Nicas presos en Guantánamo: Aislados y con miedo

Vista de unos migrantes a su llegada en avión militar a la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, en febrero de 2025. // Foto: Tomada de la cuenta en X de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU.

Por Confidencial

HAVANA TIMES – Los nicaragüenses Rodolfo Joel López Jarquín y Johon Elias Suazo-Muller llegaron a Estados Unidos en fechas y por vías diferentes, aunque desde finales de abril de 2025 comparten el mismo destino: encabezan una demanda colectiva por las “severas restricciones impuestas” por el Gobierno de EE. UU. contra los migrantes detenidos en la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba.

López Jarquín entró legalmente a EE. UU., en agosto de 2024, a través del parole humanitario, mientras Suazo-Muller llegó en octubre de 2023 “porque la situación política en mi país no era buena”, afirmó el nicaragüense.

Ambos ciudadanos esperan su deportación hacia Nicaragua en el Centro de Operaciones Migratorias (MOC por sus siglas en inglés), que desde hace décadas opera en Guantánamo. Los migrantes que, hasta febrero de 2025, llegaban a la instalación eran aquellos que las autoridades estadounidenses interceptaban en el mar cuando intentaban alcanzar las costas del país, principalmente procedentes de Cuba y Haití.

“Vivimos encerrados 23 horas al día”

Los nicaragüenses llegaron al MOC entre finales de marzo e inicios de abril de 2025. Ambos brindaron sus testimonios vía telefónica a Marisol Domínguez Ruiz, abogada del Proyecto Nacional de Prisiones de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), organización que dirige la demanda legal. CONFIDENCIAL tiene copia de los tres documentos judiciales.

“Estar aquí es terrible. Me ha afectado negativamente. A veces me siento deprimido. Vivimos encerrados en la pequeña habitación 23 horas al día. Pasó el tiempo tumbado; no sé nada de lo qué pasa”, lamentó López Jarquín en su relato a la abogada, el 26 de abril de 2025.

Suazo-Muller señaló que, cuando habla con los abogados, tiene “miedo de decir todo abiertamente” porque las llamadas las hacen en “altavoz” y siempre un guardia está cerca y “puede oír lo que digo”.

“Temo ser castigado o sufrir represalias por parte de los guardias, por decir algo que los moleste”, sostuvo el nicaragüense cuando habló con la abogada, el 21 de abril.

Migrantes pierden derechos en Guantánamo

La demanda de los dos nicaragüenses presos en Guantánamo busca representar a todos los detenidos en circunstancias similares, alegando violaciones a los derechos garantizados por la Primera y Quinta Enmiendas de la Constitución estadounidense, incluidos los derechos de acceso a representación legal y comunicación familiar.

La situación en las instalaciones migratorias de Guantánamo ha sido históricamente opaca, con poca información pública sobre lo que ocurre allí. Organizaciones internacionales de derechos humanos han denunciado que la base militar funciona en un vacío jurídico donde no se aplican las mismas garantías legales en materia migratoria que rigen en territorio estadounidense.

Ariel Ruiz Soto, analista e investigador de la organización Migration Policy Institute, explicó que a los migrantes que llegan a Guantánamo se les arrebata el derecho al “debido proceso”, que en Estados Unidos “garantiza” que cualquier ciudadano, sin importar su estatus migratorio, “tiene el derecho a recibir ayuda de un representante legal”.

“Una persona que ya que está en Guantánamo, porque es considerada fuera del territorio estadounidense, tiene menos acceso a comunicación y la representación legal es mucho más opaca”, destacó el especialista en una entrevista con CONFIDENCIAL y el programa Esta Semana.

De acuerdo con la demanda, los detenidos enfrentan “obstáculos extremos” para comunicarse con sus abogados, ya que no se permiten las visitas legales en persona y las llamadas telefónicas programadas, frecuentemente, “no se realizan”.

