Nicaragüenses en zonas rurales: Vivir sin agua en medio de una pandemia

Siete de cada diez nicaragüenses que viven en zonas rurales deben luchar contra la covid-19 sin acceso regular al agua potable

Por Keyling T. Romero  (Confidencial)

HAVANA TIMES – La crisis sanitaria mundial por la covid-19 vino a marcar aún más las brechas que ya existían entre las poblaciones de zonas rurales y urbanas, pues un derecho básico como el acceso al agua potable resulta un desafío. Más en tiempos de pandemia, cuando la principal recomendación para enfrentar el virus, es el lavado de manos.

“Justo ahora, cuando más se utiliza agua, es que se empieza a evidenciar cómo la falta de medidas o de protección tiene una explosión de las crisis acumuladas. Porque la crisis de agua es una crisis que se ve en el tiempo y no de la noche a la mañana”, señala Ludwing Moncada, investigador de Hora Cero, quien expuso el informe: “Un país desigual, el agua y el covid-19 en Nicaragua”.

En nuestro país, según los últimos datos recogidos por la Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud (ENDESA), en 2012, solo el 66 % de la población total tiene acceso al agua potable. Y en el sector rural, el 69,5% de los habitantes viven sin acceso al suministro, a diferencia de quienes habitan en zonas urbanas, que tiene acceso en un 91,2%.

En las zonas rurales quienes se encargan del abastacimiento de este servicio son los Comités de Agua Potable y Saneamiento (CAPS) porque la Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (Enacal) —que hasta en el 2015 manejaba el 82% del servicio de suministro en el país— no ofrece el servicio.

“En las localidades rurales el servicio de agua potable es administrado por CAPS. Y según el segundo informe sobre el “Derecho Humano al agua potable y al saneamiento en el ámbito rural de Nicaragua” publicado por ONGAWA para el año 2015, se estima que al menos 1 200 000 nicaragüenses tienen agua a través de las gestiones de los CAPS, es decir, alrededor de un 20 % de la población”, detalla el informe de Hora Cero.

Solo el 52% de la población accede al agua de forma segura

Zonas rurales son las más afectadas por la falta de acceso al agua potable. Carlos Herrera | Confidencial

El problema del acceso al agua potable aumenta porque no basta con que los hogares cuenten con el suministro, pues según revela el Índice de Desempeño Ambiental publicado en 2018, solo el 51,6% de la población accede de forma segura al agua. El resto tiene un servicio básico, limitado o toma agua de fuentes superficiales.

“Un 70% de familias tienen acceso al agua para todos los usos, sin embargo, no significa permanencia del servicio. (Pues) uno de cada tres hogares tiene acceso con un suministro menor a cinco horas diarias y una de cada diez familias asegura permanecer más de tres días a la semana sin agua durante el verano”, señala Moncada.

Además, que los datos publicados por ONGAWA, una oenegé que tiene casi 30 años trabajando por el derecho al agua, revelan que una de cada cuatro familias afirma solo tener agua para beber. Entonces, en una localidad como esta, seguir las recomendaciones de lavado constante de manos y de superficies, el desafío y riesgo de contagio es mayor.

“Debido a las características geográficas del país, en algunas zonas urbanas y rurales del corredor seco —por las escasas lluvias en inviernos pasados, así como las prácticas sistemáticas y destructivas de las zonas de recarga como la tala de bosques para la extracción de madera y la ganadería— hacen que el abastecimiento de agua potable sea un problema latente. Hay al menos, unas 200 comunidades rurales de unos 10 municipios de los departamentos de Madriz y Nueva Segovia que carecen de agua para el consumo”, explica el informe publicado esta semana.

Estado favorece a empresarios

La desigualdad impera también en el costo del agua. Pues, aunque por derecho, el consumo de agua no se cobra y hay un monto establecido por el Banco Central de Nicaragua, las familias nicaragüenses pagan más por el suministro que las grandes empresas.

“El consumo promedio mensual para satisfacer necesidades básicas en una familia es de 15 m³, por el cual pagaría un monto aproximado de 330 córdobas, mientras que, por el mismo metraje de agua consumido, una embotelladora o empresa cervecera pagaría el monto de C$ 25 y un ingenio de azúcar o arroz pagarían C$ 0.00 córdobas por el riego de sus plantíos”, señalan los investigadores en el informe de Hora Cero.

Esto ocurre porque, aunque la Ley General de Aguas estableció hace 13 años la creación de una ley de cánones que determine el pago por el uso o aprovechamiento de recursos hídricos, no se ha creado. Permitiendo que ciertos sectores se beneficien, a pesar que esto se traduce a que el Estado estaría dejando de recibir dinero que permitiría ampliar la cobertura del servicio de agua potable e invertir en proteger los cuerpos de agua y zonas de recarga.

“La inexistencia de una Ley de cánones ha conllevado que el sector agrícola, mismo que hace uso del 70% del agua total utilizada en el país, goce del agua gratuitamente y pague solamente la autorización o concesión para el uso de la misma y no el agua per se”, explica el informe.

 

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