Ortega intenta mostrar que “está fuerte”
y “no entiende de presiones”
Por Vladimir Vásquez (Confidencial)
HAVANA TIMES – Tras la aprobación de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros” en la Asamblea Nacional, las reacciones no se hicieron esperar desde Europa, donde se anuncia la preparación del terreno para imponer sanciones directas a Daniel Ortega y Rosario Murillo, mientras que la Alianza Cívica advierte en Nicaragua sobre las afectaciones en la operatividad de organizaciones políticas.
Además, analistas en temas internacionales consideran que la aprobación de estas leyes punitivas también tendrá efectos en la sesión de la Organización de Estados Americanos (OEA) prevista para el próximo 20 y 21 de octubre.
La Ley fue aprobada de manera anticipada este jueves 15 de octubre a pesar que el orteguista presidente del Parlamento nicaragüense, Gustavo Porras, había asegurado que la convocatoria estaba programada para el viernes 16 de octubre.
El eurodiputado José Ramón Bauzá, promotor de una resolución del Parlamento Europeo que solicita ampliar las sanciones impuestas al régimen de Ortega-Murillo y particularmente a la pareja presidencial, se pronunció vía Twitter momentos después de la aprobación de la Ley en la Asamblea Nacional.
“El dictador está decidido a continuar su escalada represiva en Nicaragua. Este ataque a la democracia no puede quedar impune. Es hora de cumplir el mandato del Parlamento Europeo: Suspensión del Acuerdo de Asociación y sanciones inmediatas a Ortega y Murillo”, aseguró.
El político opositor José Pallais aseguró que el mensaje de Ortega a los eurodiputados y a todos los que pedían la no aprobación de esas leyes, es que “está fuerte, no entiende de presiones y que está dispuesto a sostenerse”, a pesar que, según explica, esta fortaleza nada más es de palabra pues el régimen ya “está en etapa terminal”.
Pallais considera que, por el contrario, Ortega está enfrentándose a más sanciones, a más aislamiento y aumentar la crisis en la que se encuentra su Gobierno, que ya ha sufrido el impacto de sanciones individuales impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea a unos 24 funcionarios públicos, incluidos el asesor presidencial Paul Oquist, quien fue removido de las entidades estatales este 14 de octubre, y a la fiscal general Ana Julia Guido.
Estas sanciones también ya han alcanzado a la vicepresidenta Rosario Murillo, a tres de sus hijos: Laureano, Rafael y Juan Carlos Ortega Murillo, y ocho empresas, incluyendo los brazos financieros de la dictadura.
El opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro hizo una publicación a través de las redes sociales de la Alianza Cívica por la Verdad y la Justicia y aseguró que esta Ley tendrá serios efectos sobre la capacidad operativa de organizaciones políticas y de fundaciones que trabajan con temas sociales.
“Una vez más la dictadura orteguista ha actuado en contra de los intereses del pueblo nicaragüense y le ha hecho oídos sordos sobre las advertencias de la comunidad internacional de las consecuencias gravísimas de la aprobación de esta Ley”, aseguró Chamorro, quien también consideró que el impacto se verá en el sector privado.
Sanciones a la espera
El analista internacional Ricardo de León asegura que habrá que esperar para ver si las sanciones europeas finalmente se aplican, considerando que las recomendaciones del Parlamento Europeo deben ser adoptadas por la Comisión Europea y esta “emitió un comunicado diciendo que iba a dar un año más a los sancionados, pero no habló nada de algo nuevo en el marco de lo aprobado por el Parlamento”.
De León considera que el alto representante de la Comisión Europea, Josep Borrell, será un “escollo”, en la aprobación de estas sanciones porque valora que él viene del Partido Socialista Obrero Español, “entonces no creo que esté tan presto para asimilar nuevas sanciones para Nicaragua”.
Sin embargo, Borrell realmente ha sido un duro crítico de la Administración de Ortega, aún en su cargo anterior como canciller español. Además, se ha mostrado a favor de que la comunidad internacional imponga sanciones a la “dictadura” en Nicaragua por la “represión sanguinaria”.
En enero de 2019, el socialista Borrell impulsó una reunión del Consejo Europeo —integrado por los ministros de Exteriores de la UE— para discutir sobre la situación de Nicaragua. Los diplomáticos condenaron la represión de Nicaragua y concluyeron que responderían ante “cualquier nuevo deterioro de los derechos humanos y del Estado de derecho”.
En esa ocasión, el canciller español, de 72 años, comentó que Nicaragua y Venezuela son “las mayores crisis que está viviendo América Latina en mucho tiempo” y Europa “no puede no ocuparse de eso”.
“No basta decir que lo lamentamos mucho e imponer algunas sanciones”, advirtió.
Reunión de la OEA será determinante
De León considera que, cuando el Parlamento Europeo discuta nuevamente el tema de Nicaragua, alegarán que el Gobierno “hizo caso omiso al llamamiento, igual que lo ha hecho siempre”.
“Yo creería que la UE va a esperar a la reunión de la Organización de Estados Americanos la próxima semana para ver qué tan contundente es la resolución de la Asamblea General Ordinaria”, opinó.
Además recordó que la reunión de la OEA necesita todavía dos tercios de los votos de los países miembros para poder declarar una ruptura del orden democrático en Nicaragua y así aplicar la Carta Interamericana Democrática a Nicaragua.
“Yo dudo mucho que los países aliados de la oposición de Nicaragua los tengan”, estima.
Pallais, por su parte, considera que la aprobación de la “Ley de Regulación de Agentes Extranjeros”, podría tener un efecto en esa reunión de la OEA “por cuanto demuestra que con Ortega no hay un entendimiento posible.
“Que no hay espacio para llegar a acuerdos, a negociaciones y que Ortega solo impone lo que él considera y algunos países que en la OEA todavía estiman de que es factible llegar a un entendimiento entre la OEA y el régimen podrían convencerse con esta actitud de que esas oportunidades ya están agotadas”, declaró Pallais.
Para este viernes 16 de octubre también se espera que se dictamine en la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como la “Ley Mordaza”, la cual podría ser aprobada la próxima semana en el Parlamento.