Vista de unos migrantes, en su mayoría de Venezuela y Nicaragua, a su llegada a la base militar estadounidense de Guantánamo, en Cuba, en febrero de 2025. // Foto: Tomada de la cuenta en X de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE. UU.

Obstáculos en derecho a la defensa

Cuando López Jarquín y Suazo-Muller hablan con sus abogados, lo hacen en condiciones que violan la confidencialidad abogado-cliente. “Los migrantes son encadenados y puestos en restricciones físicas, mientras los oficiales permanecen cerca escuchando las conversaciones”, detalla el documento legal.

Además, no existe un mecanismo confiable para que los detenidos puedan mandar o recibir documentos legales. Los abogados de López Jarquín y Suazo-Muller han enviado documentos a través de los canales designados por el Gobierno, sin recibir confirmación de entrega ni obtener las firmas solicitadas.

Asimismo, los oficiales han informado “incorrectamente” a los migrantes que “no necesitan representación legal” por tener órdenes finales de deportación, desalentando activamente su acceso al “consejo legal”. Tal acción ignora las numerosas opciones legales disponibles, incluso para personas con órdenes de deportación.

“Desde que llegué a Guantánamo, nunca me dijeron que tenía derecho a hablar con un abogado. Solo he podido tener llamadas legales porque mi abogado organizó una conmigo, no porque yo pudiera solicitarla”, denunció Suazo-Muller.

“Me sorprendió no haber recibido información sobre cómo contactar a un abogado y nunca vi ningún cartel con información sobre cómo hablar con uno. No he recibido ningún folleto, volante ni póster sobre cómo contactar a un abogado”, subrayó el nicaragüense.

López Jarquín señaló que los custodios de Guantánamo no le informaron que tenía derecho a hablar con un abogado, y solo le preguntaron sobre las enfermedades que padecía y le asignaron una habitación, en la que habían seis camas.

El nicaragüense recibió ayuda legal porque una familiar solicitó el apoyo de un abogado, y este programó una llamada. “Tenía miedo de represalias por tener una llamada legal. Me preocupa que los guardias retrasen mi salida y no me dejen salir por tener esa llamada”, comentó.

El migrante aseguró que “no he sido condenado por ningún delito en Estados Unidos ni en Nicaragua. A principios de febrero (de 2025), la Policía de Luisiana me detuvo tras una queja por ruido, pero, que yo sepa, no me acusaron de ningún delito”.

Vista de una zona del centro de detención en la base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba. // Foto: EFE/Marta Garde/Archivo

Limitan las comunicaciones con familiares

Los detenidos nicaragüenses y otros en Guantánamo tienen permitido, en teoría, una llamada personal de cinco minutos al día. Sin embargo, en la práctica, muchos solo pueden comunicarse con sus familias una vez por semana, de acuerdo con la demanda.

Las llamadas “están restringidas” a números telefónicos en Estados Unidos, dejando incomunicados a quienes tienen familia únicamente en sus países de origen.

“(La llamada con familiares) no es privada, los guardias siempre están ahí y las llamadas son en altavoz. No es cómodo hablar con dos o tres personas escuchando, no siento que pueda compartir información personal”, comentó López Jarquín.

Durante las escasas llamadas familiares, los oficiales desconectan inmediatamente la línea si los migrantes “mencionan que están en Guantánamo”, hablan sobre sus condiciones de confinamiento o sobre cualquier tema que los oficiales consideren inapropiado, suspendiendo además futuros privilegios telefónicos, según la demanda.

“Me han permitido hablar con mi familia unas 20 veces. No puedo dar información sobre mi estancia en Guantánamo. No puedo decir dónde estoy ni detalles sobre mi estado”, afirmó Suazo-Muller.

Los abogados alertan que las restricciones impuestas a los migrantes en Guantánamo son “significativamente más severas” que las aplicadas a personas en centros de detención migratoria en Estados Unidos, prisiones federales e incluso a prisioneros bajo custodia militar en la misma base naval de Guantánamo.

