“No creemos en reformas electorales de Ortega”

Alianza Cívica asegura que las reformas electorales anunciadas por la Asamblea Nacional serán “cosméticas” y no esperan “nada bueno” de estas

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Las reformas electorales anunciadas por el Legislativo de Nicaragua de cara a las elecciones 2021, serán “cosméticas”, pues no contarán con la disidencia, en medio de la grave crisis sociopolítica local, informó este viernes la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

Las reformas electorales son una de las principales demandas de la oposición nicaragüense y la comunidad internacional, para superar la crisis que ha dejado entre 328 y 651 muertos desde el levantamiento popular contra el presidente Daniel Ortega, en abril de 2018.

Los demandantes esperan que las reformas garanticen elecciones “libres, justas, transparentes y observadas”, sin la intervención de Ortega y sin opción de reelección, para evitar que este extienda su mandato, que este 10 de enero cumplió 13 años consecutivos en el poder.

Sin embargo, la oposición no espera que el Poder Legislativo, que este jueves anunció futuras reformas electorales, cumpla con las exigencias, ya que es de mayoría sandinista.

“No podemos esperar una buena reforma de quien siempre ha mentido, lo que quieren simplemente es hacer reformas cosméticas para internacionalmente aparecer como reformador, nosotros no creemos en ese proceso”, dijo el director ejecutivo de la Alianza Cívica, Juan Sebastián Chamorro, a periodistas.

Chamorro explicó que la clave de unas reformas electorales es la legitimidad, y que esta únicamente “la da el pueblo de Nicaragua”, cuya mayoría parece estar en contra de las decisiones del Gobierno sandinista.

Los diputados sandinistas han advertido que no discutirán las reformas con los opositores, sino únicamente con los partidos que se mantienen en la Asamblea General, junto con el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

El líder opositor recordó que “el proceso de reformas genuino tiene que ser a través de una negociación con la Alianza Cívica, que es lo que ha planteado la comunidad internacional, la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, y los nicaragüenses”.

El Gobierno de Nicaragua se ha negado en dos ocasiones a resolver la crisis por la vía electoral, y Ortega ha hablado de defender sus intereses, de ser posible, “con las armas”.

Diversos movimiento sociales y organizaciones defensoras de los derechos humanos han advertido que la lista de muertos podría crecer, si no se anticipan las elecciones de 2021, bajo el argumento de que el Gobierno realiza ejecuciones selectivas de opositores.

“Estamos hablando de un régimen opresor, violador de los derechos humano, va a tener el repudio de la comunidad internacional”, resaltó Chamorro.

Nicaragua no vivía una crisis similar desde los años 1980 a 1990, también bajo la presidencia de Ortega.

El presidente de la Asamblea, Gustavo Porras, junto a Daniel Ortega. Crédito: Cortesía La Prensa

Daniel Ortega cumple 13 años en la Presidencia

Ortega cumplió este viernes 13 años consecutivos como presidente de Nicaragua, sin poder superar la crisis sociopolítica interna, que ha dejado cientos de muertos en protestas antigubernamentales, una economía en retroceso y una sociedad dividida. Ortega también cumple tres años gobernando oficialmente junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.

El mandatario llega con 20 meses de crisis en la que han muerto al menos 328 personas por la masacre contra la rebelión pacífica en su contra, según la Comisión Interamericana de Justicia (CIDH) y la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh).

La CIDH y Acnudh han responsabilizado por ejecuciones extrajudiciales, torturas y violaciones sexuales, entre otros crímenes “de lesa humanidad”, al Gobierno de Ortega, que dice defenderse de un “golpe de Estado fallido”.

Dichos señalamientos han provocado sanciones internacionales a familiares y allegados de Ortega, entre ellos Murillo, su hijo Laureano Ortega Murillo, el consuegro y jefe de la Policía, Francisco Díaz, el tesorero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Francisco López, o el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene un proceso abierto de aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Nicaragua por rompimiento del orden constitucional que, de ejecutarse, suspendería al país del organismo.

Incluso el FSLN fue expulsado de la Internacional Socialista.

Economía en retroceso

Atrás quedó 2007, cuando el Producto Interno Bruto (PIB) de Nicaragua creció un 3%, para luego superar el 4% cada año, y un país seguro para el turismo y las inversiones.

Tras el estallido social de 2018, la economía cayó un 3.8%, y no se espera una recuperación sin solución política previa.

Tanto la oposición como economistas locales coinciden en que la única salida a la crisis es que se adelanten las elecciones de 2021, sin que Ortega esté involucrado en el proceso electoral ni aspire a la reelección.

Según la disidencia y los expertos, Ortega se ha sostenido en el poder por 13 años gracias a que el FSLN domina todos los Poderes del Estado, lo que le habría permitido aspirar a la reelección gracias a una interpretación de la Constitución, y dirigir procesos electorales supuestamente fraudulentos.

Sociedad polarizada

Los reclamos antigubernamentales por abuso de poder han dividido a la población entre los nicaragüenses que aspiran a un retorno de la democracia, y los sandinistas que se oponen a un cambio.

Como resultado de la división, cientos de personas han ido a la cárcel tras mostrar rechazo hacia Ortega, portar la bandera de Nicaragua, cantar el Himno Nacional, combinar ropa azul y blanca o soltar globos con dichos colores.

El Gobierno alega que con estas medidas garantiza “la seguridad”. Como resultado, decenas de miles de nicaragüenses han huido al exilio.

La crisis ha hecho que el Gobierno de Ortega haya pasado de ir “de victoria en victoria”, a sacar miles de policías a las calles y advertir que “con la paz no se juega”.

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