Ortega expulsa de Nicaragua a misión de derechos humanos de la ONU
HAVANA TIMES – El Gobierno de Nicaragua expulsó hoy del país a una misión de trabajo de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), según una notificación enviada por el canciller Denis Moncada a ese organismo internacional, reportó dpa.
La carta, cuya copia fue distribuida hoy a periodistas por la vicepresidenta, primera dama y portavoz de gobierno, Rosario Murillo, está dirigida a Marlene Alejos, representante regional para Centroamérica de la OACNUDH.
La decisión se produce dos días después de que la misión de la OACNUDH en Managua divulgara un informe en el que acusó al Gobierno de Ortega de cometer “represión y represalias” contra manifestantes opositores desde abril pasado y planteó duras críticas a la actuación de las autoridades frente a la crisis.
Según el canciller, el Gobierno invitó a la misión al país el 19 de junio para que “diera acompañamiento” a una comisión de verificación creada en el diálogo nacional, suspendido desde julio, para “asegurar el desmantelamiento de los tranques” (retenes colocados por manifestantes en carreteras).
“Considerando que han cesado las razones, causas y condiciones que dieron origen a dicha invitación, este Ministerio comunica que da por concluida la invitación y finalizada la visita”, señala la carta, que tiene fecha 30 de agosto.
En respuesta, la misión del organismo internacional emitió un anuncio confirmando su salida del país, que se hará efectiva este sábado, según dijo después a periodistas el jefe de la delegación, el peruano Guillermo Fernández Maldonado.
El diplomático admitió que la decisión del Gobierno los tomó por sorpresa pero aseguró que los cuatro miembros del equipo seguirán trabajando desde Panamá.
Añadió que se reunieron con el canciller Denis Moncada y que no consideran su retiro del país estrictamente una “expulsión”, ya que la misión no estaba acreditada y “siempre tuvo un carácter temporal”.
“La OACNUDH proseguirá con su labor de monitorear e informar sobre la situación de derechos humanos en Nicaragua de forma remota, de conformidad con el mandato global conferido por la Asamblea General de las Naciones Unidas”, señaló el informe.
Se va a cumplir “el mandato global (de la OACNUDH), el ojo internacional se va a mantener desde Panamá y nuestro equipo seguirá trabajando como tal”, insistió Fernández Maldonado.
Consultado sobre el discurso de Ortega en el que llamó “infames” a los funcionarios de la OACNUDH, el diplomático dijo que prefería priorizar el trabajo en favor de “las víctimas y sus derechos”, y no “contribuir a una polarización que a lo único que va a llevar es a más violencia” en Nicaragua.
Por su parte, en declaraciones a medios gubernamentales, la vicepresidenta Rosario Murillo reclamó “derechos humanos para todos” y sostuvo que en Nicaragua “no hay cabida para seguir atentando contra la paz, la seguridad y los derechos de los nicaragüenses”.
La decisión de Ortega generó una lluvia de críticas de activistas de derechos humanos, empresarios, líderes religiosos y políticos, así como de organizaciones humanitarias internacionales.
“La expulsión de la misión de la OACNUDH es la más reciente acción del gobierno del presidente Ortega para generar un contexto de temor en la población (y) silenciar a las voces disidentes y la exigencia de justicia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Aseguró que con esa decisión, “Ortega deja en evidencia los crímenes cometidos y su desdén por las obligaciones internacionales de su gobierno”, a la vez que “está apostándole a una estrategia de aislamiento con la intención de evitar el escrutinio internacional y continuar la represión”.
También la opositora Alianza Cívica repudió “”enérgicamente la expulsión de la misión de la OACNUDH”, dijo Juan Sebastián Chamorro, representante de una organización del sector privado en el diálogo nacional, suspendido desde julio pasado.
El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, uno de los mediadores en el diálogo, aseguró que lo ocurrido “desprestigia al país en la comunidad internacional y no hace bien a la sociedad nicaragüense”.
Por su parte, Vilma Núñez, presidenta de la ONG Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó la decisión oficial de “insólita” e “inaceptable” y consideró que traerá “consecuencias muy negativas” para el Gobierno.