Interrogatorios y castigos arbitrarios

El documento de la demanda revela otros abusos en Guantánamo:

  • Algunos migrantes han sido interrogados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) sobre afiliación a pandillas, rodeados por hasta siete oficiales militares, creando un ambiente “extremadamente intimidante”.
  • Un detenido fue acusado falsamente de esconder su cepillo de dientes, lo que llevó a un registro corporal humillante, incluyendo la revisión de sus genitales.
  • Otro migrantes sufrió una grave descompensación emocional y mental, llegando al punto de “posible autolesión”, después de ser encerrado durante cuatro días en una celda de concreto sin ventanas ni luz.
  • Los oficiales se refieren a los detenidos únicamente por números, no por sus nombres, deshumanizándolos.
  • Al ingresar, les informan que “son terroristas y no tienen derechos”, estableciendo un ambiente de “intimidación” desde el primer momento.
  • No existen servicios como programas de “trabajo voluntario” o “comisariato”, que normalmente están disponibles en centros de detención migratoria estándar.
  • Durante aproximadamente tres semanas después de los primeros traslados, en febrero de 2025, los detenidos fueron mantenidos incomunicados, sin ningún acceso a abogados, familia o el mundo exterior.

“Tenemos una hora de recreo al día. Pero no hay adónde ir. Hace apenas una semana que tenemos un televisor, que la gente puede ver durante esa hora. Las condiciones son de aislamiento”, relató López Jarquín.

Vista de una zona del centro de detención migratoria de Guantánamo, en la Base militar estadounidense en Guantánamo, Cuba. // Foto: EFE/Archivo/Marta Garde

Los migrantes enviados a Guantánamo son recluidos en dos instalaciones diferentes dentro de la base naval:

  • Campo 6: Una prisión de máxima seguridad donde estuvieron detenidos prisioneros militares relacionados con los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2011. Este espacio, con capacidad para 175 personas, no fue diseñado para detención migratoria civil, sino para prisioneros considerados de “alta peligrosidad”.
  • Centro de Operaciones Migratorias (MOC): Son unos barracones que se dividen en tres secciones (principal, este y oeste), con capacidad total para 570 personas.

El 29 de enero de 2025, el presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó ampliar en 30 000 camas la base naval de Guantánamo, “para detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que son una amenaza para el pueblo estadounidense”.

Altos funcionarios del Pentágono aseguraron al Congreso de EE. UU. que esa “ampliación” no se ha dado. Además., que para controlar a esos 30 000 deportados, el Departamento de Defensa “tendría que movilizar a aproximadamente 9000 militares a Guantánamo para apoyar al personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que dirige la operación”, según una nota del diario The New York Times, publicada a inicios de abril.

Tres vuelos de Guantánamo a Nicaragua

Por primera vez en la historia, Estados Unidos utiliza la base naval de Guantánamo para detener a migrantes —en su mayoría ciudadanos de Venezuela y Nicaragua— que, inicialmente, fueron aprehendidos en territorio estadounidense.

Ariel Ruiz Soto indicó que, hasta inicios de mayo de 2025, casi 500 inmigrantes han sido enviados a la base estadounidense, aunque esta cifra varía cada semana.

“A día de hoy (8 de mayo), todavía no sabemos cuántos de los 500 continúan en Guantánamo”, dijo el analista de Migration Policy Institute.

En lo que va de 2025, Estados Unidos ha deportado a unos 1184 nicaragüenses, de los que 93 ciudadanos “han pasado por Guantánamo”, según fuentes del Gobierno estadounidense.

Durante abril hubo tres vuelos con deportados nicaragüenses de EE. UU., que hicieron escala en la base naval de Guantánamo: los días 3, 17 y 30, según un reporte de Thomas Cartwright, que rastrea los vuelos de deportación estadounidenses desde 2020. Él es parte de la oenegé Witness at the Border (Testigos en la Frontera, en español). 

