Nuevas normas sobre telecomunicaciones causan polémica en Cuba
Reclamos de años para la tipificación de delitos como el ciberacoso y el engaño pederasta hallan respuesta en nuevas leyes, que a la vez generan preocupación por artículos que pudieran limitar la libertad de expresión en redes sociales.
HAVANA TIMES – Conceptos como ciberterrorismo y ciberguerra, nuevos delitos tipificados que resultan luchas feministas de años como ciberacoso o engaño pederasta, regulaciones sobre transmitir noticias falsas y prohibición de difusión de contenidos sexuales o discriminatorios, son algunos de los preceptos de las recientes normas jurídicas que en materia de telecomunicaciones fueron dadas a conocer el 17 de agosto en Cuba.
Todo esto y más queda regulado con tres decretos leyes y tres resoluciones publicadas ayer en la Gaceta Oficial No. 92 de la República de Cuba. Entre ellas, el Decreto Ley no 35, la primera norma jurídica de rango superior aprobada por el país sobre los servicios de Telecomunicaciones, las TICs y el Uso del Espectro Radioeléctrico, informaron este martes autoridades del Ministerio de Comunicaciones.
Para analistas no resulta fortuito que estos cuerpos jurídicos aparezcan justamente un mes después de los sucesos del 11J, en los cuales tuvieron una fuerte implicación los mensajes, campañas y convocatorias realizadas por redes sociales desde dentro y fuera de la isla caribeña, tanto a favor como en contra de las manifestaciones que tuvieron lugar en decenas de ciudades y pueblos.
¿Qué regulan y/o censuran las nuevas normas jurídicas?
El estudio de las cinco propuestas jurídicas amerita mayor análisis para entender sus implicaciones a mediano y largo plazo. Sin embargo, algunos puntos a favor o en contra se observan de manera preliminar al revisar las normas, y las polémicas que ya suscitan.
En cuanto a aspectos positivos, el Decreto Ley 35 reconoce que las personas usuarias tienen derecho a “condiciones de igualdad y asequibilidad a los servicios públicos de telecomunicaciones, (…) y recibirlos con calidad”. Poseen derecho a contar con garantía sobre estos servicios, “bajo el cumplimiento de principios de inviolabilidad y privacidad”, así como “obtener compensación por la interrupción del servicio debido a fallas atribuibles a los operadores o proveedores”.
Cabe la interrogante de si este pudiera ser un mecanismo que permita reclamaciones, e incluso demandas, más certeras y efectivas hacia la estatal y única Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa).
¿Será real, casual o solo un desliz gramatical que se hable de operadores y proveedores, en plural, siendo esta entidad controladora de esta actividad en la nación caribeña?
Preguntas que quedan de un decreto que, por otro lado, también indica que entre los deberes de las personas usuarias está el impedir que se utilice los servicios que contrata para “realizar acciones o transmitir información ofensiva o lesiva a la dignidad humana, contenidos sexuales, discriminatorios; que genere acoso, que afecte a la intimidad personal y familiar o la propia imagen y voz…” Hasta aquí el cuerpo legal responde a una demanda ciudadana de años sobre leyes que contextualizaran y penaran el ciberacoso, la pornovenganza y los discursos de odio por motivos de género, raza o discapacidad en redes sociales.
En ese mismo sentido, el decreto prohíbe el empleo de los servicios para “atentar a la Seguridad, y el Orden Interior del país, transmitir informes o noticias falsas, o en acciones dirigidas a ocasionar afectaciones o perjuicios a terceros y como medio para cometer actos ilícitos”. Visto así, se pudiera entender como una lógica regulación según los estándares internacionales.
Pero la incertidumbre sobre cómo se aplicaría esta ley, parece aumentar con la preocupación ciudadana sobre una de las resoluciones aprobadas, la 105: “Modelo de Actuación Nacional para la respuesta a incidentes de ciberseguridad”.
Lo bueno, lo malo, lo humano y las telecomunicaciones
Para representantes del Ministerio de las Comunicaciones, con esta resolución por primera vez “el país contará con una norma jurídica donde se asocian incidentes de ciberseguridad y tipificaciones que superan los límites de lo tecnológico”, según informaron al medio estatal Cubadebate.
Por un lado, las autoridades reconocen que con este documento jurídico serán tipificados hechos que hasta el momento no tenían abordaje legal. La resolución establece el protocolo de actuación ante un “incidente de seguridad”, incluidas las etapas y medidas a tener en cuenta, y una clasificación por la tipificación y nivel de peligrosidad.
En el documento aparecen tipificadas acciones denigrantes y expresiones de violencias de género que han sido reclamos durante años como incidentes contra la individualidad en los rangos de pornografía, ciberacoso y engaño pederasta (grooming). Sin duda, un punto positivo a favor de dicha norma.
Sin embargo, aunque parte de la ciudadanía aprueba la resolución, otra parte ha mostrado preocupación sobre las interpretaciones y aplicación que puedan tener algunos de sus artículos. Entre ellos, considerados de nivel de peligrosidad alto, el “eco mediático de noticias falsas” y “difusión dañina”; el primero relacionado con la divulgación de noticias falsas, mensajes ofensivos y difamación con impacto en el prestigio del país; el segundo, con “la difusión de contenidos que atentan contra los preceptos constitucionales, sociales y económicos del Estado, inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público”.
Tales definiciones resultan ambiguas y se prestan para diferentes interpretaciones y aplicación, según alertaron inicialmente, varias voces desde plataformas digitales o redes como Facebook.
En este sentido, para Ramón, usuario de Cubadebate, “las redes siempre han sido vehículos de denuncia, ahora este marco jurídico evitará no solo las noticias falsas, sino también las verdades que son dichas y que muchas veces no se quieren reconocer. Los extremos nunca han sido buenos”.
En tanto, otro usuario lamentó en el foro del propio sitio, que las medidas aumentan las “limitaciones” que ya los ciudadanos cubanos tenían para “expresarse libremente”.