hechos, se demuestra que el régimen no tiene ningún respeto por las leyes ni los derechos”, continuó Quirós.
También la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez, enfatizó que “aquí lo que hay es un vulgar asalto, una vulgar usurpación del dominio privado” y destacó que el régimen de Ortega no podrá destruir a ese organismo porque “el Cenidh no son sus instalaciones, el Cenidh somos todos los que seguimos luchando porque un día Nicaragua sea libre”, continuó Núñez.
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