Los tres vuelos con deportados partieron de Alexandria, en Luisiana, hicieron una parada en Guantánamo, y luego se redirigieron a Managua, de acuerdo con el informe.

Vista del Airbus A320, de la aerolínea Global X, que trasladó a migrantes nicaragüenses deportados de la base militar Guantánamo a Managua, el 3 de abril de 2024. // Foto: Tomada de redes sociales.

El vuelo del 30 de abril fue el octavo con nicaragüenses deportados de Estados Unidos que arribó a Managua, durante los primeros meses de la Administración de Trump, según un análisis de CONFIDENCIAL.

“Hoy llegaron hermanos nicaragüenses que estuvieron encarcelados en Guantánamo; o sea, los encarcelan en Estados Unidos, y los mandan a Guantánamo”, informó Ortega en un acto oficial el 30 de abril. Sin embargo, el presidente o la vocera Rosario Murillo no han especificado la cantidad de nicaragüenses detenidos en Guantánamo.

Demanda contra funcionarios e instituciones

La demanda de los nicaragüenses nombra a altos funcionarios gubernamentales e instituciones federales como responsables:

  • Departamento de Seguridad Nacional (DHS): Agencia federal responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración.
  • Kristi Noem: Secretaria de Seguridad Nacional, demandada en su capacidad oficial como custodio legal de los demandantes.
  • Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE): Agencia federal de aplicación de la ley dentro del DHS responsable de la detención de inmigrantes.
  • Todd Lyons: Director interino y funcionario superior que desempeña las funciones del director del ICE, demandado en su capacidad oficial.
  • Departamento de Defensa: Agencia federal responsable de la Estación Naval en la Bahía de Guantánamo.
  • Pete Hegseth: Secretario de Defensa, demandado en su capacidad oficial por mantener custodia y control sobre los demandantes.
  • Departamento de Estado: Agencia federal responsable del reasentamiento de refugiados detenidos en Guantánamo.
  • Marco Rubio: Secretario de Estado, demandado en su capacidad oficial por mantener custodia y control sobre los demandantes.

Arriba de izq. a der: Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, y Todd Lyons, director interino del ICE. Abajo de izq. a der.: Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Marco Rubio, secretario de Estado. // Foto: Confidencial

La demanda, presentada ante un juez federal en Washington, es impulsada por varias importantes organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y de derechos civiles como: la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU); el Centro de Derechos Constitucionales (CCR); y el Proyecto Internacional de Asistencia a Refugiados (IRAP).

El analista Ruiz Soto alertó que existe la posibilidad de que Rodolfo López Jarquín y Johon Suazo-Muller sean deportados a Nicaragua, si los Gobiernos de ambos países llegan a un acuerdo para agilizar su repatriación. 

Además, recordó que “el caso, como hemos visto en otros, va a durar semanas o meses para empezar su curso”.

El investigador explicó que los abogados de las organizaciones civiles buscarán frenar la deportación bajo el argumento que ambos nicaragüenses tienen “derecho a ser escuchados”. Asimismo, deberán demostrar que el Gobierno de Estados Unidos no siguió el proceso debido para deportarlos en el primer caso. 

“Los abogados van a intentar que ellos regresen a Estados Unidos, que se les dé una audiencia general frente a un tribunal de migración”, apuntó Ruiz Soto.

En su testimonio judicial, el nicaragüense Johon Suazo-Muller expresó que tiene “un especial miedo de ser deportado” a Nicaragua, o “de ser retenido en la prisión de El Salvador”.

“Estaba tratando de solicitar asilo (en Estados Unidos). Buscaba una vida mejor”, enfatizó.

Mientras, Rodolfo López Jarquín sostuvo: “Hay muchos rumores y cosas que la gente dice sobre quién será deportado y cuándo, porque estamos desesperados por saber qué está pasando y cuándo saldremos de aquí. Es muy difícil psicológicamente”.

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