Nicas exiliados en Costa Rica rechazan propuesta de retorno

Decenas de nicaraguenses que han tenido que huir a Costa Rica debido a la crisis sociopolitica en su país, protestan frente la embajada de Nicaragua en San Jose. Foto: EFE / Confidencial

“Daniel Ortega no está dando ninguna garantía para los que están allá, menos para los que se encuentran en el exilio”, reclama activista nicaragüense

 

Por Leticia Gaitán | Especial para Confidencial

HAVANA TIMES – Nicaragüenses exiliados en Costa Rica, debido a la persecución política del Gobierno de Daniel Ortega, desconfían de la oferta de retorno del régimen, por la falta de garantías para el respecto a los derechos humanos y las libertades públicas en el país. Desde junio de 2018 a la fecha, al menos 60 000 nicaragüenses han dejado la nación, huyendo de la represión oficial contra la rebelión ciudadana, que estalló en abril de ese año.

Ana Quirós, exresidente de Nicaragua deportada por Ortega y directora del Centro de Información y Servicio de Asesoría en Salud (CISAS), estima que la propuesta del Gobierno es simple propaganda.

“Creo que es una propuesta poco seria, que es más de propaganda que real. La situación de quienes retornan es complicada, porque los asedian, secuestran y llevan presos, entonces no hay seriedad de parte del Gobierno”, advierte.

 

Exiliados en Costa Rica: el retorno seguro será sin Ortega en el poder

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En la mesa de negociación entre el régimen y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, la delegación gubernamental presentó, de forma unilateral, un plan de retorno voluntario para los exiliados, que se encuentran principalmente en países como Costa Rica, Guatemala, Panamá, México, Estados Unidos y España.

En conferencia a medios oficialistas, el canciller Dennis Moncada, afirmó a mediados de mayo que “los consulados, misiones y embajadas de Nicaragua brindaran información y apoyo a las personas que deseen retornar a Nicaragua en el marco del programa sobre el retorno voluntario de los nicaragüenses en el exterior”. Sin embargo, varias personas han sido detenidos y enjuiciadas a su regreso a Nicaragua.

El exdirector del organismo Hagamos Democracia, Luciano García, también exiliado, considera que la propuesta del Gobierno carece de credibilidad, mientras persista el Estado de excepción de facto.

“Ortega no está dando ninguna garantía ni para los que están allá, menos para los que se encuentran en el exilio. Hemos sabido de casos de gente que ha retornado y han sido detenidos, realmente el régimen no está cumpliendo nada” denunció.

Tres condiciones para el retorno

Miguel López Baldizón, miembro de la Unión Nicaragüense de Exiliados en Costa Rica, enumera al menos tres condiciones básicas para el retorno

La primera, asegura, es garantizar la anulación de los juicios contra los presos políticos excarcelados. A la fecha, casi 600 presos políticos han sido excarcelados, pero más de 80 continúan en la cárcel.

Además, agrega que “hay muchos exiliados que ya tienen una sentencia o fueron juzgados en ausencia, sin derecho a un debido proceso, sin derecho a la debida defensa” y reclamó que “en estos casos compete una anulación de la sentencia y sobreseimiento definitivo para aquellos exiliados que ya han tenido una condena”.

La segunda condición que planteó Baldizón es que con los trabajadores despedidos injustamente, sin ninguna causa ni recibir su respectiva indemnización, deben ser reintegrados con las mismas condiciones que tenían.

Igualmente, reclamó como tercer requisito que los universitarios expulsados, a quienes las universidades afines al Gobierno también les borraron su historial académico, deben ser reintegrados a las aulas, en las mismas condiciones en las que estaban antes del 18 de abril.

Estudiantes exiliados tampoco confían

La universitaria Madeleine Caracas, quien durante el primer intento de diálogo nacional, en mayo de 2018, leyó a Ortega la lista de los asesinados (hasta entonces 58, que más tarde se elevaron 325), opina que “no hay ni una garantía para el retorno de quienes estamos aquí (en Costa Rica) por persecución, dado que la Policía sigue ejerciendo funciones al lado de los paramilitares”. Según Caracas, “no hay garantía hasta la salida de Ortega”.

Otra joven estudiante exiliado, Lyris Solís, coincide en que “no existen garantías desde el momento que el Gobierno sigue persiguiendo a los y las nicaragüenses que intentan expresarse” y que tampoco hay garantías “desde el momento en que la gente armada por parte del régimen sigue en las calles”.

Jocsan Espinoza, también estudiante exiliado, considera que “el Gobierno sigue incumpliendo los compromisos”. A su juicio el ejemplo claro es que se siguen reportando detenciones y secuestros ilegales de quienes se han manifestado en contra del régimen.

Reclaman acompañamiento internacional

Ana Quirós, de CISAS, demandó como garantía para el retorno que el régimen de muestra con hechos concretos, empezando con la liberación de todos los reos políticos, la anulación de sus juicios, el restablecimiento de las libertades públicas, y el desarme de los paramilitares, así como el acompañamiento de organismos internacionales de derechos humanos.

Quirós propone el acompañamiento de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) y la Oficina del Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). A su juicio, sin estos organismos, de poco serviría seguir hablando de propuestas de retorno en el aire.

Luciano García también consideró que la garantía del régimen también debe tener un soporte judicial, con el fin de que la Policía no justifique que acata las acusaciones pendientes de quienes se encuentran fuera del país, y los captura a su regreso a Nicaragua.

Volver hasta que Ortega se vaya

Un informe de la Fundación Arias, de Costa Rica, sobre la situación de los exiliados nicaragüenses, titulado “De la represión al exilio” y publicado en mayo, reveló que ocho de cada diez nicaragüenses exiliados en Costa Rica desean regresar al país. Su única condición es que Ortega salga del poder.

“Mientras no salga el dictador Ortega, no puedo llegar a Nicaragua”, aseguró a CONFIDENCIAL y Esta Semana José Martínez, un nica refugiado en Costa Rica. Para él, es indispensable garantizar “el desarme de los paramilitares y una ley que nos proteja a nosotros para poder tomar la decisión de regresar”.

El otrora concejal opositor de Managua y político conservador, Luciano García, es poco optimista. García estima que, la permanencia de Ortega en el poder, más bien está agudizando la crisis, y podría generar una nueva ola migratoria.

“Si no se va Daniel Ortega, Nicaragua va a caer en una crisis económica espantosa, se va acrecentar el problema migratorio aquí (en Costa Rica), una fase bien complicada. Este país que muy amablemente nos abrió las puertas no está preparado para recibir un éxodo masivo de exiliados” opinó García.

Demandan sanciones

Para Miguel López Baldizón, la presión internacional contra el Gobierno de Ortega, incluidas las sanciones contra altos funcionarios del régimen, deben mantenerse.

De julio de 2018 a junio de 2019, Estados Unidos ha sancionado a diez funcionarios orteguistas, por su participación en la represión contra las protestas ciudadanas y violaciones a los derechos humanos, incluida la esposa de Ortega y vicepresidenta Rosario Murillo, y el hijo de la pareja dictatorial Laureano Ortega Murillo. También el Gobierno de Canadá sancionó reciente a nueve de esos funcionarios.

“Esto (las sanciones) no se puede tardar más tiempo. No queremos llegar a la situación de Venezuela con una crisis económica profunda, mayor número de exiliados, con mayor destrucción del país”, alertó Baldizón.

El activista llamó a la comunidad internacional a tomar decisiones concretas y reales, para apresurar la salida del régimen, que considera ha demostrado su única vocación genocida, sin interés en abrir un espacio de democracia.

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