La ONG Popol Na es el más recien de una serie de confiscaciones ilegales convertido en “servicio social”

Exguerrillera Mónica Baltodano afirma que “jurídicamente” el edificio de la oenegé no es del Gobierno, que inauguró un centro familiar en el inmueble

Por Cinthya Torrez (Confidencial)

HAVANA TIMES – El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró este viernes 19 de marzo un centro familiar y comunitario en las oficinas asaltadas policialmente a la oenegé Popol Na. Un acto que “intenta vestir de legalidad” un hecho “ilegítimo e ilegal”, afirmó la exguerrillera Mónica Baltodano, fundadora de la organización.

“Ellos (Gobierno) no tienen, desde el punto de vista jurídico, ningún camino para terminar la acción punitiva que ellos realizaron. La acción que llamo delincuencial”, expresó.

Popol Na es parte de las nueve organizaciones de sociedad civil que en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, despojó de su personería jurídica. Sus instalaciones fueron ocupadas por la Policía Nacional, incluidos los edificios de los medios de comunicación Confidencial, Esta Semana y Esta Noche, y 100% Noticias. Dos años después del abuso, el régimen ha convertido los inmuebles en casas maternas, centros de atención para personas con adicciones, puestos de salud y hasta en un centro de diabetología.

Baltodano explicó que el edificio de Popol Na, desde el punto de vista registral, y jurídico, “no está en manos de ellos —el Frente Sandinista—. Son actos de facto”.

La disidente sandinista ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, una acusación ante el Ministerio Público por el allanamiento ilegal de la Policía Nacional, cuando entraron a sus oficinas y  expulsaron a unas 15 madres de presos políticos que estaban alojadas en el inmueble, y se quedaron con todo lo que había en el lugar, incluyendo un vehículo propiedad de Baltodano, que hasta ahora, se niegan a regresar. Dichos abusos también los han denunciado a nivel internacional.

“Son mascaradas”

Baltodano calificó de “parapetos” los servicios de salud que el Minsa ha asegurado garantiza en las instalaciones ocupadas. Son “mascaradas” para dar por finalizada la confiscación, que está prohibida por la Constitución Política de Nicaragua.

Según los medios de propaganda del régimen, en el centro familiar “Elena del Carmen Lau” se brindarán servicios de medicina natural, casa materna, rehabilitación y estimulación temprana para niños.

La exguerrillera comentó que, aunque el régimen intente mostrar que hasta ahora brindan servicios para la comunidad, Popol Na lo ha hecho desde su fundación, en 1990. Trabajaban “con campesinos, con mujeres, por la defensa de sus derechos y del medioambiente”.

El Minsa ha colocado rótulos con fotografías de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, en todos los edificios confiscados, ahora convertidos en instancias del sistema de salud. Foto: Presidencia

Culto a la imagen de Ortega-Murillo

El régimen uniformó todos los edificios confiscados con el color rosado chicha, que caracteriza la propaganda orteguista. Además, mandó instalar grandes rótulos metálicos, con la fotografía impresa de Ortega y Murillo, en las fachadas de todos los inmuebles. En las inauguraciones también ha predominado el discurso proselitista, de la mano de las autoridades del Minsa, quienes ante simpatizantes portátiles, replican una oda de agradecimiento al “comandante y la compañera” por los logros en materia de salud.

Las inauguraciones iniciaron el 23 de febrero con las oficinas de Confidencial y Esta Semana, donde  funciona una casa materna; el 24 de febrero, las instalaciones del Instituto para el Desarrollo y la Democracia (Ipade), le fue asignado un centro de diabetología; el 25 de febrero, en el edificio de 100% Noticias empezó a funcionar un centro de atención de adicciones; el 27 de febrero, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, fue convertido en una casa materna y un puesto médico.

El 5 de marzo correspondió a las oficinas del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS), que fue convertido en un centro de rehabilitación para personas con adicción.

La Policía Nacional ocupó ilegalmente Popol Na, en 2018 y expulsó a 15 madres de presos políticos, que se refugiaban en este edificio. Foto: Presidencia

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